Este jueves, sugestivamente en vísperas de un fin de semana largo, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la resolución de primera instancia que anuló una de las pruebas existentes en la causa que se sigue a Ricardo Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito, mandando que se siga la investigación con lo que resulte de las múltiples probanzas ya existentes en la causa o que se alleguen a ésta en el futuro, y que resultan independientes a la obtenida en dichas pericias.

Se trata de la evidencia recogida en las computadoras secuestradas en los domicilios de Manuel y Julián Vázquez, quienes aparecen imputados como personas interpuestas en el delito imputado a Jaime.

Según refiere el Centro de Información Judicial, lo advertido oportunamente por los peritos de la Universidad de Buenos Aires fue corroborado posteriormente con el nuevo peritaje practicado por el Licenciado en Sistemas Darío Piccirilli de la Universidad Tecnológica Nacional: “No se puede afirmar inequívocamente que el contenido encontrado por los peritos de la Universidad de Buenos Aires era el mismo que al momento del secuestro” (ver fs. 267/284 de este incidente).

De la investigación practicada se desprende que las prácticas llevadas adelante por la Policía Federal Argentina sobre el material secuestrado contaminaron la evidencia, convirtiendo lo que el juez instructor había considerado “una operación pericial extremadamente simple” y “repetible” en una medida irreproducible. De haberse dado la debida intervención a las defensas para que pudiesen presenciar y controlar aquellas prácticas, tal como sucedió con el estudio de la UBA, el inconveniente podría haberse superado, pero ello no sucedió. Se violó la regla de garantía contemplada expresamente por el artículo 201 del código de rito –como derecho constitucional reglamentado-, lo cual conduce a la necesaria aplicación de la sanción que allí mismo también se establece (cfr. Maier, ob. cit., pág. 163).

Quiénes son los polémicos jueces que integran la Sala I

Oportunamente, Tribuna de Periodistas contó quiénes eran los jueces que integran la Sala I, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, tristemente célebre por sus fallos siempre reñidos con la honestidad judicial.

Esos jueces fueron, por ejemplo, quienes decidieron apartar al juez Daniel Rafecas en el marco de la investigación del expediente Ciccone-Boudou. También fueron los que sobreseyeron en noviembre de 2011 al secretario de Energía, Daniel Cameron, a ex funcionarios y ex ejecutivos en la causa por presunto pago de sobreprecios en la ampliación de gasoductos en el país en el 2005, por parte de la empresa sueca Skanska.

Además de Cameron y otros ex funcionarios, la Cámara también dejó sin efecto los procesamientos de varios ex directivos de la firma Skanska, así como de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y de Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Lo interesante del caso es que la de la Cámara no coincide con lo que llegó a admitir la empresa de construcción. Es que la compañía sueca Skanska reconoció en el año 2006 haber pagado "comisiones indebidas" a funcionarios públicos vinculados en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

Célebres por sus fallos a favor del narcotráfico —siempre bajo argumento de "consumo personal"— Freiler, Farah y Ballestero, han sido los mismos que intentaron una insólita jugada para hacer zafar a la ex ministra Felisa Miceli del expediente que la investiga por el hallazgo de una bolsa con mucho dinero en el baño de su despacho en la cartera de Economía.

Esa docilidad para con los funcionarios del kirchnerismo, no funciona igual con referentes de la oposición. Solo hay que recordar que los camaristas fueron los que, con mucha menos evidencia que la que había en el expediente Miceli, ratificaron el procesamiento de Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales.

 
Quién es quién

Para entender la actitud de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, hay que conocer sus currículums. A saber:

Eduardo "Chiche" Freiler tiene en su extenso currículum un valor intangible que en Tribunales pesa a veces más que el conocimiento o la trayectoria: suerte. ¿De qué hablamos?La respuesta la ha dado la colega Romina Manguel en diario La Nación hace unos años:

Freiler tiene suerte. A tal punto de haber conseguido salir ileso, física y moralmente, del accidente más absurdo que se recuerde en los tribunales de Comodoro Py. Noche de boliche, despedida del año 2004, festejos varios y al final, su Renault Laguna incrustado contra una columna de cemento y él atrapado durante más de una hora hasta que entre los empleados de la Cámara y los bomberos lograron rescatarlo. No se rompió ni un hueso. Pero el espectáculo prometía coletazos. "Mañana lo destrozan", auguró uno de los magistrados que lo acompañaban. E hizo la cuenta: camarista+madrugada+un par de copas+ auto estrellado= escándalo mediático. Pero en la Justicia nunca uno más uno es dos, y unas pocas líneas perdidas que nadie recuerda sepultaron la noticia que no fue.

Hijo de un empleado del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires y de un ama de casa, cursó la primaria y la secundaria en colegios del Estado. Y después de una errática incursión en la Facultad de Ingeniería, aterrizó en la Universidad Católica de La Plata, donde se recibió de abogado. Por esos días conoció al ministro de Justicia, Julio Alak, con quien compartían Interak, un grupo juvenil del Club Rotary. Y a una novia que lo rebautizó "Chiche" por una novela en la que se referían así al protagonista.

De vuelta en Necochea puso un estudio en el que trabajó poco. De la mano de un intendente peronista, asumió como secretario de Turismo del municipio con apenas 26 años. Y en uno de esos veranos de la costa conoció a la que sería su mujer, Marcela Pérez Pardo, camarista en el fuero civil, de la que hoy está divorciado. Ella sería mucho más que un romance de verano: la madre de sus tres hijos y su trampolín a los primeros cargos en la Justicia.

La de Freiler y su suegra no es una historia como la mayoría. Esther "Monona" Pereyra Arandía tampoco es una mujer como tantas. Casada con Osvaldo Zenón Pérez Pardo, ex funcionario de Isabel Perón, "Monona" se convirtió en los ojos de Alberto Pierri en la Cámara de Diputados mientras él la presidió. Desde el puesto clave de secretaria parlamentaria, Monona tenía poder y contactos. Y le dio un empujoncito a su yerno que lo dejó al frente de la fiscalía de instrucción número 22, donde estuvo un año. La suerte se cruzó otra vez en su camino. La suerte y el prejuicio, en medio del feroz ataque a la AMIA en julio del 94. Un hombre cercano a la procuración creyó que Freiler era judío, el apellido al menos le sonaba así. Y con esa convicción lo sumó al grupo de fiscales coadyuvantes en la investigación del atentado a la mutual.

Aquel error le dio visibilidad, roce y contactos políticos. Y él aprovechó el error. Dejó la comisión de fiscales intuyendo que la investigación iba a terminar tan mal como de hecho lo hizo (el juez y los dos fiscales de la causa terminaron procesados). Pero se llevó la amistad con uno de los hombres que mayor gravitación tenían en la Justicia durante la era menemista: Jorge Anzorreguy, el hermano del "Señor 5", Hugo, quien estaba al frente de la SIDE. Pero Jorge Anzorreguy era una leyenda en sí mismo. " Si él no está el día que jurás, tu nombramiento es inválido", era una de las leyes no escritas en los tribunales de los años 90. Chiche Freiler juró a mediados de diciembre del 94 como fiscal federal, el fuero del poder por excelencia. Y Jorge Anzorreguy estuvo ahí.

Jorge Ballestero: en este caso, quien desgrana su currículum ha sido Jorge Lanata. Lo hizo hace más de 10 años, cuando este aún no era camarista:

Durante los once años que, como fiscal federal, ocupó las oficinas del quinto piso de Comodoro Py 2002 intentó darles vuelta la cara a las formalidades de "la familia" e imponer orgulloso su falta de pedigrí.

Cuando le preguntan por su dúplex de Palermo Chico, Jorge “Paty”Ballestero responde:

-“Yo no tengo un departamento, tengo una deuda.

Una deuda, sin embargo, es más que nada:

-“De Paty todos se acuerdan que vivía en Caballito, que andaba con un auto hecho mierda... —“cita, con melancolía, una fuente de Comodoro Py.

Pero en ese entonces Ballestero no había sobreseído a Miguel Angel Vicco en la causa de la mala leche, o a Sofovich por contratar con Sofovich en ATC. Ballestero vivía en Hidalgo al 300, primero 8, en un departamento de setenta metros que era bastante más chico que su actual cochera de 92,6 metros cuadrados.

Paty comenzó la carrera judicial en 1975, como auxiliar de séptima, y siempre se mantuvo con su escaso salario judicial.

El diploma que se presenta en su pliego tiene demasiadas erratas: la UBA lo extiende el 5 de diciembre de 1984 (pero el pliego asegura que se recibió el 29 de abril de 1988), está a nombre de otra persona —“dice Ballestrero— “que nació en otro sitio oriundo de Río Negro“, aunque Paty nació en Capital el 13 de enero de 1956.

Antes de saltar a juez de la mano de Jorge Anzorreguy, Ballestero se desempeñó como fiscal: su causa de mayor importancia fue la del desvío de un crédito que la banca suiza había entregado a YPF, pero terminó en la provincia de La Rioja financiando un acueducto. Raúl Granillo Ocampo estaba, en esa causa, procesado como funcionario pero también como estrella invitada: es accionista de Río Manso, la empresa constructora del ducto. Paty archivó la denuncia.

En julio de 1995, el juez Ballestero comenzó un largo sueño de prosperidad: mientras se interrumpía la instrucción en la causa del oro, Paty compró un dúplex de 310 metros en Figueroa Alcorta al 3000, pisos segundo y tercero, entre Tagle y Mariscal Castilla. Allípaga 890 pesos fijos de expensas (que llegan a nombre de su segunda mujer) y en los próximos meses unas tareas de remodelación del palier y de pintura de la cochera subirán el gasto otros 320 pesos más.

Ballestero le compró su dúplex a Ricardo Yofre (hermano del Tata, ex subsecretario general de Videla y jefe de la campaña de Angeloz) en 295 mil pesos, cerrando el acuerdo en la inmobiliaria Exa de la calle Arroyo. Paty asegura que, para financiar la operación, obtuvo un préstamo de ciento cincuenta mil dólares del Banco Macro, una entidad mayorista que habitualmente no entrega préstamos a particulares, aunque sílo hizo en este caso y en el de otros magistrados que mencionaremos más adelante. Por el contrario, un testigo de la operación le aseguró a Zlotogwiazda (tal como lo relata en su exhaustiva investigación sobre La Mafia del Oro) que el juez pagó 195 mil dólares al contado y los restantes cien mil fueron financiados por el Macro. Otro dato que revela una importante cantidad de efectivo en el bolsillo de Ballestero durante esos años refiere a que, antes de mudarse, el juez remodeló los cuatro baños, cambió los pisos y pintó todo el dúplex. Dos vecinos coincidieron en afirmar que esa tarea puede haberle costado entre 40 y 50 mil pesos. La cifra del arreglo, sin embargo, no amilanó al juez, que semanas más tarde viajó a Estados Unidos en compañía de su familia y compró al volver, en otros cincuenta mil, una camioneta Toyota Runner azul cero kilómetro que podía verse en la playa de Tribunales hasta que se desatara el escándalo de enriquecimiento ilícito de los jueces. En ese momento Paty abandonó la placa judicial por la chapa AIF 725, que aún mantiene.

Mareado por las burbujas del efectivo, el juez olvidó un detalle importante a la hora de comprar su 4 x 4: medir si pasaba por el garaje. La puerta común del garaje del edificio tuvo que levantarse doce centímetros, provocando en el resto del consorcio cierta indignación que puede advertirse en una carta que el administrador de la propiedad hizo llegar al correo de lectores de La Nación. Ahora el incidente ya fue olvidado, y el portero cuenta con 70 pesos más de ingreso fijo: son los que Ballestero le paga todos los meses para que mantenga limpia la camioneta.

El juez Ballestero no sólo alude a créditos cuando le preguntan por su tren de vida: también lo atribuye a la febril actividad de Adriana Ethel Satragno, su mujer, a la que presenta como —decoradora top— de Punta del Este. Consultado por XXI, el arquitecto Alejandro Borenztein dijo que nunca había escuchado hablar de tal decoradora top. Lo mismo afirmaron tres decoradores del balneario consultados para esta nota. Adriana no sólo es “top”, sino que también parece “secret”.

La mujer de Paty, sin embargo, declaró a la DGI cincuenta mil dólares de consumo en 1996, veinte mil ahorrados y una base de facturación —incluyendo deducciones— de setenta mil.

El 13 de enero de 1996, Ámbito Financiero no sólo se ocupó de la crónica sobre el cumpleaños de Ballestero, sino que facilitó sus instalaciones de Solanas como anfitrión del juez. En las crónicas de Quinchos del lunes 15, Ámbito muestra a juez y decoradora junto a Scioli y Karina Rabollini, Alberto Piotti y Rodolfo Cuiña, este último dueño de la Casa Rodó, denunciado por evasión impositiva en 1992. Cuiña es, a la vez, quien le presta a Paty su palco en River y quien, según el juez, le habría vendido un BMW que el juez había reconocido como —un regalo del dueño de Rodó— frente a los mellizos Tolosa, tutelados por Ballestero durante la sustanciación del caso Miara.

Para el Banco Central, Paty tiene dos deudas: 88.700 dólares al Banco Macro y 2.500 al Citibank. Para el Congreso, tiene una: un pedido de juicio político firmado por el diputado Polino.

Eduardo Farah: solo debe recordarse que como juez en Mar del Plata ha sido protector de quienes han depredado recursos naturales. Luego fue designado subrogante y posteriormente llegó a su cargo por concurso durante el kirchnerismo. Farah tiene una excelente relación con Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación y lobbysta de los intereses del kirchnerismo.

 Equipo de Actualidad de Tribuna de Periodistas