Un edificio por el cual se pagaron 24 millones de pesos en concepto de alquiler durante tres años y nunca se utilizó, y una obra paralizada por la que se abonó un adelanto, son algunas de las sospechas que tiñen el manejo de fondos en el Poder Judicial y generan sumarios internos.

"La caja" que maneja el Poder Judicial no está exenta de sospechas, y en medio de todo eso, hay suspicacias en la Corte Suprema de Justicia sobre que le quieren quitar a toda costa el manejo de fondos que tiene a su alcance, un rol codiciado ante el déficit de los últimos meses.

Por medio de la recaudación anual sobre la base de la coparticipación de impuestos, el Poder Judicial recibe un 3,5 por ciento del presupuesto nacional, del cual un 0,57 va a la Corte Suprema de Justicia y el resto al Consejo de la Magistratura.

Otra fuente de ingresos lo conforma la taza de Justicia, la recaudación que hace el propio sistema judicial, y que maneja la Corte con discrecionalidad: es el denominado fondo anticíclico, el cual el último año fue de 1.400 millones de pesos.

El presupuesto que maneja el Consejo de la Magistratura es deficitario: el 93 por ciento, unos 630 millones de pesos, es utilizado para pagar el sueldo de unos 18 mil agentes judiciales, de los cuales poco más de 900 son jueces.

La disputa por la caja entre el Consejo y la Corte no es una historia nueva, pero en los últimos meses se iniciaron investigaciones sobre manejos de dinero por parte del organismo encargado de promover y remover a los jueces, y desde el Tribunal lo ven como una intentona para hacerse del manejo de los fondos.

Particularmente, en el acuerdo del 30 de diciembre pasado, el último del año, los jueces expresaron su preocupación a raíz de una denuncia que apunta a teñir de sospecha el manejo de fondos que hicieron desde el Consejo de la Magistratura antiguos funcionarios encargados de manejar el presupuesto, y que respondía al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En la Justicia son múltiples las investigaciones que pesan sobre manejos por parte del Consejo de la Magistratura, y en este mismo organismo, la Dirección de Infraestructura lleva adelante un sumario interno luego que una veintena de arquitectos confesaran que firmaban certificados de obras de edificios judiciales, que en la realidad estaban paralizadas, so pena de ser despedidos.

Una de las causas está en poder del juez Rodolfo Canicoba Corral y es por la paralización de un "edificio inteligente"; otra a manos de Luis Rodríguez por la designación de funcionarios y que los mismos respondían a órdenes de Lorenzetti; y una tercera a cargo de Daniel Rafecas, por el de alquiler de lugares que no son operativos y pese a que se pagaron millones de pesos nunca se utilizaron.

La causa que tiene en su poder Rafecas es la que más preocupa ante la evidencia del mal manejo de los fondos.

Uno de los edificios en alquiler y que iba a ser utilizado por el fuero laboral es el que está ubicado en Paraná 502: se pagó en los últimos tres años unos 24 millones de pesos y nunca se utilizó.

Otro es el de la calle Lavalle 1441 por el cual se pagaron 11 millones de pesos también en los últimos tres años, y se iba a utilizar para el fuero de Seguridad Social el cual en reiteradas oportunidades denunció crisis edilicia en el lugar que actualmente ocupa, pero llamativamente nunca se puso en funciones.

Según confiaron fuentes a Agencia NA, se están analizando por el cuerpo de auditores de la Corte Suprema los expedientes por los cuales se realizaron los contratos de alquiler de esos edificios así como el de la sede del juzgado federal de Junín.

Los alquileres tendrían un denominador común: un mismo locatario, un fideicomiso liderado por una escribano y pesan sospechas por este dato ante la supuesta existencia de una maniobra defraudatoria.

Por su parte, Canicoba Corral tiene en pie una investigación a raíz de la escandalosa contratación de obras para la construcción de un "edificio inteligente" sobre Uruguay 722, que también tiene ingreso por Viamonte 1435.

Las obras se encargaron a la empresa RIVA S.A en un presupuesto que inicialmente era de $50.043.000 y luego trepó hasta los 70.510.214,88, y que según pudo saber NA de fuentes del organismo se habría dado un adelanto del 35 por ciento.

Pese al pago parcial por adelantado nunca se avanzó en la obra, y lo que es peor, a raíz de trabajos iniciales se puso en peligro de derrumbe un edificio lindante actualmente usado por los jueces por lo que se tuvieron que realizar trabajos de apuntalamiento por los cuales tuvo que responder económicamente el Consejo.

En las próximas semanas, se renegociará el contrato con la firma RIVA, la cual también está bajo la mira de la Justicia, y la problemática que algunos insisten es en la falta de espacios disponibles en el Micro centro porteño para poner en funcionamiento una estructura tribunalicia.

El Ejército Argentino denunció que el Gobierno porteño habría designado a un sargento ayudante que estaría familiarizado con ideología nazi, para participar de jornadas de conmemoración de la guerra de Malvinas (NA).