El planteo hecho por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli de revisar el rol de las Fuerzas Armadas para incluirlos en la lucha contra el narcotráfico no solo logró la negativa del gobierno nacional, sino que abrió el debate una vez más sobre el rol de las fuerzas militares en tareas no convencionales.

Es que para ello habría que modificar la Ley de Seguridad Interior y a eso se opuso el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien rechazó de plano esa propuesta.

“En ningún país las Fuerzas Armadas disminuyeron el delito narco”, había dicho Rossi. “No hay buenas experiencias en casos en que las fuerzas armadas han intervenido en temas de narcotráfico”, enfatizó.

Pronto se separaron las aguas políticas. De un lado quedaron el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el presidente de la UCR, Ernesto Sanz; el senador por Proyecto Sur, Fernando Solanas, el radical Ricardo Alfonsín y la diputada y jefa del GEN, Margarita Stolbizer, quienes se manifestaron en contra de la propuesta. A favor de debatirla se ubicó el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; además de Scioli, por supuesto.

Pero, ¿qué tan acertado es el planteo de Rossi? ¿Logró la intervención de las FFAA paliar el flagelo del narcotráfico? ¿Hasta donde llega su operación en la Argentina?

Según el Comodoro (R) José C. D’Odorico, de Fuerza Aérea Argentina, plasma en un informe sobre el tema, “en Brasil, la Policía Militar suele tener participación muy activa en la represión del narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro. Ese mismo Estado se prepara para hacer frente a la muy probable radicación de narco-productores y sus plantaciones sobre la región occidental de la Amazonia y está invirtiendo miles de millones de dólares en el equipamiento y radicación de fuerzas militares en la región”.

Por ahora, según la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no puede actuar internamente, mientras que ley de defensa sólo permite el uso de militares en situaciones de agresión por parte de fuerzas armadas de otro país. Según D'Odorico, “si bien las amenazas modernas se están configurando a partir de un enemigo aparentemente interno, no es complicado inferir que ese oponente tiene una procedencia original externa porque el contrabando de drogas procede de más allá de las fronteras”. La pregunta que surge entonces es: ¿Qué tal va el control de las fronteras mediante radares militares? La respuesta es harta conocida.

Es que la ley de seguridad establece un permiso especial para que las tropas den apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y esa habilitación legislativa fue empleada por el gobierno nacional para dar nuevas funciones a los militares. Si bien ya se realizaban controles del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, la utilización de radares militares para el control de pasos fronterizos es novedosa y fue la propia Presidenta quien en un discurso de julio de 2011 estableció que los militares debían colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo anunció en Santiago del Estero durante la presentación del Plan Escudo Norte, que preveía la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en esa ciudad, del primer radar 3D fabricado por el Invap. "Seamos claros”, había dicho. “Esta es la articulación inteligente del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y el Ministerio de Seguridad y sus fuerzas en la lucha contra el narcotráfico", había indicado la mandataria en ese entonces.

De acuerdo con D'Odorico, “lo usual en los países más amenazados por los nuevos riesgos no convencionales es convocar a las últimas reservas nacionales —sus Fuerzas Armadas —cuando el adversario ya se ha hecho fuerte en el país. Esas condiciones implican la inversión de un esfuerzo muy superior al que habría que aplicar si se utilizaran prematuramente para aplastar esta clase de peligros modernos”.

Lo cierto es que poco y nada se ha hecho en la Argentina de la última década para combatir el narcotráfico, más allá de la discusión o no de la utilización de las Fuerzas Armadas en su lucha.

Sin mencionar las reiteradas implicaciones de funcionarios nacionales con el narcotráfico -desde delitos menores, hasta financiación de campañas políticas, pasando por numerosos vehículos oficiales descubiertos transportando estupefacientes- lo real es que pese al enorme presupuesto destinado a pauta oficial y sostener medios afines, ni uno ha sido dedicado a campaña alguna contra la droga. De hecho, el Gobierno destina menos del 1% de impuestos para combatir el narcotráfico. De ese porcentaje, aproximadamente el 96% es aplicado a financiar la policía, las cárceles y los estrados judiciales dedicados a esta actividad. El gasto en prevenir el consumo es apenas el 4% del total.

En febrero de 2011, y si bien el tema no estaba en la agenda y sólo se trató de una propuesta, la oferta no fue bien recibida del lado argentino durante uno de los encuentros cerrados que se mantuvo en la visita de la mandataria carioca Dilma Roussef a tierras argentinas.

Durante una de las reuniones entre Cristina Kirchner y Rousseff, el ministro de Defensa brasileño Nelson Jobim, sorprendió con una propuesta que no estaba en la agenda acordada para el encuentro diplomático: el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico.

La oferta vino a colación del destaque que hizo Jobim sobre una de las gestiones estrella de Inacio Lula Da Silva, y con la que se despidió triunfante de su cargo: los operativos policiales con apoyo del Ejército en las favelas de Río de Janeiro. Luego de jactarse de las tareas realizadas en esta materia, se prosiguió a instar a la Argentina a que tome una medida similar en la lucha contra el narcotráfico.

La propuesta no se esperaba y desencajó las caras de Aníbal Fernández y el entonces ministros de Defensa (Arturo Puricelli) y Planificación (Julio De Vido) que se encontraban en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada. Despistados y ante un silencio de radio, Fernández señaló a Arturo Puricelli como indicando que él sería el responsable de darles a los cariocas una respuesta propicia. El encargado de la Cartera de Defensa pareció estar a la altura de las expectativas oficiales y con una escueta explicación logró bajar el nudo de la corbata de los funcionarios argentinos al expresar: "No tenemos posibilidades de encararlo (con las Fuerzas Armadas) porque tendríamos que reformar la ley," refiriéndose así a que en la Argentina la lucha contra el narcotráfico y la seguridad interior son limitadas para las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Puricelli aprovechó para ensalzar a la otrora ministra de Seguridad Nilda Garré asegurando que la misma estaba realizando un trabajo arduo en esta materia con un modelo bastante parecido al brasileño a la hora de batallar con bandas de narcotraficantes. Asíse logró aquietar a los funcionarios del vecino país aunque sea de manera fugaz.

Mientras tanto, son cada vez más las madres que desesperadas golpean las casas de los funcionarios en reclamo del no cierre de los centros públicos para adictos, y son ellas mismas las que han debido comandar esa brega. Sí, claro que la discusión llega más que tarde.

Entre los países de la región que han decidido involucrar a las Fuerzas Armadas se encuentran Colombia, México, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, entre otros.

En Perú, en noviembre de 2012, las Fuerzas Armadas quedaron autorizadas a incautar drogas y detener a sospechosos de este delito, en las zonas de emergencia donde tienen a cargo el control interno. Para ello, debieron hacerle una modificación del decreto legislativo 1095, Ley de las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que fue aprobado por 92 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones.

“Cuando medie la presencia de las FFAA en zonas declaradas de emergencia, y estén a cargo del control del orden interno, están facultadas para realizar interdicción terrestre, acuática y aérea a los implicados en actividades relativas tráfico ilícito de drogas”, señala la norma aprobada.

El año pasado, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos ratificaron su compromiso de continuar su actuación contra el flagelo del narcotráfico y la delincuencia.

En Bolivia, la incorporación militar a la lucha antinarcóticos generó un problema crucial: la intensificación del conflicto administrativo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en materia de seguridad frente a las amenazas del narcotráfico.

Según Lauren Paverman, investigadora asociada de COHA, “si bien han demostrado su capacidad de combatir organizaciones de narcotráfico cada vez más sofisticadas, sería erróneo considerar a las fuerzas armadas el substituto ideal de las fuerzas policiales”. Notables operaciones militares, como las recientes en México y Colombia, podrían persuadir a los dirigentes políticos latinoamericanos de que, con el propósito de erradicar a las organizaciones de narcotráfico, es necesario que las fuerzas armadas asuman una función fija, delimitada rigurosamente, en la guerra contra el narcotráfico. No obstante, si bien así se han logrado desbaratar operaciones de los carteles en ciertas ocasiones, seguir tal procedimiento entraña conceder a las fuerzas armadas una posición de excesiva influencia social: el primer eslabón en una posible cadena de repercusiones que conviene examinar”.

Paverman sostiene que, “en primera línea, de expandirse la presencia militar, es posible que el gobierno se acostumbre a depender de las fuerzas nacionales para cumplir los objetivos de las fuerzas locales del orden público”. Además, “tal grado de visibilidad militar podría significar el resurgimiento de la denominada 'mano dura' en la ejecución de medidas de seguridad interna, lo cual representa una extralimitación originada al confundirse las funciones correspondientes a cada una de las fuerzas”.

En segunda línea, “una mayor presencia militar evoca recuerdos de las despiadadas dictaduras en América Latina durante las décadas del 70 y del 80 y podría, en última instancia, propiciar la comisión de violaciones de derechos humanos semejantes a las de aquella brutal época, cuando las fuerzas armadas procuraban destruir, en vez de renovar, el proceso político”.

Paverman considera que “aunque se hayan registrado denuncias similares contra las fuerzas policiales, no es probable que los miembros de las fuerzas armadas se encuentren capacitados para interactuar con civiles, a diferencia de sus pares policiales”, y “el estrecho contacto entre la sociedad civil y las fuerzas armadas podría propiciar la comisión de violaciones a los derechos humanos y prácticas ilegales en supuesto favor del orden público”.

Y en tercera línea, “de recurrirse a las fuerzas armadas para resolver problemas sociales, se abre la posibilidad de que los gobernantes comiencen a ignorar la obligación de invertir lo suficiente en el mantenimiento local del orden público o incluso la obligación de requerir una adecuada capacitación policial”.

“En México, por ejemplo, donde por el bajo salario policial es normal el soborno de agentes de policía por parte de organizaciones de narcotráfico, menor financiamiento supondría mayor corrupción policial y, por consiguiente, un nuevo revés en el combate contra el delito”, afirma Paverman.

Mientras tanto, todo indica que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), deberá cambiar de sigla, ya que no se dedicará más a combatir el narcotráfico.

Equipo de Actualidad de TDP