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Es más que evidente la forma en la cual funcionarios del gobierno comandado por Cristina Kirchner entrometen sus narices en el caso Nisman.
La propia presidenta y sus principales funcionarios lo hacen sin ningún disimulo y a veces incluso por cadena nacional. A ello debe sumarse la operación de prensa que lleva adelante el gobierno a través de los periodistas que maneja gracias a los “sobres”.
Por ello, el CEO de este medio, Christian Eduardo Sanz, presentó este viernes una denuncia penal contra la jefa de Estado por violar los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación. Lo hizo con el patrocinio del abogado Rafael Díaz Flaqué.
Se trata de “hechos que en principio podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dice la denuncia, que cayó en el Juzgado de Ariel Lijo (Fiscalia 10 a cargo de Miguel Ángel Osorio). La causa es la N°997/2015.
Luego aclara que la acción se dirige “contra quien hasta hoy inviste el cargo de Presidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el Secretario de Seguridad Sergio BERNI, el Secretario General de la Presidencia, Dr. Aníbal Fernández, la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, y contra toda otra persona dependiente orgánica de aquél que bien sea como funcionario público o empleado del denunciado la investigación señale autor, partícipe, cómplice o encubridor de los hechos que, de inmediato, paso a relatar”.
Luego, Sanz describe los hechos por los cuales fundamenta su denuncia:
Independientemente de quien sea responsable por el asesinato del fiscal de la causa especial AMIA, hay una serie de cuestionamientos que debe hacérsele a puntuales funcionarios del gobierno nacional, por haber incurrido, como mínimo, en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Todos ellos entorpecieron la investigación judicial e hicieron perder tiempo a los investigadores por su intromisión, haciendo que la verdad se aleje cada vez más.
La primera en ostentar una conducta temeraria fue la propia Cristina KIRCHNER, que a horas del hallazgo del cuerpo sin vida de NISMAN salió refrendar la hipótesis del suicidio. Al día siguiente, en una carta por Facebook, abonó la teoría del asesinato. En sus misivas, la presidenta señaló culpables y hasta trazó una arriesgada tesis, “ensuciando” la investigación judicial.
Luego aparece la figura del secretario de Seguridad, Sergio BERNI, quien reveló que llegó apenas se supo que había muerto NISMAN: “Mi preocupación era que se hiciera todo lo más rápido posible", indicó en diálogo con el canal de televisión TN. ¿Cuál era la urgencia de terminar de inspeccionar el lugar? ¿Qué o quién lo apuraba?
En diálogo con Nelson CASTRO, BERNI mostró que era quien estaba realmente a cargo de lo que ocurrió esa noche: “Le pedí a la fiscal y al juez que estuviera presente la madre, que tenía miedo que se sustrajera información importante”, dijo.
¿Hacía falta que diera esas instrucciones el secretario de Seguridad, como si la fiscal y la jueza no supieran cómo actuar ante un hecho como el ocurrido? ¿Puede Berni dar indicaciones, siendo que es médico, no abogado?
A su vez, Berni dijo que el 19 de enero le había avisado a Cristina KIRCHNER acerca de la muerte de NISMAN. Sin embargo, el 27 de enero, la presidenta dijo por cadena nacional que fue la ministra de esa cartera, Cecilia RODRÍGUEZ, quien le avisó de la trágica noticia.
Otro de los “entorpecedores” es el secretario General de la Presidencia, Señor Aníbal FERNANDEZ quien parece haber sido designado en ese cargo justamente para defender al gobierno en este tema y echar sospechas por doquier.
En sus conferencias de cada mañana, FERNÁNDEZ se encargó de arrojar sospechas sobre agentes despedidos de la ex SIDE, principalmente el ex director de Operaciones de ese organismo, Antonio STIUSO —a quien no se le desliga de eventual responsabilidad por su peligrosidad— y Diego Lagomarsino, el último que vio con vida a NISMAN.
Uno de los denunciantes, Christian Sanz, anticipó en una nota periodística del pasado sábado 31 de enero, basado en fuentes oficiales, que Fernández estaba a la cabeza de la estrategia que llevaba adelante el gobierno. Así lo contó en el diario Mendoza Post:
La movida ya empezó a pergeñarse a puertas cerradas hace tiempo y solo la conocen los integrantes del círculo íntimo del gobierno: la idea es instalar que la muerte de Alberto Nisman fue llevada adelante por el tándem Diego Lagomarsino-Antonio Stiuso.
El “capitán” de la estrategia es el poderoso secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, y se hará sobre la base de tres personas de su total confianza: José Antonio Iglesias, Marcelo Saín e Iván Germán Velázquez.
Eventualmente, aparece la figura de Sergio Burstein, miembro activo de la agrupación Amigos y Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA. Pero primero a lo primero.
El secretario de la Presidencia tiene un vínculo oculto con tres personas que han cobrado inesperada relevancia pública durante la semana que pasó.
Uno es el abogado Iglesias, padre de una de las víctimas del incendio en República Cromañón, quien supo estrechar ocultos vínculos con Fernández cuando este era ministro del Interior. Ambos hicieron en esos días un polémico pacto: los familiares de los muertos en 2004 limitarían sus reclamos hasta el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, sin mencionar al kirchnerismo.
A cambio, el gobierno le pagaría jugosos honorarios al letrado para representar a la mayoría de los padres de las víctimas. A partir de entonces, Iglesias —otrora abogado del condenado Rubén Beraja y hoy "ñoqui" del Senado— y Fernández jamás dejaron de dialogar.
Su nombre cobra relevancia porque fue quien aseguró esta semana que Lagomarsino se le había intentado infiltrar bajo pretexto de hacer un trabajo sobre la lucha de los sobrevivientes y familiares de Cromañón. "Nos espiaba, pero no sé para quién", dijo Iglesias.
“El abogado no recuerda con qué nombre se presentó el presunto fotógrafo; sí dónde y cuándo: fue en enero de 2005”, según referenció diario La Nación.
Lo curioso es que ningún otro familiar de las víctimas del incendio de 2004 recuerda la presencia de Lagomarsino, ni tampoco que Iglesias haya hecho públicas sus sospechas en esos días.
Por otro lado, genera suspicacia que su testimonio apareciera justo al mismo tiempo que el gobierno decidió ponerle a Lagomarsino la camiseta de “culpable”.
Para sumar más dudas, entró en escena estos mismos días el segundo actor de esta trama: Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El actual diputado por el partido Nuevo Encuentro, cercano también a Aníbal Fernández, aseguró que hace diez años Lagomarsino se había ofrecido como informante de la PSA, aduciendo tener capacidad de entregar "organizaciones narcos".
Pocas horas más tarde, la seguridad de Saín se esfumó por completo al reconocer que no estaba convencido de que se tratara de la misma persona.
No obstante, avanzó en reclamar: "No entiendo como la jueza no lo investiga como posible homicida (a Lagomarsino), cuando en realidad debería sospecharse de mucha gente, y más aún con la última persona que lo vio con vida (…) ¿Por qué ni siquiera lo llamó a declarar a él, o a Antonio Stiuso?".
Si alguien duda de la obviedad de la movida, solo debe tener presente que los dichos de Saín fueron efectuados a agencia Télam.
Dicho esto, debe mencionarse la tercera pata de la mesa, conformada por el otrora agente de la ex SIDE, Iván Velázquez, hoy prófugo en Uruguay por haber comandado una organización dedicada a espiar correos electrónicos e intentar vender la información allí conseguida.
Sus vínculos con Aníbal son históricos, lo mismo que su enfrentamiento con Stiuso.
"Se infiere que Montero (Osvaldo, general de brigada) utiliza los servicios de Iván Velázquez con el objeto de operar a favor de que el actual ministro del Interior Aníbal Fernández ocupe la cartera de Defensa en el próximo período presidencial", asegura uno de los tramos de la causa judicial que lo complica y que —vaya coincidencia— lleva adelante la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Isidro.
En el mismo expediente, constan las gestiones de Velázquez ante los secretarios privados del propio Fernández a efectos de agilizar la obtención de su pasaporte y el de su socio, Pablo Carpintero.
Como sea, Velázquez es otro que “casualmente” decidió romper el silencio, solo para asegurar que "la persona que traicionó a Nisman fue el mismo Jaime Stiuso". ¡Bingo!
La operación se refrendó a través del portal de Perfil, en el marco de una entrevista hecha por el periodista Luis Gasulla, sin dudas “operado” en su buena fe.
Allí Velázquez se despachó a gusto contra Stiuso y de paso aprovechó para elogiar a Cristina Kirchner por su idea de avanzar sobre la Secretaría de Inteligencia.
Luego de recopilar las declaraciones de los tres nuevos “testigos” —Iglesias, Saín y Velázquez—, abogados vinculados al gobierno acordaron trabajar en una presentación judicial durante el fin de semana que será refrendada durante la semana que viene.
En el escrito, los profesionales pedirán a la Justicia que se cite a declarar como imputados a Lagomarsino y a Stiuso, sobre la base de las “espontáneas” declaraciones efectuadas en los últimos días.
La estrategia oficial es la misma que anticipó hace una semana el diario Mendoza Post —con firma de este periodista— y que Cristina finalmente dejó entrever por cadena nacional: se planteará que Nisman era algo más que el jefe de Lagomarsino. Asimismo, en caso de probarse la existencia de un homicidio —dificultoso con los elementos dados a conocer hasta ahora—, se dirá que este habría sido cometido por órdenes de Stiuso.
Los dichos de Sanz fueron premonitorios ya que, al día siguiente, se demostró que la denuncia de Iglesias contra Lagomarsino era falsa. Fue luego de que trascendiera que el supuesto “espía” era en realidad Pablo Plotkin un periodista de revista Rolling Stones. ¿No es clara la animosidad del gobierno en desviar la realidad del expediente?
Pero hay más: existen severas sospechas respecto de la posibilidad de que la procuradora general de la Nación, Alejandra GilsCarbó ejerce presión sobre su “subordinada” Fein.
La propia fiscal aseguró en las últimas horas, sin que nadie se lo preguntara: "Nadie me puso frenos. Soy una persona independiente". ¿Por qué lo dijo?
Si acaso sonó llamativa esa afirmación de Fein, más aún lo fue el hecho de que, acto seguido, asegurara que tomará dos semanas de vacaciones. ¿Es casual que lo haga justo después del papelón que cometió al desmentirse a sí misma por un artículo de diario Clarín del domingo pasado?
Las vacaciones de Fein no llegan en el mejor momento: ocurren justo cuando debe avanzarse en las medidas de prueba más importantes del caso Nisman, como los estudios histopatológicos y el análisis de sus teléfonos celulares y computadora.
En ese contexto, la fiscal insiste en asegurar que nadie la presiona, pero suena forzado, como si alguien del poder le hubiera pedido que aclarara ese tópico.
Fue justo después de que la diputada del PRO Patricia Bullrich apuntara contra la procuradora Alejandra Gils Carbó respecto del parte de prensa publicado ayer y hoy desmentido por la propia Fein. ¿Apenas una coincidencia?
En sentido similar, Fein pareció enviar un mensaje al poder al pedir que no se "manipule" su trabajo por ningún sector, "ni por el Gobierno ni por ninguno; que no se use esto para ningún fin particular". ¿Para qué hizo ese pedido? Si realmente nadie la está apretando, ¿para qué atajarse?¿O es que realmente sí está siendo presionada por algún sector del poder?
Es dable mencionar que la propia diputada Bullrich aseguró públicamente que creía que Gils Carbó se entrometía en el trabajo de la fiscal Fein.
También debe analizarse qué pasó con los espías que supuestamente no lo eran. El periodista Daniel Santoro aseguró que Alan Bogado formaba parte del personal "inorgánico" de la exSIDE.
Lo hizo días después que el Gobierno, en boca del propio secretario de Inteligencia, Oscar PARRILLI, señalara que ni él ni Lagomarsino formaban parte de la Secretaría de Inteligencia (SI). También habían negado la pertenencia de Héctor Luis Yrimia.
Sin embargo, el propio Horacio VERBITSKY, en 2009, había detallado en diario Página/12 los contactos del exjuez con personajes de la SIDE.
De este modo y de corroborarse la situación brevemente descripta, los imputados en distinguido concierto estarían incurriendo en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos tipificados en los artículos 249, 265 siguientes y concordantes del Código Penal.
Esta causa tiende a descubrir y verificar la existencia de delitos en serie y continuados que se pretenderían encubrir, soslayando la ley y quedando aprehendida la situación en las hipótesis contempladas y reprimidas en los Arts. 248 y 249 del Código Penal.
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