Pese a que todavía resuenan los aplausos y hasta brotan nuevas lágrimas por la reciente identificación de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto apropiado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, el animal político no descansa y vuelve a meter la cola, aún allí donde las emociones mandan.

Sucede que la aparición de Estela en compañía de técnicos del Ministerio de Ciencia de la Nación al momento de anunciar la restitución de la identidad del familiar tan esperado, no sólo expuso el logro obtenido, sino que sirvió para enviar un mensaje directo a quienes concretaron las pruebas que identificaron a Ignacio/Guido: los científicos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Sucede que desde el año 2009 los 35bioquímicos, técnicos de laboratorio y expertos en biotecnología que cumplen funciones en el organismo vienen sosteniendo una dura batalla con el kirchnerismo, que puso en marcha una ley que, entre otros aspectos, acotó la autonomía del BNDG al colocarlo  bajo la órbita de la cartera que encabeza Lino Barañao, el ya mencionado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Desde entonces, la institución autárquica creada por el alfonsinismo en 1987 depende administrativa y económicamente de las decisiones que toma esa cartera.

Pero el conflicto no se agota únicamente en ese aspecto. Los especia-listas del BNDG liderados por Belén Rodríguez Cardozo, directora de la institución, se oponen a una decisión de la cartera que, denuncian, acotará la imparcialidad en las pruebas genéticas. Aunque con demoras provocadas por sucesivos amparos legales, la cartera kirchnerista viene motorizando la mudanza del banco a un edificio que Ciencia posee en el 831 de la avenida Córdoba.

Quien coordina este movimiento es Víctor Penchaszadeh, uno de los mencionados por Estela de Carlotto en los agradecimientos de los últimos días.

“Es insólito. Tanto Víctor Penchaszadeh como Héctor Targovnik son presentados como responsables de la aparición del nieto siendo que no forman parte del banco. El Ministerio de Ciencia se pone al frente de las cámaras cada vez que se identifica a una persona aunque no concreta una sola prueba ni decide qué hace el organismo. Actuamos según lo pida la Justicia y nuestros sueldos los paga el Gobierno de la Ciudad”, cuenta a Revista Noticias Belén Rodríguez Cardozo.

El BNDG funciona en dependencias del Hospital de Agudos Carlos Durand, en el barrio porteño de Caballito, y cuenta con 20.400 muestras de ADN almacenadas, de las cuales alrededor de 8.000 corresponden a delitos de lesa humanidad. Respecto de esta mudanza, a principios de este mes la organización Human Rights Watch remitió a la presidenta Cristina Fernández una carta a la que accedió Revista Noticias, y en la que pide se aclare cómo se logrará que las muestras genéticas no se deterioren durante el traspaso físico y,en simultáneo, se expongan las medidas en términos de equipamiento que se adoptarán para garantizar la organización del ADN.

“En la medida en que la nueva ley y su implementación modifiquen las condiciones en las cuales se proporcionó el consentimiento original, ¿qué acciones se realizarán para obtener el consentimiento de quienes han aportado material genético al BNDG en el pasado?”, pregunta el texto, que lleva la firma de José Miguel Vivanco, director de la Organización para las Américas.

Rodríguez Cardozo, del BNDG, volvió a poner la lupa sobre el accionar del Ministerio de Ciencia en los últimos días.“Barañao y su gente se apropian de nuestro trabajo. Y muestran como un acto político, un logro casi personal, una labor que se viene haciendo desde los años de Raúl Alfonsín, con equipamiento de alta gama que nos compró la Ciudad, y personal calificado con más de 30 años de antigüedad en la tarea”, enfatiza.

Revista Noticias tomó contacto con voceros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación por esta polémica, pero desde la cartera informaron que no se pronunciarán al respecto.

Para Rodríguez Cardozo, la disposición de la ley 26.548 del año 2009que acotó la labor de identificación del banco al “esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”, sería “una muestra de que el Gobierno intenta manipular la actividad del organismo”.

La ley en cuestión anuló en lo técnico la opción de que el organismo esclarezca cualquier conflicto relativo a filiación, tal y como venía ocurriendo desde 1987. En lo concreto, desterró la posibilidad de que el banco también permita identificar a desaparecidos en democracia como (por mencionar algunos casos) Jorge Julio López, Luciano Arruga o María Cash.

“Si mañana encuentran a Jorge Julio López, yo no tengo más competencia para identificarlo. Cada caso lleva mi firma. Aún cuando hay más de 200desaparecidos en democracia, el organismo ya no tiene potestad para actuar. Con una medida de esas características lo que se hizo es empujar a la gente a que se haga análisis en la industria privada. Nosotros trabajábamos hasta en casos de paternidades civiles y siempre bajo un régimen gratuito. Eso se acabó”, destacó la entrevistada.

Esta limitación fijada de forma legal incluso es criticada por agrupaciones de afectados directos por el accionar de la última dictadura militar, como es el caso de la filial La Plata de la organización HIJOS.

En agosto del 2013, militantes de HIJOS presentaron una cautelar y concretaron un abrazo simbólico a la sede del BNDG en el Durand, en rechazo tanto al traspaso del banco a la órbita del Ministerio de Ciencia como al bloqueo a la identificación de desaparecidos en democracia.

Negocio de fondo

Sobre el acotamiento de la labor del BNDG a sólo casos de lesa humanidad ocurridos hasta diciembre de 1983, Norma Morandini, senadora por el Frente Cívico en Córdoba, expuso una lectura económica.

Opositora a la ley 26.548, la también periodista hizo hincapié en la ganancia obtenida por las empresas de la genética con la puesta en vigencia del marco. “Acá hay un tema que tiene que ver con el derecho universal limitado que se le impone a un ciudadano y, por otra parte, se vislumbra un gran negociado de laboratorios privados”, declaró a un matutino porteño.

Ocurre que la legislación de 2009bloqueó por completo la posibilidad de que cualquier persona que requiera de datos de filiación pueda hacerse los exámenes que, incluso de forma gratuita, siempre permitió el BNDG desde su creación. Esto comprende desde paternidades a comprobar hasta casos más complejos como puede ser la identificación de víctimas de la trata.

Desde la entregada en vigencia del marco, esas pruebas sólo pueden realizarse en el ámbito privado y con desembolsos que impactan: un estudio genético de tales características puede costar hasta 23.000 pesos.

La lectura del beneficio a los laboratorios también es compartida por organizaciones como la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos y hasta por la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani, mejor conocida como “Chicha”.

Mariani, distanciada de Estela de Carlotto desde 1989, es referenciada en un texto en defensa del funcionamiento del BNDG en el que, entre otras cuestiones, se menciona a quien el kirchnerismo, cuando concrete la mudanza, intentará imponer en el cargo que hoy ocupa Belén Rodríguez Cardozo: la doctora Mariana Herrera Piñeiro, técnica que trabajó en la concepción de la normativa de 2009 y directora del centro de diagnóstico molecular y asesoramiento genético Genda SA.

Beneficio identificado

Precisamente emprendimientos como Genda SA asoman como los beneficiados por el cerco a las pruebas que pesa sobre el BNDG desde hace casi cinco años.

Herrera Piñeiro, cuestionada hace unos años por presuntas irregularidades en análisis de ADN inherentes a un juicio por petición de herencia, fue asesora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y perito de parte para Abuelas de Plaza de Mayo.

En perfecta sintonía con Lino Barañao y Estela de Carlotto, su inminente arribo a la dirección del BNDG no hará más que efectivizar la potestad sobre los movimientos del organismo que el Gobierno comenzó a articular desde 2009.

¿Cuál es el destino que enfrentan desde la actual directora del banco hasta los científicos que lo integran? Belén Rodríguez Cardozo fue contundente: “Los 35 miembros decidimos que no seguiremos en el BNDG una vez que se haga efectiva la mudanza”, enfatiza.

“Tendrán que formar gente nueva. Además, nos exigen que renunciemos a nuestros puestos en el Durand, en la Ciudad, para pasar a depender de la Nación. Son décadas de antigüedad que nos quieren hacer perder. Venimos del equipo de la fundadora del banco, la doctora Ana María Di Lonardo. Además de una cuestión política, Ciencia está haciendo una jugada laboral”, agrega. Y concluye: “Lo que viene es malo”.

Ojalá no se cumpla la visión más temida: que el animal político esté a un paso de terminar de definir cuál será, hacia adelante, el ADN por el que habrá que aplaudir o lagrimear. Por ahora, la realidad parecería indicar que, acallada por los últimos festejos, la autonomía científica llora otra apropiación.

Patricio Eleisegui
Revista Noticias