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La presidenta cometió una nueva imprecisión en su nervioso relato político anti-buitre. El miércoles 23 dijo que a un eventual default el 30-J habría que llamarlo de otra manera. En realidad, la Argentina ya está en default desde el 24 de diciembre del 2001. Aún con varias crisis históricas de deuda, pagos simbólicos e incumplimientos varios, ese día de hace 13 años fue la primera vez que el país declaró formalmente la cesación de pagos. El país siempre eludió una admisión de quiebra. Hasta que esa curiosidad política que fue Adolfo Rodríguez Saá habló ante la Asamblea Legislativa como presidente de la Nación y comunicó la suspensión de los pagos. La decisión se anunciaba después del estallido social que había dejado 27 muertos. La triste secuencia siguió con la renuncia de Fernando de la Rúa y el regreso del peronismo al poder. Los gobernadores del PJ con aspiraciones a asumir la presidencia después de marzo del 2002 —José Manuel de la Sota, Néstor Kirchner y Carlos Ruckauf— dijeron entonces que el anuncio traducía el “sinceramiento” de una situación insostenible.
El economista justicialista Jorge Remes Lenicov —ministro de Economía de Eduardo Duhalde entre enero y abril del 2002, sobreviviente de aquella “tragedia” económica— coincide ahora con Cristina Fernández en que ambos “defaults” —si se diera el del 30 de julio— no tienen nada que ver entre sí: “La Argentina puso el dinero, lo tiene y no está en default. No veo por qué el país, si es que no dan buenos resultados las negociaciones, tenga que declarar el default —evaluó—. No estamos en el 2001, el país tuvo voluntad de pago y le viene pagando normalmente al 93% de los acreedores. Y no está tomando fondos en el exterior, así que lo que digan las calificadores de riesgo no afecta lo que estamos viviendo. Puede haber presiones cambiarias, pero no veo ninguna catástrofe”.
Temor al juicio de la historia
Los dichos presidenciales fueron cuestionados por algunos de sus más altos funcionarios. ¿Qué pasaría si un nuevo, eventual, default se llevara puesto al Gobierno antes de finalizar su mandato?. El miedo es quedar “escrachados” y, por lo tanto, expuestos a futuras acusaciones penales: “¿Quién firma un fallo de cumplimiejnto imposible y punitorios sobregirados?”, se sincera un secretario de Estado del área económica. El martes 22, en una reunión de emergencia convocada en su despacho, la propia Cristina confesó en voz alta sus sospechas. Habló de una “doble trampa”: por un lado, la sentencia del juez Thomas Griesa, que privilegia en forma extrema a los holdouts —a quienes habría que pagarles el 100% sin quitas antes incluso que a los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y 2010 y vienen cobrando puntualmente— y la cláusula RUFO —las siglas en inglés de una cláusula que impide al país ofertar a los holdouts mejores condiciones que las ofrecidas en los canjes del 2005 y 2010—.
Negativa a firmar
A decir verdad, la tesis presidencial no es descabellada, salvo para los lobbystas y abogados de los diversos fondos especulativos de inversión pendientes de la pelea: el fallo de Griesa contradice en esencia el principio del “pari passu” (igualdad de condiciones) y obliga a un pago que podría gatillar juicios en cadena de los bonistas reestructurados. El propio ministro Kicillof advirtió que él no firmaría un eventual acuerdo con los buitres sin un compromiso de Griesa. “¡Ni en pedo!”, dijo en la intimidad.
Está muy preocupado por las demandas que ya genera su acuerdo con el Club de París (que incrementó más de 3.500 millones la deuda más los intereses). Tiene muy presente las demandas, el procesamiento y, finalmente, el sobreseimiento de Domingo Cavallo durante más de una década. Cristina también abrió el paraguas: “¡No me van a correr con que el mundo se acaba si no pagamos como ellos dicen!. No voy a firmar nada que comprometa el futuro de los argentinos como hicieron otros que firmaron cualquier cosa. ¡Que me den un seguro contra la cláusula RUFO si quieren negociar!”. Hasta el diputado opositor del Frente UNEN, Martín Lousteau, justificó indirectamente a la Presidenta y a Kicillof: “Si esa Justicia (por la norteamericana) puede tener desatinos como éste, no quita que cualquier otro acuerdo que hagas, o sea susceptible de ser cuestionable, te dispare la RUFO”. “Pagar así, como dice Griesa, va contra todo sentido común”, se quejó. Es verdad que el Gobierno jugó al default como táctica política. Al fin y al cabo, es el modus operandi K y el método que irrita a los opositores.
En este caso, la ecuación luce por demás ventajosa: Los holdouts son más útiles de enemigos que como negociadores de buena voluntad y el default representaría hasta menores costos que el que surge del propio contexto recesivo e inflacionario de la economía local del 2014 (PBI negativo -2%, Inflación anual + 40%, Emisión (deuda) del BCRA + $ 240.000 millones). También podría tomarse como cierto el argumento oficialista de presentarse como “víctima” propiciatoria de cualquier pago previo a la extinción de la cláusula el 31 de diciembre de este año. El equipo económico también exagera los compromisos pendientes. El pago que Argentina finalmente tendrá que hacer a los holdouts será de entre US$ 6.500 y 8.000 millones de dólares (y no de US$ 15.000 millones como dice Kicillof) y a los bonistas reestructurados una cifra de entre US$ 42.000 millones y 50.000 (y no de US$ 100.000 millones como dramatiza el Gobierno). En realidad, el pago de esos montos son negociables y para ello siempre estuvieron sobre la mesa varias opciones que harían que el país no tenga que sacrificar todas las reservas del Banco Central ni caiga inexorablemente en cesación de pagos.El economista Nouriel Roubini —ex asesor económico de la Casa Blanca en tiempos del demócrata Bill Clinton— fue contundente en la defensa de las reestructuraciones. “Por primera vez una corte falla que un país no puede continuar pagando a aquellos acreedores que aceptaron una gran reducción en sus reclamos hasta que los holdouts sean pagados en su totalidad.
¿Por qué entonces cualquier acreedor futuro que se beneficia de una reestructuración ordenada votaría por ella si sus nuevos reclamos pueden ser bloqueados por, incluso, un solo holdout?”. De modo convergente, algunos abogados neoyorquinos aseguran que el país podría pedir a la Cámara de Apelaciones del distrito una medida cautelar de urgencia que suspenda la sentencia (emergency stay) hasta enero. En tanto, Griesa podría aceptar un depósito de garantía de pago, indisponible, hasta el 1º de enero del 2015. De hecho, dos entidades insospechables, como la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigüa de los Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país) y el propio Bank of New York avalaron la aceptación de sus clientes a los canjes. Declararon abiertamente que no serán “rehenes” de los holdouts.
Los mercados tampoco descontaron el default argentino, como se proponía desde la ortodoxia: el “derrumbe” de papeles y las presiones de “devaluación”. Más bien descontaron un default a medias o “controlado”, una jerga extraña al mercado. Pero lo cierto es que el jueves 24, por ejemplo, subió la Bolsa y bajó el dólar blue. Dentro de un marco de incertidumbre y de especulación respecto al empeoramiento de la economía, hasta último momento prevaleció en los operadores financieros un cauteloso optimismo ante un eventual acuerdo de último momento con los holdouts.
De mal en peor
¿Cómo se podrían agravar las inconsistencias de una economía de fin de ciclo? La mayor fragilidad viene justamente del frente externo. El complejo cerealero-oleaginoso —que aporta un tercio de las exportaciones argentinas por granos y derivados— tiene ante sí la perspectiva de una caída de los precios internacionales. La Argentina es el tercer vendedor de soja y maíz del mundo, y el primero de aceites y harinas derivadas. Pero el desequilibro local nunca fue corregido con políticas públicas: así como el agro es el principal abastecedor de dólares comerciales, el sector energético es el principal demandante por el déficit: el año pasado, por ejemplo, ascendió a US$ 6.334 millones el año pasado. Para peor, el incremento de los precios del petróleo bordea el 5% durante el año, con lo que las importaciones energéticas se llevan tres cuartas partes de lo que pueda percibir el Estado por retenciones al agro, en torno a los US$ 9.000 millones este año, siempre que se sostengan los precios en Chicago.
El viento en contra también llega de Brasil, el principal socio comercial del país. Los analistas rebajaron sus previsiones de crecimiento para el año al 0,97%, o sea una tasa inferior a la del crecimiento vegetativo de la población. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala en su último informe: “Brasil es el principal destino de la venta de automóviles, con un 89% de participación en las exportaciones. De hecho, las ventas de vehículos nacionales han estado destinadas principalmente a este país desde el año 2007”. Sin embargo, esa tendencia resulta ahora cuestionada por las proyecciones privadas recabadas en el “Boletín Focus” del Banco Central de Brasil mantienen la perspectiva de crecimiento para 2015 en el 1,5%: el año próximo también escaseará el poderoso incentivo de una demanda pujante del socio del Mercosur.
