De las 201 terminales existentes sólo 41 tienen todo en regla. Los permisos dependen de estudios de impacto ambiental, pero según la AGN la subsecretaría encargada no exige esos papeles desde 2002. Alertan sobre un “desmantelamiento”, tras la provincialización y la privatización de los puertos. Misiones, sin muelles habilitados y con un “problema”: Yacyretá.

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) detallado e el sitio El Auditor, señala que de cada diez puertos que existen en el país, siete funcionan sin habilitación.

El organismo de control detectó que actualmente operan en la Argentina 201 terminales; de ese total, 41 tienen todos los papeles en regla (el 20,4%); 18 están en la categoría de “desestimados” (8,9%); hay un “registrado”, y los otros 141 trabajan con sus permisos “en trámite”, lo que representa el 70,1%.

Este escenario persiste pese a la existencia de un área específica que regula la actividad portuaria. Se trata de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte.

Si bien en 1992 todos los puertos, salvo el de Capital Federal, pasaron a depender de sus respectivas provincias, la Nación retuvo la potestad de habilitar el funcionamiento de las terminales.

Según el informe, un requisito para obtener las habilitaciones de los puertos es contar con una evaluación de impacto ambiental, tal como lo establece la Ley General de Ambiente, la 25.675 de 2002, para “toda actividad susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población”.

Sin embargo, puertas adentro de la Subsecretaría los investigadores observaron la “ausencia de manuales de normas y procedimientos que regulen la problemática ambiental en materia portuaria”. El dato no es nuevo; de hecho, ya figuraba en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de 2004 y 2006, y en una auditoría interna hecha en 2009 por el Ministerio de Planificación, del que antes dependía el área analizada.

No sólo faltan normas. El informe añade que “no existe un área de competencia ambiental, pese a que en las misiones y funciones de distintas dependencias se aprecian obligaciones de gestión y de dictado” de reglamentación sobre esta temática. Tampoco se encontraron en la subsecretaría constancias de que hayan capacitaciones sobre medioambiente.

“No sorprende que, siempre según la Auditoría, no haya documentación que acredite la creación y aplicación de planes para controlar la gestión ambiental portuaria, ni que desde 2002 no aparezca ninguna constancia de que se exija a los administradores portuarios las evaluaciones de impacto Ambiental”, resalta El Auditor.

Hay que tener en cuenta que todo esto provoca que el proceso para habilitar un puerto tarde más de la cuenta. Sin embargo eso no es todo, la AGN agrega otro dato; cuando alguna terminal obtiene el permiso correspondiente, “no se realiza un seguimiento adecuado del mismo”.

Volviendo a la Ley de Ambiente, la Auditoría revela que, contando desde 2002, no hay evidencias de que se ponga en práctica otra de las medidas establecidas esa norma: la habilitación de mecanismos de participación ciudadana, como consultas o audiencias públicas, específicas para la actividad portuaria. 

Para hacerse una idea general de la temática, los técnicos de la AGN visitaron varios puertos en todo el país. De esas incursiones, que no fueron sorpresivas, sino que se anunciaron con anticipación, el informe expresa que “el estado general de las instalaciones muestra la evolución sufrida por la institución a lo largo de las últimas décadas. La transferencia de los puertos a las provincias y/o empresas privadas, las tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable así como del vaso portuario generó un desmantelamiento (de las terminales)”.

“Se pudo observar la falta de cumplimiento por parte del Estado nacional de normativa que es exigida a todo aquel que quiera habilitar un puerto. (Hay) embarcaciones abandonadas, sea amarradas o bien en playones de chatarras, esta situación es común a todas las visitas realizadas”.

Lea aquí el informe completo.

Redacción de TDP
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