En el día de la fecha, el presidente Mauricio Macri, mantendrá una reunión multilateral, con sindicalistas, empresarios, gobernadores y miembros de la corte suprema.

En esta reunión, el Jefe de Estado, comunicará cuales son las reformas que el gobierno buscará impulsar en los próximos dos años, con una composición en el Congreso de la Nación muy favorable.

Entre los cambios que están dentro de los planes, se encuentra la Reforma Jubilatoria, que en un principio no buscará elevar la edad del retiro, sino que buscará disminuir los aumentos de los haberes.

De esta manera, el Gobierno buscará la actualización en paralelo a la inflación, que, según lo que se prevé, para el año próximo sería del 10%.

Si el mecanismo de actualización fuese el actual (una combinación de la suba salarial del INDEC o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario al ANSES), el aumento debería ser del 22%.

En tanto, el presupuesto del 2018 estima un desembolso de 1.210.813 millones de pesos en concepto de jubilaciones y pensiones no contributivas, pero, de actualizarse estos haberes en base a la inflación, los pagos  serían de 1.092.145 millones de pesos, es decir $118.668 millones menos en jubilaciones y prestaciones sociales.

Además, el gobierno tratará de fomentar el blanqueo laboral, suprimir aportes patronales a salarios menores a los 10.000 pesos, favoreces con el indulto en causas civiles, penales, judiciales y tributarias a los empleadores que blanqueen a sus empleados, extender la licencia para los padres recientes y brindar la probabilidad de un mes al año sin goce de sueldo, aumentar el costo del boleto del transporte público, gravar las inversiones mayores a 1,4 millones de pesos en plazos fijos, Lebacs y bonos, aumentar las tarifas de luz y gas en un 35% en diciembre de este año y dos subas del 20% para el próximo año, y se cobrara IVA a servicios de empresas no radicadas en el país.

El Congreso de la Nación también estará movido hacia fin de año. Cuando entren en vigencia las sesiones extraordinarias, que empezarán en diciembre.

Un tema prioritario para el gobierno de Macri, será desplazar a la actual procuradora de la nación, Alejandra Gils Carbó mediante la modificación de la ley del Ministerio Publico.

Luego del fallo judicial que manifestó “inconstitucional” el sistema que establece el requisito de los dos tercios para la expulsión de la procuradora general por juicio político de las Cámaras del Congreso, el gobierno volvió a tomar fuerzas.

En lo que a económico respecta, buscarán sancionar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el gobierno pudo acordar con las provincias, con la excepción de San Luis y La Pampa.

Lo que este proyecto establece, es que el nivel de gastos provinciales no podrá superar el nivel de la inflación, que la incorporación de empleados públicos se basará en el crecimiento vegetativo de la población y que cada provincia tendrá que mantener incesante el gasto primario en términos reales y el gasto total en el caso de las deficitarias.

Por otro lado, las negociaciones con las provincias volverán a empeorar cuando el gobierno nacional les pida que resignen una parte de los impuestos coparticipables, como por ejemplo el impuesto al cheque, cuya prorroga vence a fin del corriente año, y otros como ganancias a sectores empresarios, así como la reducción de los impuestos provinciales a Ingresos Brutos para mejorar la “competitividad empresarial”.

Todas estas iniciativas, que se encuentran atadas al presupuesto del próximo año, incluyen también el debate sobre la actualización del fondo para el Conurbano Bonaerense.

Por último, el oficialismo buscaría aprobar la prorroga contra los desalojos de los territorios en conflicto, ocupados por pueblos originarios, que vence en noviembre del corriente año, por cuatro años más.

Paralelamente, tratarían de sancionar la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que condena los delitos de corrupción de las personas jurídicas y que la Cámara alta devolvió con las modificaciones a diputados.