Mientras el Gobierno discute con los gremios docentes por las paritarias y tras la determinación de cerrar ocho escuelas en El Delta, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, terminó dando de baja 39 escuelas rurales por presunta “baja matricula”.

El fundamento oficial fue expresado por el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, quien comentó que algunas de esas escuelas no tenían alumnos matriculados, aunque esquivó mencionar que algunos establecimientos que darán de baja tenían una concurrencia de entre 4 y 10 alumnos, un número razonable para los parámetros de los colegios rurales.

Entre otros establecimientos, el cierre de escuelas afectó a tres jardines rurales y un secundario para adultos en la localidad de Tres Arroyos, ocho escuelas en Lincoln, dos primarias en Junín, dos en General Viamonte, dos en Balcarce, dos en Chivilcoy, tres en Bolívar, dos en Pehuajó y otra en Chascomus.

Si bien el Gobierno aceptó la responsabilidad de relocalizar a los alumnos, es muy probable que algunos de ellos queden exentos del sistema educativo, ya que hay quienes no poseen los recursos necesarios para trasladarse a las nuevas instituciones, dicho sea de paso, esa es la función de las escuelas rurales, marcar una presencia física de la educación pública en aquellas zonas alejadas de centros urbanos.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), exigió una respuesta por parte de Vidal por medio de un pedido de informe a la Legislatura bonaerense, ya que, según afirman, no existió “ninguna comunicación formal” que detalle la mala suerte que correrán estas escuelas.

La diputada Lucia Portos, quien ya había presentado la petición de un informe contra Vidal por el cierre de las ocho escuelas en El Delta, en comunicación con el medio ultraopositor Pagina 12 destacó que “para la comunidad rural es una decisión muy fuerte, la importancia del derecho constitucional a la educación pública merece un trabajo con la comunidad, con las familias y una argumentación que vaya más allá del costo económico, la educación de un chico es una inversión y no un costo”.

Sin medir otros causantes tales como los socioeconómicos o demográficos que derivaron en la falta de alumnos, la líder PRO de la provincia de Buenos Aires ordenó el cierre de casi 40 escuelas. Los legisladores, en el documento presentado el martes último, peticionaron una especificación sobre la base de la población afectada, también pidieron detalles del trabajo que se realizó previamente con los alumnos, los docentes y las familias que fueron alcanzadas por este recorte educativo.

“La situación de un solo alumno vale la pena porque estamos además condenando a un pueblo con dificultades de subsistencia a desaparecer” mencionó Portos apuntando contra el Gobierno oficialista provincial, además de comentar que “nos prometieron jardines y terminan cerrando escuelas”.

Como era de esperarse, los docentes y directores de las instituciones afectadas, repudiaron la decisión y el accionar del Gobierno, muchos de ellos tras ser comunicados de esta situación por medio de los jefes distritales.

Ayer, en Maipú, se realizó una movilización en contra de esta decisión, bajo el eslogan “Luchemos por nuestros derechos y por una educación de calidad”. Además, advirtieron que la matricula del año pasado fue de 18 alumnos, yendo en contra de la argumentación oficial.

Por caso, Algunos intendentes también se sumaron a los reclamos, el jefe municipal de Chascomús, Javier Gastón, se hizo escuchar en varios medios locales mencionando que “las escuelas son la herramienta fundamental para generar igualdad de oportunidades”.

Una decisión de tal índole, debe ser consultada en las Unidades Educativas de Gestión Distrital, una mesa de debate en la que convergen inspectores, sindicatos, la jefatura en educación, los representantes de la intendencia de cada distrito y los directores de las instituciones. Si bien las reuniones se encuentran en proceso, ya está confirmado el cierre de estas escuelas.

Si bien, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), resaltaron que no están en contra del cierre de escuelas sin alumnos, siempre y cuando se reconvierta al edificio en un centro educativo y se relocalice a los maestros, tal como indica el Estatuto Docente, aclararon que no piensan permitir que cierren instituciones a las que concurren chicos.