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El Estado nacional gastará en 2018 $ 130.000 millones en funciones que corresponden a las provincias, en una superposición de funciones que representa “una de las principales fuentes de derroche fiscal”, sostuvo hoy el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
“Buena parte del déficit fiscal y del mal funcionamiento del Estado se explica por esta tendencia del Estado nacional a avanzar sobre responsabilidades locales”, indicó la consultora, que a su vez consideró que “respetar la organización federal es clave para tener un sector público más eficiente y solvente”.
En un análisis de los créditos asignados en el Presupuesto 2018 en cinco ministerios (Educación, Salud, Desarrollo Social, Ambiente e Interior, Obras Públicas y Vivienda), IDESA observó que “en programas de acciones interprovinciales se gastarán $ 150.000 millones” pero a su vez “en programas con acciones superpuestas con las provincias y los municipios se proyecta erogar $ 130.000 millones”, de lo que concluye que “prácticamente la mitad de los presupuesto de estos cinco ministerios se gastarán en funciones que no les corresponden”.
“Lo que estos cinco ministerios nacionales asignan a funciones de las provincias y los municipios representa el 20% del déficit fiscal nacional”, advirtió, para agregar que “en lo discursivo se justifican bajo el argumento de que suplen vacíos de los gobiernos locales en áreas sociales importantes tales como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes y personal de los sistemas de salud provinciales”.
Sin embargo, IDESA aseguró en un informe que “en lugar de mejorar los servicios sociales en general contribuyen a profundizar su deterioro”, porque “las acciones son episódicas con lo cual están lejos de al menos acercarse a la solución integral de los déficits”.
Como ejemplos, señaló que “se hacen pequeños arreglos en algunas escuelas de provincia, cuando el universo total es de 41 mil escuelas, o en centros de salud provinciales, cuando el universo asciende a 8 mil centros sanitarios. Los complementos salariales financian menos del 10% del salario docente. En materia de vivienda, el propio Presupuesto 2018 admite que los programas nacionales apenas podrían solucionar el 5% del déficit habitacional”.
“Pero, además de tener un efecto marginal, su impacto más negativo es que induce a gobernadores e intendentes a tomar como tema prioritario peregrinar a Buenos Aires en busca de algunas de estas ‘ayudas’ nacionales”, indicó la consultora.
IDESA destacó al respecto que “para los funcionarios nacionales resulta muy atractivo mostrar acciones en temas sensibles y ejercer poder distribuyendo recursos discrecionalmente entre provincias y municipios” y que “para los funcionarios subnacionales el esquema es ideal para diluir sus responsabilidades” (Agencia NP).
¡Bah! Son "titulos" caros del marketing social. Es un problema de larga data y solo sirve para pagar sueldos de burocratas.
¿De bajar el gasto político, ni hablar no?
Excelente nota con descripción pormenorizada de una situación que es superada por la realidad. El PEN debe atender la planificación global que plantea cada provincia, pero la ejecución queda a cargo de lo local, bajo supervisión del primero. Todo esto para atender la solución como política de Estado. El PEN no puede ni diseñar ni ejecutar esas políticas porque tendría que atender con recursos humanos propios de los que no puede disponer para toda la República. Los parlamentos y consejos deliberantes tienen que atender su propia incumbencia y no pueden implementar políticas sociales directas. Para ésto están las áreas municipales, provinciales y nacionales.