Los empresarios mineros pidieron una reunión urgente de la OFEMI Organización Federal de Estados Mineros, un invento organizativo que lidera Julio De Vido y conforman José Luís Gioja, Eduardo Fellner, Luis Beder Herrera, Lucía Corpacci, Martín Buzzi y Urtubey, Francisco Pérez; de San Juan,; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, de Chubut Martín Buzzi, el gobernador de Neuquén y el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, además de los representantes de las empresas del sector, para tratar un tema más que urgente: dos provincias que intentan “cortarse solas” y quedar por fuera del control de la OFEMI (ergo: de las mineras).

En la última sesión, las multinacionales reclamaron a voz en cuello por la decisión de Santa Cruz y Chubut, de establecer cánones e impuestos provinciales “por fuera de lo pactado”, ya que mientras Santa Cruz quiere fijar un 10% sobre la transferencia minera (es decir, la venta entre empresas de los yacimientos que no tributan ni un solo peso), en Chubut, se estudia aplicar una suba del 8% en las regalías.

Escandalizadas y de manera “urgente”, las empresas llamaron a una reunión de la OFEMI que se concretó en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, donde se hizo presente la CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros y donde concurrieron los principales lobbystas argentinos de las operadoras, ellos son José Luis Gioja (San Juan), Eduardo Fellner (Jujuy), Lucía Corpacci (Catamarca),Juan Manuel Urtubey (Salta) y Luis Beder Herrera (La Rioja), gobernadores defensores a ultranza de la minería a cielo abierto, en sintonía con la política que persigue el gobierno nacional y en su mayoría, sospechados de enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con sus funciones y vinculaciones económicas con el sector; en síntesis: de corrupción. Por parte de la CAEM asistieron Martín Dedeu, su presidente Manuel Benítez y Julián Rooney, vices Ricardo Zarandon y el gerente Damián Altgelt.

El faltazo de Buzzi y Peralta, atizó aún más el fuego de la CAEM, quien buscó refugio en sus salvadores, los cuales opinaron que a este problema (de que haya provincias que intentan aplicar cánones mineros diferenciados) “había que resolverlo desde la política” (¿?).

Tal lo refleja Mining Press la preocupación empresaria, al decir de las operadoras, es porque observan “la variedad de proyectos provinciales que aumentan fuertemente la carga impositiva que enfrentan las empresas productoras en la actualidad, superior al 50%”, expresa.

Sostuvieron desde la CAEM que “los proyectos provinciales que elevan fuertemente la carga impositiva o establecen nuevos cánones, cambian las reglas e interfieren fuertemente con la actividad”, en obvia referencia a nuestras provincias patagónicas, las cuales no estuvieron representadas en esta oportunidad por sus gobernadores.

En cambio, los gobernadores presentes, dice Mining Press, dejaron sentado que “que las provincias mineras, mayoritariamente, y la Nación, están en armonía en el espíritu de fijar reglas claras y alentadoras para el despliegue de la actividad”.

Preguntas sin respuestas

El día 16 de febrero de 2012, cuando se dio a conocer la creación de la OFEMI, dijimos que en realidad se trataba de una herramienta para ejercer lobby minero y no precisamente para buscarle mayor rentabilidad, a la actividad minera, en beneficio de las provincias. Pasaron solo seis meses para que ello quedara demostrado. La situación de crisis financiera que envuelve en general a todas las provincias argentinas, pero más aún a Chubut y Santa Cruz (y a ésta última más aún), las ha obligado a tomar decisiones que a principio de año era impensable. De ahí que los gobernadores se hayan visto en la necesidad de crear nuevas fuentes de financiamiento y por tal motivo, estuvieron obligados a mirar a un costado y buscar, entre lo que más se llevan de cada jurisdicción, de dónde sacar más dinero.

La minería fue y es (esperemos que no seguirá siendo) un verdadero asalto a los recursos naturales de cada provincia donde se asientan y para nada representa un negocio para los estados provinciales. El gobierno nacional ha obviado elevar el porcentaje de regalías y es falaz, cuando los defensores de las mineras en Santa Cruz, dicen que las operadoras pagan el 3%, porque ese nuevo canon que modificó la provincia, es para los emprendimientos a futuro de su homologación; los cuatro emprendimientos que ya existen pagan solo el 1%.

Una de las preguntas que nos hacemos es ¿Seguirá existiendo la OFEMI, tal como fue concebida, o tendrá deserciones evidentes, de aquellos que han osado pedirle a las empresas lo que ni Gioja, ni Beder Herrera y mucho menos la Nación, ha autorizado?. El faltazo de Peralta y Buzzi, se entiende que obró dentro del marco de los grandes conflictos que padecen hoy ambas provincias (paro policial y Cerro Dragón), pero hay información extraoficial que da cuenta de una posición tomada por parte de estos dos gobernadores de “dejar de hacerle el caldo gordo a las empresas que se llevan todo, mientras que nuestras provincias no saben cómo llegar a fin de mes para pagar los sueldos”, nos dijo un asesor que conforma la Comisión de Minería de la Cámara.

Pegarle al chancho…

Un viejo dicho establece:”hay que pegarle al chancho para que salte el dueño”, metáfora que remite a la necesidad de tocar ciertos “nervios” adormecidos, con medidas o acciones que disparen la reacción de aquellos que se ocultan detrás de los verdaderos objetivos. En este caso, Peralta y Buzzi, con las medidas adoptadas en sus respectivas provincias, le pegaron al chancho y no tardaron mucho en salir a quejarse los dueños del negocio.

En la faz local, lo hemos dicho y reiterado en varias notas en los últimos días, quedó al descubierto que los legisladores de La Cámpora y el Vicegobernador Fernando Cotillo, juegan un papel fundamental a la hora de responder a los lineamientos de la OFEMI y del gobierno nacional. Claro, que en este caso son solo instrumentos de ajuste de las acciones primarias, es decir, son los encargados de hacer “el trabajo sucio”, como el de impedir que se apruebe el gravamen del 10% a la transferencia de proyectos mineros, entre una empresa y otra. Algo totalmente inconcebible, teniendo en cuenta la enorme crisis que padece Santa Cruz y que hace sumamente necesaria, la obtención de fondos frescos. Con esta actitud, los legisladores permiten que la timba minera recaude millonarias sumas a costa de los recursos naturales de todos los santacruceños.

Otros, como el diputado Leonardo Álvarez, tienen a su vez, otros intereses superpuestos a los de la acción política que deben emprender, por obligación de obedecer los mandatos nacionales; y es la de poseer intereses creados dentro del sector minero, ya que a través de sus empresas, Álvarez presta servicios a las mineras y más allá de haber recibido una protesta formal y pública de la Cámara Minera, por aprietes, al hombre le conviene (en ésta oportunidad) ponerse de lado de las empresas, ya que una reducción de presupuesto o la reconversión de los gastos mineros, ante cualquier actitud política que tome el gobierno provincial y le signifique mayor erogación de capital, redundará en un achique de gastos que podría afectar sus intereses personales.

Estas acciones son posibles en Santa Cruz (y en general en el país) debido a la ausencia de justicia y la falta de Fiscales y Jueces que tengan la decisión (y otras cualidades concurrentes) para investigar y perseguir la corrupción estatal y paraestatal, teniendo en cuenta que en todos los casos (como sucede en la provincia de Gioja, Beder Herrera y otras más) para que se convalide la acción, hacen falta dos partes: la empresaria y la estatal o política.

Rubén Lasagno
Agencia OPI Santa Cruz