Carlos Alberto Reutemann se ha transformado en la gran obsesión de sectores políticos y empresarios. Dicen que él es el dirigente político con mejor imagen y que hubiera triunfado en los comicios presidenciales, de haber aceptado presentarse.
    Sin embargo, sus dos administraciones provinciales no han sido diferentes a las de los políticos tradicionales del “Que Se Vayan Todos”.
    Ejemplo: la privatización del puerto de Rosario, el más importante de la provincia de Santa Fe. El 29 de julio de 2002 se firmó la concesión por 30 años con el grupo empresario hispano-argentino Puerto de Tarragona. Los nuevos dueños se comprometieron a abonar un cánon de $1.800.000 anuales más el derecho de muelle.
    Hasta ahí, todo normal. Pero fue la 2da. concesión en menos de cinco años y con episodios confusos.
    En 1998 se entregó el puerto rosarino al grupo internacional de origen filipino Internacional Container Terminar Service Inc. (ICTSI), que ya había obtenido Terminal 5, en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Según artículos periodísticos de esos años, la adjudicación fue vizcosa y circuló la versión de que ICTSI intentaba planchar a Rosario para ganar negocios en Terminal 5.
    Un conflicto con los estibadores e incumplimientos en las inversiones y en el pago del cánon, motivaron que en julio del año 2000 los filipinos se fueran y el negocio terminara con un rotundo fracaso.
    Durante la década anterior apareció en escena un abogado laboralista desde la estratégica asesoría legal del SUPA (portuarios), de Rosario, Juan Carlos Lombardi.
    En diciembre de 1991 Reutemann lo nombró como subsecretario de Asuntos Legislativos. Fue una sorpresa ya que el Lole designó a un abogado acusado de usurpación de título y asociación ilícita. Había ejercido ilegalmente la profesión. Luego, rindió las materias que adeudaba.
    Y se transformó en asesor legal no sólo del SUPA-Rosario, sino de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (ver www.apropol.org.ar).
    En 1998, Lombardi comenzó a operar sobre la actividad portuaria haciendo equilibrio entre los intereses del sindicato y los de su amigo Reutemann. En agosto de ese año llegó a un acuerdo con la empresa fantasma Neptan, contratista de mano de obra. El 16 de abril de 1999, Neptan reconoció la antigüedad de los estibadores y guincheros contratados hasta la fecha. Era una empresa que intermediaba entre los trabajadores y el consorcio filipino.
    El 22 de junio de ese año, ICTSI despidió a los 205 estibadores reconocidos por el acuerdo firmado dos meses antes. Explotó un conflicto sindical que paralizó la actividad y las cargas operadas desde Rosario se desplazaron a puertos vecinos.
    Reutemann se cansó de argumentar que la responsabilidad era del Ente Administrador Puerto Rosario. Según su visión, se trataba de un organismo autárquico que no dependía del Ejecutivo provincial. Sin embargo, al frente del ENAPRO se encontraba el ex leal presidente de la Cámara de Diputados provincial, Carlos Bermúdez.
    De acuerdo a documentos obtenidos por un semanario, Lombardi le envió en mayo una carta al gobernador trazándole un panorama sobre el puerto rosarino. "Los dirigentes del SUPA vendieron el humo de ser hombres tuyos, por el hecho de que yo soy asesor legal del sindicato y estoy identificado con vos. Este humo vendido favoreció la solución del conflicto de la forma en que se consiguió. En realidad el gremio tuvo fuerza política, pues todos consideraron que contaban con tu apoyo", le escribió a su amigo. "Están maduros para ser tuyos". Luego lo asesoró por el mal manejo de Bermúdez en el ENAPRO: "Deberías prever su reemplazo".
    Por ese entonces, Jorge Obeid terminaba su mandato de gobernador y Reutemann se preparaba para iniciar su 2do. mandato.
    El 23 de noviembre concluyó el conflicto con un acuerdo de reincorporación de los trabajadores despedidos y un programa de retiros voluntarios: el consorcio filipino quedó en una situación complicada.
    Entonces se radicó una denuncia en el Juzgado Penal de Instrucción 4to. contra el SUPA y Neptar. La causa 1.336/99 se caratuló "Riol Esteban Oscar s/ Denuncia", acerca de la presunta existencia de un acuerdo irregular entre el gremio y la empresa fantasma para perjudicar a los filipinos. La investigación no prosperó.
    Seis meses después del inicio del 2do. mandato de Reutemann se les rescindió el contrato a los filipinos y el puerto regresó a manos del Ente.
    Las desprolijidades obligaron al gobernador a separar a Bermúdez y a poner al frente del ENAPRO a una mujer de su confianza: María Herminia Grande.
    Ex periodista, autor de un libro de entrevistas a líderes sindicales, famosa cronista de Evaristo Monti en aquellos tiempos en que él controlaba Rosario desde LT8, ella desembarcó en el organismo en agosto de 2000. Anunció que llegaba para "transparentar" la actividad del organismo. Pero en el 1er. contacto que mantuvo con empresarios del sector expresó que "no se iba a investigar" la gestión de Bermúdez.
    Según fuentes empresarias, el 1er. titular del ENAPRO habría manejado –antes de la 1ra. licitación- una caja de recaudación proveniente de la actividad portuaria. Se ignora hacia dónde iba ese dinero.
    En diciembre, la funcionaria acusó al gremio asesorado por Lombardi de "narcotraficantes". Grande se oponía a integrar a los sindicalistas al pliego de licitación. Lombardi se presentó espontáneamente en el Juzgado Federal 4 para que se investigue al SUPA por las denuncias de la funcionaria.
    A la vez, el abogado le envió un fax al gobernador para expresarle su congoja, pedirle que lo reciba y recomendarle: "(...) requieras a Inteligencia y las TOE (Tropas de Operaciones Especiales) te informen sobre los 163 trabajadores, los dirigentes y mi persona".
Por esos días entró en acción en la actividad portuaria una nueva empresa fantasma: Gendalir SA.
    Fuentes del sector aseguran que gran parte del negocio pasaba por Gendalir. Y lo llamativo es que en su directorio aparece Guillermo Salazar Boero, el hombre que ahora es el representante del grupo catalán Puerto de Tarragona que ganó la 2da. licitación. Varios líderes del PJ tienen el dato e indagan con obsesión.


Los acuerdos

    Cuando Grande convocó a esa nueva licitación continuaban las presiones de Lombardi y su sindicato para que se los incluyera en el pliego. La interna llevo a la funcionaria a una interpelacion en la Legislatura y comprendió que necesitaba el apoyo del SUPA.
    En agosto Lombardi le envió otro fax a Reutemann para destrabar la situación. "Estimado Carlos: La licitación del puerto se cae. Algunos directores crean dificultades para retrasarla o tumbarla", escribió el abogado. "Hay dos soluciones posibles: que intervengas el ENAPRO o que M. H. Grande obtenga los votos suficientes para concluir todo. Para la 2da. solución tiene que elegirse el director obrero. Es el voto que le falta".
    Grande comenzó a reunirse en privado con Lombardi y Ramón Aybar, asesor del gremio. También se incorporó a las negociaciones uno de los hombres más cercanos al gobernador, Jorge Georgetti.
    La funcionaria necesitó el apoyo del SUPA para continuar en el cargo y el precio a pagar era el nombramiento de Aybar como delegado obrero en el Ente. Un mes después Lombardi vuelve a escribirle a su gobernador amigo: "Los españoles dicen que se van a retirar sino esta arreglado el tema gremial". También le relató los esfuerzos que viene haciendo para evitar el fracaso de la licitación: "hicimos presión –parando el trabajo del aceite y aumentando las tarifas- sobre Vilanova (Aceiteros) y conseguimos su conversión a la causa desatando la salida de sus seguidores (Petersen, Brunet, Moschitta, ex directores del ENAPRO) los que renunciaron".
    Y le insistió con la designación del director obrero. "Georgetti me dice que vos no querés y Bermúdez me dice que no es cierto", detalló en otro fax.
    En setiembre logró su objetivo. Aybar pasa a integrar el ENAPRO como director del SUPA. El 21 de ese mes, Lombardi le expresó su agradecimiento a Reutemann con un nuevo fax. "Gracias por permitir que el SUPA tenga un director obrero en el ENAPRO. Es hombre tuyo. No vas a tener más dificultades con la licitación".
    En abril de este año se suscribió un acuerdo que obligaba a los catalanes a firmar un convenio colectivo con el gremio una vez asumida la concesión. Grande y Lombardi aparecieron muy sonrientes para la foto. Y la funcionaria arregló la licitación gracias a quienes, una vez, acusó de narcotraficantes


Punto x punto

    - Según denuncias periodisticas y de los opositores políticos, las áreas bajo gestión irregular en la provincia de Santa Fe son: Salud, Obras Públicas, Energía y los fondos reservados que maneja la Secretaría Privada de la Gobernación.
    - El botin de todos los gobernadores fue la Empresa Provincial de Energía (EPE). Según el semanario El Eslabón, la contadora fiscal que reviso la gerencia Rosario de la EPE, Dolly de Kleisinger, fue echada de su cargo por investigar irregularidades.
    - La Fiscal realizó 50 dictámenes, de los cuales 20 finalizaron con observaciones por parte del Tribunal de Cuentas. Los dictámenes estaban vinculados a millonarias compras y contrataciones llevadas adelante por el EPE. Luego, la fiscal fue trasladada.
    - Desde 1993 a la fecha, el organismo de control no sospechó de ningún acto administrativo, lo que provocó que un empleado, Pablo Briggiler, denunciara la falta de investigación. Entonces, los vocales del Tribunal lo castigaron trasladándolo de área.
    - La oposición presentó pruebas ante la Legislatura de rendiciones aprobadas de actos administrativos observados, demoras en la presentación de balances por parte de los hospitales públicos, compras y contrataciones excesivas de la EPE Rosario. Pero el oficialismo impidió que el pedido de jury prosperara.
    Se ignora qué sucedió con el Banco de Santa Fe, ni qué pasó con el nombramiento en el área de Servicios Públicos para renegociar el contrato con Aguas Provinciales de un ex empleado de la consesionaria. Eduardo Gaggiano trabajó para el Grupo Suez y ahora pasa del otro lado del mostrador.
    - Durante los dos años iniciales del 2do. mandato, Reutemann administró una caja de $ 35 millones anuales otorgados a través del Presupuesto a la Secretaría Privada del Gobernador. El Ministerio de Hacienda no mandó a la Legislatura el detalle de gastos del Presupuesto.
    - De los $35.243.352 presupuestados durante los ejercicios 2000 y 2001, el manejo fue, por llamarlo de alguna manera, peculiar: $22,5 millones aplicados a "subsidios y ayudas varias", $600.000 fueron destinados a "ayuda social a personas", otorgó $ 1.400.000 a la cuenta "subsidios del Señor Gobernador". También abrió una caja de $2.100.000 en "transferencia a instituciones culturales". Durante esos dos años manejó discrecionalmente $1 millón destinados, en teoría, a "aportes a municipios".
    El gobernador Carlos Reutemann posee un instinto para gambetear los escándalos. "Tiene más reflejos que Fillol", dicen sus detractores.
    Cuando se instala en la opinión pública el escándalo de los sobornos en el Senado por la reforma laboral empezaron los problemas para el Lole. Su hombre de confianza en la Cámara Alta, Jorge Massat, quien ejercía también la presidencia del PJ de Santa Fe, fue cuestionado. Además, una sobrina del ex legislador lo denunció por utilizar sociedades anónimas fantasmas para enriquecerse en forma ilícita. Fue investigado por la Justicia. Con un excelente timing el gobernador le quitó el apoyo y evitó el costo político para él.
    La misma metodología aplicó para no ser dañado por el voto bronca y los sangrientos sucesos del 19 y 20 de diciembre. En octubre del año pasado se registró en Santa Fe el mayor volumen de voto en blanco, anulado y deserciones. Un peligroso 40 que pone en duda su popularidad en el distrito que gobierna. Ni un rasguño.
    Los siete muertos en la provincia registrados durante los hechos violentos previos a la caída del ex presidente Fernando De la Rúa y las criticas de la oposición y de los organismos de DD.HH. recayeron sobre el subsecretario de Seguridad, Enrique Álvarez. Hubo pedidos de renuncia pero el Lole retuvo en ese cargo Álvarez, quien también manejó la seguridad en su primer gestión y se desempeño durante más de 30 años en la Secretaría de Inteligencia del Estado en los "años de plomo". Tampoco lo alcanzaron las esquirlas del escándalo por abuso sexual del ex arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni. Los jueces y los fiscales no avanzaron en la investigación. Sabían que Storni mantenía una excelente relación con el gobernador y sus colaboradores. Antes de que una investigación periodística terminara con el poder del arzobispo, los hombres del gobernador intentaron bajar los decibeles de la polémica. Hasta el antecesor de Reutemann, el diputado nacional Jorge Obeid, firmó una solicitada a favor del jefe eclesiástico cuestionado.
    Hizo una profunda cirugía en su gabinete cuando el titular de Hacienda, Juan Carlos Mercier, y el ministro de Salud, Juan Carlos Parola, convertieron a su administración en un terreno de pelea por espacios de poder. Un viejo amigo suyo, José María Candiotti, desembarcó en el área económica y Fernando Bondesio, ex interventor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, fue a Salud.
    Desactivó la ofensiva de la oposición. "Tiene un pacto de gobernabilidad con Horacio Usandizaga", dice un colega. "El Vasco ha hecho una oposición funcional que nada tiene que envidiarle a sus correligionarios bonaerense Leopoldo Moreau y Federico Storani en su cohabitación con el duhaldismo", explica el periodista.

Alberto Valdez