La OA (Oficina Anticorrupción), tiene su nacimiento el 10/12/1999 mediante la Ley 25.233 y, aunque parezca una ironía del destino, uno de los firmantes de dicha Ley es nada más y nada menos que Mario Pontaquarto. Dentro de sus funciones, esta debe entender en los planes, programas y políticas, sobre la promoción y defensa de los derechos humanos, así como los programas sobre corrupción en el sector público o cuando se vea afectado el patrimonio nacional, tal cual lo reglado sobre sus funciones mediante la Ley 24.759 que aprobó a la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Hasta aquí todo es claro, transparente y, hasta podríamos decir ideal. Con la descripción de la propia Convención sobre los actos de corrupción y la definición de funcionario, uno puede creer que con estos elementos el Estado pondrá un freno a los tan codiciados cargos públicos, cargos que generalmente son "vueltos" de favores políticos. Pero resulta que a casi 6 años de su creación, la OA, no ha obtenido un sólo fallo a su favor, esto confirmado por la misma dependencia y publicado por el diario Clarín en una nota en la que curiosamente muchos funcionarios declararon como simples observadores de una situación de la que ellos formaron parte. Algunos de los entrevistados no sólo formaron parte de la OA, sino que deberían sentirse responsables de tan negativo resultado.
    Lo curioso es que ahora al parecer esta oficina será mudada a un nuevo edificio que se encuentra acondicionándose para acoger a los funcionarios de la misma, todo con un costo bastante importante a pesar de que -según trabajadores de allí- la falta de resultados y controles depende de un tema económico. Desde hace años quien escribe estas líneas concurre a dicha dependencia para interiorizarse sobre las actividades de la misma, principalmente con referencia a los proyectos que por ley deberían ocupar prioridad dentro de sus actividades. Si bien es cierto que en sus años iniciales se han iniciado investigaciones y presentaciones judiciales por casos de corrupción, los resultados hablan por sí solos. Lo llamativo y de lo que aún no he obtenido una respuesta seria es que, existiendo casos puntuales para investigar, por ejemplo cuando algunos funcionarios presentan declaraciones juradas incompletas, incongruentes en su contenido y hasta sin cumplir con las formalidades de las mismas, rara vez son investigadas. Otro hecho peculiar de las declaraciones juradas de muchos funcionarios es la incorporación de bienes inmuebles de valores importantes, producto de donaciones. A otros se les ha otorgado dinero en estas condiciones, y otros hasta han declarado propiedades por valores que están incluso debajo del valor fiscal.
    Una investigación al respecto arroja como resultado -según lo informado por diferentes inmobiliarias- que el precio declarado es irreal en el mercado. También existen algunos que omiten informar sus bienes. Por caso, un director que depende del Ministerio de Justicia, quien justifica la no inclusión de sus vehículos porque él no considera importante hacerlo y quienes deberían controlar estos hechos, conociendo que el mismo posee tres vehículos no han pedido explicaciones al funcionario al respecto, ya que aducen que es un tipo de mal carácter y rebelde. Dentro de este espectro las declaraciones juradas de funcionarios policiales no solo son desprolijas, sino que difícilmente estas reflejan el patrimonio real y en otros la ecuación "bienes=sueldos", es dudosa. Eso sumado a que desde hace meses la Policía Federal Argentina incumple en exhibir, según lo estipula la Ley 25.188, la declaración jurada pública de un Comisario General, a pesar de la denuncia de este hecho que fue hecha oportunamente al Director de Planificación de Políticas de Transparencia, dependencia a cargo del Dr. Nicolás R.S. Raigorodsky, a quien desde la Jefatura policial le informaron que los dos oficios girados por el tema se habían extraviado. Sí, aunque usted no lo crea, los papeles cuando no son convenientes corren esa suerte y al parecer nadie adopta medidas. 
    Esto es tan cierto como que también desde hace dos meses concurro entre dos y tres veces por semana a interiorizarme sobre la audiencia solicitada con el nombrado director para poder conocer qué es lo que ocurre con las declaraciones juradas y su falta de seguimiento y la respuesta siempre es la misma: "el Dr. no está", al parecer son muchas las reuniones fuera de la oficina. 
    Sin abrir un juicio de valor sobre el trabajo de los funcionarios de la OA, sí existe una realidad palpable por cualquier ciudadano, los teléfonos de la misma están en la página del Ministerio de Justicia y uno puede comprobar mis dichos llamando alternativamente y preguntando por algún funcionario. Hasta aquí describimos la falta de control y seguimiento de las declaraciones juradas. Algunos funcionarios incluso han mencionado la falta de personal para controlar las mismas y, un abogado de control de declaraciones juradas, llegó a afirmar que mucho no pueden hacer con respecto a investigar propiedades en la Provincia de Buenos Aires, ya que no tienen respuesta a los oficios enviados para controlar algunas dudas que pueden surgir de las declaraciones presentadas. 
    Esta respuesta me produjo sorpresa y a la vez afirmó mi idea de que algo no funciona bien y de que a veces a la burocracia se suma la falta de interés de algunos funcionarios que eligen lo fácil, hacer un escrito, no seguir su trámite y culpar a otro. Pero, aunque a uno le cueste creerlo, las anomalías no terminan allí, en la OA, muchos actos carecen de transparencia. Por ejemplo tenemos la existencia de personal denominado AG, que desarrolla sus tareas sin tiempo definido y una oficina de prensa sin gacetilla, donde hasta desconocen proyectos presentados por esa misma oficina. Gente que, ante un pedido puntual sobre un funcionario, responde que transcurrido dos meses no han podido charlar con dicha persona, eso a pesar de que en muchos casos la oficina del funcionario de marras está a solo 6 metros. 
    Con respecto a las denuncias, muchas son rechazadas con interpretaciones parciales de la propia Convención y sin un análisis serio de las mismas, es decir con pocas palabras y una interpretación conveniente. 
    Son muchos los temas a desarrollar y muchos los funcionarios involucrados, y poco a poco iremos analizando los casos con nombres y apellidos. Esto no es un ataque a la OA, es una crítica seria y fundada, la oficina tiene delegada una importante tarea, necesaria más que nunca en un país en el que la Corrupción no es algo descubierto por mí. 
    Por lo antedicho, es necesario que los actos de la OA sean transparentes, que sus funcionarios den el ejemplo y estén presentes para atender las dudas o en su defecto por una cuestión de educación y ética otorguen una cita al respecto. En el próximo informe ampliaremos las preguntas y trataremos de establecer qué son las "unidades retributivas" y que fin tienen. Como ciudadano tengo el derecho de saber en qué se gasta el dinero del Estado y cómo se gasta, y por otro lado, debo reclamar que se controlen las declaraciones juradas, ya que si esto se cumple el Estado ahorraría importantes sumas de dinero por funcionarios infieles. 
    Sí, es utópico mi pedido, pero es justo que todos sepamos qué pasa (Continuará).

Marcelo Ricardo Hawrylciw