Una extensa investigación periodística del diario La Nación sacó recientemente a la luz una serie de prácticas discriminatorias y abusivas ejercidas sistemáticamente en Cancillería, bajo el impulso del camporista Axel Kicillof y la complicidad de Héctor Timerman. Esto involucraría reducción de salarios, acoso laboral, maltrato e imposición de un clima de miedo, así como el traslado a países lejanos y en puestos menores, o directamente a dependencias sin tareas asignadas, de personas de trayectoria que no serían del entorno “nacional y popular”.

El resultado de dichas prácticas son las denuncias recurrentes, un clima de paranoia generalizada y el aumento de la cantidad de empleados con problemas económicos y psíquicos. Entre los administrativos que elevaron sus denuncias en Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) hay dos embarazadas, una de ellas con problemas psíquicos que han afectado el curso de su gestación, según lo indicó en un certificado médico.

La anterior exhaustiva investigación hace recordar el caso del diputado y entonces candidato de la CABA, Juan Cabandié, quien al ser multado por una gendarme (que para perjuicio de su ego no sabía quién era) por no tener en regla los papeles de su auto, reaccionó en forma altanera, diciéndole que se hacía “la guapa”, avisándole que era diputado y haciendo un llamado frente a la dama que intentaba cumplir con su trabajo, el que derivó en su despido.

También se puede citar el caso de Guillermo Moreno, que con patotas y armas se encarga de amedrentar, insultar y humillar cada vez que tiene la posibilidad a cualquiera que no sea de su agrado o que no le sea sumiso y obsecuente. En el caso del Indec, no sólo se inventaron cifras y se le mintió descaradamente y se le ocultó información pública a toda la ciudadanía, sino que también fueron desplazados y perseguidos funcionarios técnicos de carrera, a quienes se les obligó a aceptar el despotismo y a obedecer a adulones sin la preparación necesaria para ejercer cargos de tamaña responsabilidad.

Recientemente, Jorge Lanata sacó a la luz que en un feudo ultrakirchnerista como el de Formosa, los “militantes” del gobernador Gildo Insfrán habían tapado los pozos que con mucho esfuerzo había materializado la ONG CONIN, a los efectos de poner el tan preciado bien del agua al alcance de los pobladores de uno de los lugares más pobres y recónditos de nuestra patria. El agua se había transformado allí en un elemento clientelar. Y se trata de un gobierno que está tapado de denuncias y escándalos de corrupción, que ha desarrollado sistemáticamente iniciativas de concentración del poder para garantizar impunidad, que persigue a la prensa crítica y que ha convertido a la Argentina en el tercer exportador mundial de cocaína negándose a radarizar el espacio aéreo, destruyendo la capacidad de detección de los puertos, asociándose con operadores o cómplices del narcotráfico como Aníbal Fernández y transformado el SEDRONAR de órgano de lucha contra el narcotráfico en órgano solamente de ayuda a los adictos.

¿Cuál es la ideología que fundamenta un gobierno plagado, demasiado lleno en verdad, de lo que comúnmente se conoce como “malas personas”, seres que sólo piensan en el poder, en imponerse, en su ego y sus intereses particulares sin demostrar sensibilidad alguna por el sufrimiento ajeno y por las injusticias? ¿Cuán ciego se puede estar como para no ver en verdad lo que está ocurriendo con nuestro país? ¿Cómo alguien puede creer que buenas instituciones van a emanar alguna vez de malas personas?

El autoritarismo, por mucho que se disfrace de ideología y por más intelectuales que pueda tener a su favor (muchos de los cuales suelen ser orgánicos comprados que aumentan artificialmente su visibilidad por acción del poder), no es más que la expresión de la ambición desmedida y la falta de valores de una minoría que se adueña del Estado para perpetuarse en el gobierno.

Y el populismo es y fue siempre una forma de autoritarismo de tendencias opuestas a la democracia y la república, basada en la manipulación creciente de las instituciones, de la opinión pública, de la población y consiguientemente de las elecciones. El producto final vendría a ser lo que vemos en países como Venezuela o Nicaragua, donde ya prácticamente no queda ningún vestigio de democracia, siquiera en sentido formal.

 
Rafael Micheletti
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