Hace solo unos días, el presidente Mauricio Macri, ofreció una conferencia de prensa desde el retiro espiritual en la localidad de Chapadmalal, situando al politizado caso del policía Luis Omar Chocobar como uno de los tópicos centrales.
Vale recordar las palabras con las que el Jefe de Estado difamó a los jueces: “Dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso, los policías están para cuidar, Y hay que darles las herramientas para que puedan actuar. Espero que en las siguientes instancias entiendan que queremos convivir en paz. No comparto el fallo de los jueces y creo representar lo que piensa la mayoría de los argentinos. Seguro Zaffaroni los llamó para felicitarlos”.
Tras la fallida convocatoria del 17 de febrero en apoyo a Macri, la cual abrió una ola de fanatismo extremo entre los seguidores del oficialismo que exigen una mayor vehemencia en las políticas punitivas del Gobierno, los jueces le respondieron al presidente.
La Asociación de Magistrados reprobó fuertemente el apoyo del primer mandatario argentino hacia el uniformado y el “gatillo fácil”, así como también los cuestionamientos hacia los miembros de la Cámara del crimen quienes ratificaron el procesamiento del agente.
Esta entidad, la cual reúne a la mayoría de los jueces de todo el país, aseveró que los dichos de Macri constituyen una “indebida injerencia” en asuntos que deben ser resueltos por el Poder Judicial.
Sobre la base de los reiterativos dichos y las presiones que el presidente generó contra la Justicia, los magistrados supieron mencionar: “sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho”.
Tras la defensa del Gobierno a Chocobar y el intento de impartir una doctrina renovada de seguridad de vía libre al accionar policial generó dos nuevas grietas. La primera, entre los socios de Cambiemos, y la segunda, en el Poder Judicial que, dicho sea de paso, hasta este momento se encontraba en sintonía con el macrismo.
Esta declaración que se realizó desde la Asociación de Magistrados, logró reflejar el malestar que en Tribunales generaron las críticas que hizo el presidente respecto de los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo, quienes no solo confirmaron el procesamiento de Chocobar, sino que además agravaron la acusación que pesa en su contra.
Macri, quien, junto con la titular de la cartera de Seguridad Patricia Bullrich, en su momento recibió a Chocobar en la Casa Rosada como un héroe, mencionó que “como ciudadano, no entiendo como en el fallo dice que hizo todo bien, pero en el último instante se excedió”.
En ese mismo sentido, los jueces recalcaron que, al hablar en “rol de ciudadano” quiere “desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la Republica; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones”.
El texto completo de la Asociación de Magistrados:
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su preocupación por las expresiones críticas del señor Presidente de la Nación, relacionadas con las decisiones jurisdiccionales tomadas en los últimos días por los magistrados de distintas instancias que intervienen en el expediente número 74191/17, caratulado: “Chocobar, Luis Oscar y otros s/homicidio agravado”.
Tenemos la firme convicción de que cualquier habitante de la Nación se encuentra investido del absoluto derecho a expresar sus opiniones respecto de la actuación de cualquier órgano estatal. Empero, resulta inadmisible que el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial aduciendo que lo hace desde su “rol de ciudadano” intentando, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la Republica; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones.
En ese contexto, sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho.
Por ello, esta Asociación reitera su postura en cuanto a la necesidad de evitar intromisiones, sea del sector que fuera, en procura de obtener una determinada resolución judicial, invocando para ello el sentir popular, pues ello implica una inaceptable interferencia en las funciones exclusivas del Poder Judicial, a la vez que coadyuva a generar un infundado enfrentamiento de la sociedad con los magistrados.