Una década transcurrió desde que el gobierno de Cristina Kirchner anunció a los productores que ponía en marcha la Resolución 125 de retenciones con alícuotas móviles para los granos.

Fue el domingo 11 de marzo de 2008 y se suceden las celebraciones por el final del período, que para los ruralistas estuvo signado "por el autoritarismo más fuerte de toda la historia argentina hacia el agro".

Así lo manifestaron los principales referentes de ese período a la agencia Noticias Argentinas al hablar los ex presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens; de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi y Carlos Garetto de Coninagro. También hizo declaraciones el actual senador nacional por Entre Ríos y en esa época titular de la FAA de su provincia, Alfredo De Angeli.

Todos fueron protagonistas, con Mario Llambías (que era titular de Confederaciones Rurales Argentinas), de esa gesta que duró 129 días y cimentó la grieta entre los argentinos con unos a favor del kirchnerismo y otros con el apoyo al modelo agroexportador.

Paros, piquetes constantes en 200 enclaves de las rutas de la Argentina, movilizaciones multitudinarias, misas en las concentraciones de productores, jalonaron la lucha por la reinvindicación agropecuaria y pusieron al borde desabastecimiento a las ciudades.

La resistencia a aceptar esa norma, que ideó el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau (hoy legislador), y el reclamo de que se convirtiera en Ley, finalizó el 17 julio de 2008.

Luego de debatir los senadores en el Congreso durante 18 horas, en la madrugada llegó el desenlace cuando el vicepresidente Julio Cobos desempató la votación al rechazar el proyecto oficial: "Mi voto es no positivo", afirmó.

El 18 julio, el Gobierno nacional derogó la Resolución 125, luego de la derrota en la Cámara Alta.

Pero luego comenzaría un plan asfixiante sin diálogo para los dirigentes del agro, por parte del oficialismo, con cierre de exportaciones agropecuarias y trabas para las ventas externas que lograría que se evaporaran 10 millones de cabezas de ganado vacuno de los predios rurales argentinos.

Hoy se respiran aires de libertad, mesas de diálogo permiten debatir a los dirigentes de los diversos sectores con las autoridades en provincias y Nación.

Sin embargo, el campo que ya es reconocido por gran parte de la ciudadanía como motor económico del país, no atraviesa una buena situación que, sobre todo, afecta a los pequeños y medianos productores.

Por este motivo en una reunión de delegados de Federación Agraria del Distrito 6 en Casilda (Santa Fe) recientemente surgió el pedido de una "movilización" para dirigir las protestas hacia los ámbitos de decisión.

El presidente de FAA, Omar Príncipe, realizó un informe de situación destacando las ininterrumpidas gestiones realizadas ante el gobierno nacional para que lleguen las respuestas a los problemas de los pequeños y medianos productores, las estructurales y las de coyuntura.

Ante esto, coincidieron los delegados en que, por el contrario, medidas inconsultas como la reforma tributaria y la apertura de importaciones los agravan, quitándoles competitividad a los pequeños productores.

No obstante esto, Príncipe no deja de pertenecer a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias que nació el 11 de marzo de 2008 al calor de la Resolución 125 cuando se unieron FAA, CRA, SRA y Coninagro hasta el presente.

Mientras que en estos momentos una feroz sequía, considerada por la Sociedad Rural de Rosario como la peor en 75 años, afecta a la región centro y núcleo del país y está comenzando a llegar a otros territorios que habían sido beneficiados por las lluvias.

Por este motivo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se vio obligada a reducir de nuevo sus estimaciones de producción de la soja 2017-2018 y las bajó a 42 millones de toneladas.

Son dos millones menos y una caída interanual de 15,5 millones de toneladas, ya que la trilla 2016-2017 arrojó 57,5 millones de toneladas de soja.

La entidad también disminuyó las proyecciones de maíz en tres millones de toneladas: de 37 millones redujo a 34 millones en la previsión de la actual campaña, es decir cinco millones de toneladas menos que las recolectadas en el ciclo previo, siempre para grano comercial.

Sin embargo, según destacó el sitio Valor Soja, la mayor parte de los gobernadores de la zona pampeana excluyeron deliberadamente el problema de la sequía de sus agendas para evitar una pronta declaración de la emergencia agropecuaria, que en Uruguay ya está vigente desde la semana pasada.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más afectada por las restricciones hídricas registradas en la zona pampeana argentina, aún no solicitaron la emergencia agropecuaria por sequía.

Recién en algún momento del presente mes de marzo se reunirán los integrantes de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario para evaluar el tema. Mientras tanto los problemas se agudizan.