Aclaro de entrada que esta nota es una opinión, y como tal no pretende ser definitiva. Puede haber otros puntos de vista diferentes al mío que logren convencerme que las siguientes líneas no son del todo correctas. De todas formas voy a ensayar una explicación de por qué llegamos a este punto de riesgo perder la democracia republicana e ir a un sistema autoritario.

En general se dice que estamos en esta situación crítica porque la gente vota a gobiernos autoritarios. En este punto estoy de acuerdo. Es más, yo mismo considero que poco y nada entiende el ciudadano promedio sobre calidad institucional, crecimiento y bienestar. Alguna vez escribí que mientras drogaban a la gente con una fiesta de consumo, le robaban la república. De manera que uno no puede quitarle la responsabilidad al conjunto de la población que, en su momento, miró para otro lado ante las denuncias de corrupción y atropellos a las instituciones.

Sin embargo, y aquí viene mi crítica a la Justicia, en un sistema republicano es la Justicia la que tiene que ponerle un límite al monopolio de la fuerza del Estado. Ningún gobierno, en nombre de una mayoría circunstancial, queda habilitado para violar los derechos de una minoría. Si ese fuera el caso, volveríamos a un sistema en que el más fuerte puede robarle, matar y violar los derechos de los más débiles. En rigor, cuando CFK dice que como ella tiene el 54% de los votos, tiene el respaldo de la población, cae en un argumento de tipo autoritario. El argumento sería: yo tengo más poder que vos así que puedo violar tus derechos, cuando, en rigor, el monopolio de la fuerza se le otorgó para hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos.

Y aquí vuelvo al tema de la Justicia. En una democracia republicana, debería haber sido la Justicia la que tendría que haber puesto límites a los atropellos institucionales. ¿Cuántos años hace que se viola el artículo 29 de la Constitución en nombre de la emergencia económica?

Por las dudas recuerdo el artículo 29 de la CN: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

El legislativo le ha otorgado poderes extraordinarios al Ejecutivo para que reasigne partidas del presupuesto o incremente la carga tributaria sin pasar por el Congreso. Nuestros representantes, que tiene que controlar que los recursos de los contribuyentes sean asignados eficientemente y se gasten para lo que fueron votados, le otorgaron al poder al Ejecutivo de usar la plata de los contribuyentes a su antojo.

En materia impositiva pasa lo mismo. La carga impositiva está compuesta por la base imponible y por la tasa del impuesto que se aplica sobre esa base imponible. Si el gobierno desconoce la inflación y no aumenta los mínimos no imponibles, ni permite ajustar los balances por inflación, está aumentando los impuestos no por el lado de la alícuota sino por el lado de la base imponible. Aplica impuestos sobre ganancias e ingresos inexistentes o fraudulentos.

Tal es el grado de presión impositiva que hasta los sindicatos se quejan del impuesto a las ganancias.

El atropello de la AFIP contra el Dr. Lorenzetti llamó la atención por lo grosero de la réplica del gobierno ante el fallo adverso de la Corte Suprema y porque el Dr. Lorenzetti es el presidente de la Corte, pero en rigor lo que le ocurrió al Dr. Lorenzetti es lo que le ocurre todo el tiempo al contribuyente común.

En nombre de la santa recaudación impositiva, se violan los derechos más elementales de los contribuyentes. Si a eso se le agrega una AFIP que ya actúa como órgano de presión política, podemos decir que entramos en el terreno del terrorismo de Estado.

Y que por favor no me vengan con la historia de que nadie le tiene que tener miedo a la AFIP si tiene todo en regla, y mucho menos los funcionarios kirchneristas que parecen tener impunidad impositiva.

Digo que no me vengan con el verso de que si uno tiene en regla sus cuentas no hay que tenerle miedo a la AFIP porque no es una cuestión de tener los impuestos en regla, es una cuestión de principios. El Estado, en nombre de la recaudación, no puede violar los derechos de los contribuyentes exigiéndoles documentos privados que solo un juez, y con causa justificada, podría pedir. O realizar verificaciones e inspecciones sin justificar debidamente la causa de las mismas. Bajo esta presión del organismo recaudador, todos pasamos a ser culpables hasta que demostremos lo contrario. ¿No es eso terrorismo de Estado?

Pero esa facultad de disponer del dinero de la gente, de gastarlo a su antojo y de subordinar al contribuyente a una condición de culpable permanente fue tolerado por la justicia. Pero ojo, que ahora los jueces también pueden ser presionados por el gobierno vía los entes recaudadores de impuestos si fallan en contra de los caprichos del gobierno.

Esa facultad se la otorgó el Congreso al Ejecutivo violando el artículo 29 de la Constitución y, que yo sepa, ningún legislador se ha ocupado de presentar un proyecto de ley para poner límites que defiendan los derechos de los ciudadanos. Pero lo más grave es que la Justicia no puso límites estableciendo que el Ejecutivo no puede utilizar las partidas presupuestarias a su antojo ni puede aumentar la carga tributaria sin autorización del Congreso.

Hoy vemos una reacción de la Justicia, porque los jueces advierten que ahora van por ellos. Es bueno que reaccionen ante el atropello del gobierno a la Justicia, pero hubiese sido más sano que la Justicia hubiese frenado al Ejecutivo cuando atropellaba a los ciudadanos comunes.

Siempre cito la película Vencedores o Vencidos (en inglés Judgment at Nuremberg) protagonizada, entre otros, por Spencer Tracy y Burt Lancaster. Este último actor personifica al juez Ernst Janning, que en su tiempo había sido un destacado jurista. Al llegar el nazismo al poder, la justicia empieza a tolerar los atropellos de Hitler porque el país tenía que levantarse de la crisis en que había quedado luego de la primera guerra mundial. Spencer Tracy hace el papel del juez norteamericano Dan Haywood que preside el tribunal que enjuicia a los jueces del nazismo, entre ellos Janning.

Luego de reconocer sus errores durante el juicio y tras de ser condenado, Janning, ya en la cárcel, pide ver al juez Dan Haywood. En la escena final, Janning le entrega unos papeles a Haywood, le dice que su sentencia había sido justa y en el final le dice que él nunca pensó que el nazismo podía llegar tan lejos en las atrocidades que había cometido.

La respuesta de Haywood es contundente. Le responde: “Sr. Janning, se llegó a eso la primera vez que Ud. condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente”.

Mi punto es que llegamos a esto, cuando la Justicia, dicho en términos generales y aceptando las excepciones del caso, permitió que el Ejecutivo violara las normas más elementales de la república.

¿Hubiese la gente apoyado una decisión contraria de la Justicia en los momentos de esplendor del kirchnerismo? No los sabemos, pero sí sabemos que los jueces no deben guiarse por lo que cree o apoya una mayoría circunstancial sino por los principios del estado de derecho. Tal vez hubiesen destituido al juez que limitara al ejecutivo. No lo sabemos. Pero tal vez no hubiésemos llegado al grado de destrucción institucional que hoy tenemos.

Es cierto que buena parte del electorado se dejó seducir por la fiesta de consumo artificial y le toleró al gobierno la corrupción escandalosa que estamos viviendo o la violación de derechos individuales elementales. Todo en nombre de la fiesta de consumo. Pero era de esperar que la Justicia hiciera de contrapeso frenando los desbordes autoritarios.

Si la gente común que apoyó al kirchnerismo es responsable de este destrozo, la Justicia no lo es menos porque debería haber reaccionado diferente a la seducción que el populismo le produjo al electorado. Para eso existe la Justicia. Para evitar que la república se transforme en dictadura.

Por último, yo diría que si la Justicia pone límites firmes, seguramente el oficialismo dirá que es una corporación destituyente. Si ese fuera el argumento, en todo caso sería cierto, porque la Constitución prevé la destitución del presidente por causales que son perfectamente aplicables al caso actual. En definitiva, es legítimo y legal destituir a aquel que usa el monopolio de la fuerza para violar el derecho de los ciudadanos. No hay que escandalizarse por la palabra destitución dado que la Constitución es destituyente cuando no se cumple con el orden institucional imperante.

Y lo dice explícitamente.

A continuación les dejo el video del dialogo final de la película que mencionaba.

Roberto Cachanosky