Hay un antecedente de Moyano que pocos recuerdan pero que vale la pena desempolvar: corría el año 2000 y el entonces jefe de la central alternativa MTA se subió al acoplado de un camión estacionado entre el Cabildo y la Plaza de Mayo para llamar a la "rebelión fiscal" contra el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Aquella historia terminó como todos sabemos, pero más allá de las distintas coyunturas históricas sirve para tener presente que el actual jefe de la CGT siempre se opuso —con su particular vehemencia— al excesivo peso de los impuestos sobre una buena parte de la sociedad, en especial de la clase trabajadora.

Por eso no es de extrañar que su nueva bandera política sea la modificación —o directamente la eliminación— del Impuesto a las Ganancias, que afecta a los asalariados que cobran más de cinco mil pesos por mes. Un nivel de ingresos que, por cierto, no se puede considerar elevado sin faltar a la honestidad intelectual. La diferencia entre aquel Moyano del año 2000 y este de 2012 es que ya no pelea contra una economía que expulsa trabajadores, sino contra otra que amplió notablemente la masa de asalariados pero cuyo peso estatal se hace desproporcionado. Es sintomático que en este punto coincidan la CGT con la Unión Industrial y la Mesa de Enlace del campo.

El Gobierno de Cristina Kirchner toma nota de esta situación, aunque con su tendencia natural a etiquetar los cuestionamientos bajo el rótulo del complot. Por eso rastrea un supuesto acuerdo de Moyano con Mauricio Macri, el alcalde porteño. O sospecha que el jefe Camionero tramó todo bajo cuerda con el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Una pulseada de poder

La realidad suele ser mucho más concreta y se expone con crudeza. Por eso la semana que termina no puede interpretarse sino como una verdadera pulseada de poder entre el Gobierno y un sector poderoso del gremialismo. "Cuando dos elefantes se pelean, tiemblan las hormigas", graficó un diputado oficialista. El paro de los Camioneros en la rama del transporte de combustibles —que por cierto fue desproporcionado y estuvo cerca de paralizar al país— le recordó a la Casa Rosada que el peronismo es mucho más que La Cámpora, pese a que la Presidenta encumbró a la agrupación juvenil como la actual vanguardia del movimiento.

"Se rompió un viejo código interno, que dice que un gremio peronista no le puede hacer un paro a un gobierno peronista", se sinceró un viejo sindicalista que participó de la andanada de Saúl Ubaldini contra Raúl Alfonsín en la década del 80, pero que se unió al silencio de los "Gordos" con Menem en los años 90.

A ese punto se puede agregar otro, que para el sentimiento popular no es menor: el Gobierno intentó quebrar el paro apelando a una fuerza de seguridad como la Gendarmería. "Esas son cosas que los peronistas no le vamos a perdonar", bramó Moyano. Y recordó que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, es "un ex militar". Con certeza, el jefe Camionero mencionará este detalle el próximo miércoles en la Plaza de Mayo, donde espera juntar al menos 80 mil personas. Si la movilización le sale bien, Moyano habrá coronado una semana que lo llevaría a madurar la decisión de dejar la CGT: "Ya no sirve, la pelea está en otro lado", se lo escuchó comentar por lo bajo.

Agenda local vs. regional

En la Casa Rosada sintieron en carne propia la "capacidad de daño" que tiene Moyano. A tal punto que le arruinó a la Presidenta el último tramo de su viaje por Estados Unidos, México y Brasil. Aunque la temporal ausencia de la mandataria le permitió reaparecer en los primeros planos a Amado Boudou. El Vicepresidente viene golpeado pero fue el primero en advertir que a los Moyano se les iba a aplicar el rigor de la Ley de Abastecimiento. La amenaza, luego consumada por el Gobierno durante unas pocas horas, fue interpretada al interior del kirchnerismo como una suerte de indulto de Cristina a Boudou.

De hecho, la mandataria encomendó a su vice una ronda de llamados a los gobernadores oficialistas para que salieran a cuestionar los efectos negativos del paro camionero en el interior del país. Boudou lo hizo pero en sus charlas no figuró Scioli. Tampoco hacía falta, porque la Casa Rosada optó por darle protagonismo al vicegobernador Gabriel Mariotto. Tras un viaje a Italia, el mandatario bonaerense reapareció mascullando bronca por las acusaciones del kirchnerismo sobre un supuesto entendimiento con Moyano. "Ya que me adjudicaron el paro, ahora que me adjudiquen que se levantó", soltó entre sus colaboradores más cercanos. La frase alimentó rumores sobre una charla telefónica del gobernador con el jefe cegetista.

La llegada del fin de semana ofreció, con todo, un bálsamo para la política y sobre todo para la Presidenta, que pudo alejarse por un rato de la cada vez más intensa interna peronista para ocuparse de la situación regional planteada por la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay. Cristina combinó con la brasileña Dilma Rousseff un rechazo a lo sucedido en Asunción, caracterizándolo como un golpe de Estado. Aunque esa postura —a la que se agregaron los presidentes Evo Morales y Rafael Correa desde la Unasur— contrastó con la pasividad del propio Lugo, que acató la decisión del Congreso.

En la actitud de la Presidenta pudieron haber pesado intereses de Estado, teniendo en cuenta que el sucesor del ex obispo católico, Federico Franco, ya anunció que aumentará el costo de la energía que Paraguay envía a la Argentina y Brasil. O también fantasmas propios, que tienen ramificaciones en toda la región: el nuevo gobierno paraguayo prometió que protegerá a los productores de soja, amenazados en los últimos meses por el avance de campesinos que toman tierras cultivables. La matanza que terminó eyectando a Lugo del poder fue consecuencia, en rigor, de un entramado político y económico que no responde a la casualidad.

Mariano Spezzapria
NA