Las últimas medidas adoptadas por el gobierno en materia económica, obligado por la desaceleración de la actividad y la sequía de dólares, amagan con darle una vuelta de campana al "modelo", que genere cada vez más incertidumbres entre agentes económicos y una población que se preguntan hasta dónde llega la verdadera magnitud de la crisis.
Como una alegoría de la historia cinematográfica del crucero de lujo "Poseidón", la Argentina ingresó en una dinámica de cambios dramáticos de reglas de juego que no cesan semana tras semana, y están reflejando, como en el caso emblemático de la provincia de Buenos Aires, que la caja se achica cada vez más y puede terminar ´incendiando´ al principal distrito del país, algo que ya ocurrió y en el 2001 y terminó muy mal.
Daniel Scioli tiene la clara sensación de que la Casa Rosada le soltó la mano, y las palabras del intendente Darío Díaz Pérez, poniendo en boca de Cristina Fernández temerarias frases de que preferiría al gobernador fuera del cargo, enrarecen aún más el clima político, una muy mala señal para la economía.
Todo enmarcado en una inflación que se mantiene entre el 20 y el 25 por ciento anual, un nivel insostenible para una economía al borde de la recesión, y un freno a la creación de empleo que ya se está transformando en expulsión de mano de obra. Los problemas comenzaron a desnudarse apenas la presidenta Cristina Fernández logró la reelección, en buena medida gracias a alentar el consumo en forma ficticia a través de emisión monetaria y planes sociales a manos llenas.
A los pocos días de triunfar, se notó la verdadera situación financiera del país, y en especial se profundizó la brutal fuga de capitales que venía azotando a las reservas desde hace varios años. La jefa de Estado quiso cortar los subsidios multimillonarios, pero rápidamente el descontento social la convenció de dar marcha atrás con la medida.
En ese escenario, Cristina ordenó transformaciones cada vez más radicalizadas en el comportamiento del mercado cambiario, ordenó un mayor intervencionismo en la economía, admitió el ritmo imparable de emisión monetaria y, en su última medida, ordenó a los bancos prestar más fondos a la producción, a tasas bajas.
En el medio, anunció un plan de viviendas que deja más dudas que certezas en distintos sectores sobre sus chances de concreción. A esto se suma la decisión de empujar una pesificación de facto en la economía que está dejando a varios sectores fuera de juego, como es el caso del rubro inmobiliario, obligado a cambiar reglas que se mantienen desde hace años.
En el camino, impactó de lleno sobre la compraventa de inmuebles, que ya cae a un ritmo del 15 por ciento, y provocó un enorme perjuicio a quienes tenían boletos de compraventa suscriptos en dólares, quienes quedaron atrapados en una trampa de la cual no pueden salir. Deben hacer frente a pagos en dólares pero no tienen forma de obtenerlos, y si van al mercado paralelo deben pagarlos 35 por ciento más que la divisa oficial, y a riesgo de cometer un ilícito.
El gobierno decidió así imitar el polémico modelo venezolano de control cambiario, convencido de que la fuga de capitales era inevitable de otra manera, y necesita los dólares para pagar deuda e importar energía. A esto se suman los problemas que emergen con fuerza en la economía real: el sector automotriz está fuertemente golpeado por la caída de la demanda brasileña.
A pesar de la recuperación en los precios de la soja, la sequía impacta en la campaña de la soja, que de 52 millones de toneladas del 2011 bajaría a 40 millones. Así, la Argentina dejaría de percibir más de 5.000 millones de dólares por esa oleaginosa clave. El problema de la desconfianza continúa haciéndose sentir con fuerza también en la tasa de interés.
Mientras Brasil se financia en el mundo al 3,5% anual por créditos a diez años del plazo, los bonos argentinos pagan 15,5%. Otro síntoma evidente de que, aún en un mundo en crisis, algo está fallando internamente en la Argentina, y es de gran magnitud.
José Calero
NA