Ayer, entre otros estudios que realizó la consultora Raúl Aragón y Asociados, se dio a conocer que la pena de muerte, tal como instaló el asesor estrella del presidente Mauricio Macri, Jaime Duran Barba, ganó sustento a nivel social, con un 49,2% que se encuentra a favor, contra un 44,8% que se manifestó en contra.

Muchos ya hablaban de la pena de muerte desde hace un tiempo atrás, pero lo que realmente hizo la diferencia fue la llamada doctrina Chocobar, lo que logró que gran parte de la sociedad cambie rotundamente su parecer yendo a favor del asesinato legal de cada uno de los delincuentes, sin grises.

Este tema no es nada novedoso, de hecho más de 60 países al rededor del mundo aprueban esta práctica, los mayores ejecutores, a saber, son: China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán, consecutivamente.

Pero ¿Cuál es el problema de su despenalización?

Según se desprende de un estudio de Amnistía Internacional, en el 2016 se registraron indultos o conmutaciones de condenas a muerte en 28 países. Al menos 60 personas que habían sido condenadas a muerte resultaron exoneradas en 9 países: Bangladesh (4), China (5), Ghana (1), Kuwait (5), Mauritania (1), Nigeria (32), Sudán (9), Taiwán (1) y Vietnam (2).

Por su parte, Estados Unidos tiene su propia estadística. Según un estudio presentado por el profesor de leyes de la Universidad de Michigan, Samuel Gross, 4,1% de los convictos sentenciados a muerte son inocentes.

Este estudio se basó  en la situación de 7.482 condenados a esta práctica entre enero de 1974 y diciembre del 2004, de los cuales 12,6% fueron ejecutados, y 1 de cada 25 de ellos era inocente.

Este 4% podría parecer una cifra conservadora para algunos y justificable para otros, pero implica que al menos 200 personas que recibieron una sentencia de defunción, pagaron el precio por crímenes que no cometieron.

Al ser consultado sobre Por qué no existe la pena de muerte en Argentina, el otrora Consejero de la Magistratura de la Nación, Alejandro Fargosi, en diálogo con Tribuna de Periodistas (TDP) explicó: “Porque el legislador (así le decimos al Poder Legislativo) considera que no es algo correcto ni justo. Algo en lo que coincidimos la inmensa mayoría de los abogados. Para los standards morales y éticos argentinos y de la mayoría del mundo, standards que en definitiva son los que se tiene (o debe tener) en cuenta al legislar,  quitar la vida no puede ser un castigo porque no solo es irreparable en caso de error (nunca descartable) sino que además el castigar no es el fin de las penas del derecho penal: la finalidad de las penas es resociabilizar al delincuente, disuadirlo a él y a todos de cometer delitos y si no fuese posible resociabilizarlo, mantenerlo de manera tal que no vuelva a ser peligroso para la comunidad, o sea, preso”.

También se le preguntó sobre los obstáculos que deben superarse a la hora de despenalizar la pena de muerte, a lo que supo responder: “Su declaración de inconstitucionalidad por no ser las penas algo concebido para castigar al delincuente, según la Constitución. Además de contradecir tratados internacionales de DDHH”.

Por último, le confesó a quien escribe estas lineas no conocer la razón exacta sobre los números actuales que demuestran que la mayoría de la sociedad quiere imponer esta pena, aunque sí supo responder: “Supongo que es porque las respuestas a las encuestas son tan opinables como las encuestas mismas. No olvidemos que las leyes deben ser el ejercicio de la reflexión, de la prudencia, del conocimiento de las leyes y de los principios morales y éticos, etc. etc. Dictar leyes requiere profesionalidad, equilibrio, sentido de la justicia, conocimiento de la historia y de los errores del pasado, conocimiento de las falibilidades del sistema judicial, consciencia de la posibilidad de error, en fin, no todo se resuelve con encuestas. En realidad, no se resuelve casi nada: solo se tiene percepción de respuestas condicionadas por la redacción de la pregunta, el momento o época, la existencia de casos recientes, etc.”

TDP también pudo mantener contacto con el abogado penalista Maximiliano Legrand, quien se encentra tajantemente en contra de la delincuencia y quien mencionó a este cronista que los únicos que se benefician con este tipo de políticas, que no hacen más que agravar la delincuencia, son justamente los letrados penalistas, aunque mantuvo esta conversación en su rol de ciudadano.

Legrand coincidió con Fargosi al aclarar que “ya desde los años 60’ los tratados dicen que no podemos matar, es una cuestión que tiene fundamento, el derecho de trabajar sobre la reinserción de las personas. No se dan penas para castigar, se dan penas para reinsertar en la sociedad” y ejemplificó: “ahora con la reforma del código civil nuevo y comercial no se le puede pegar a un niño porque se busca educar y así la sociedad avanza. Así como a los niños ya no se les puede pegar para castigarlos, si no que se  está orientando a educar, es mas o menos similar a este asunto”.

También supo explicar que “desde el artículo 18 de la constitución, en convención constituyente en 1860, prohibieron la pena de muerte por causas políticas. Ya se asentaba un criterio directriz tendiente a evitar la pena de muerte. En ese momento se cometían muchos excesos por cuestiones justamente políticas. Rosas había mandado a matar a un montón de gente” y agregó “aparte de eso, por ejemplo Soler (por Sebastián Soler), que es un penalista muy conocido, tenía estudios publicados, incluso hay todavía estudios publicados, de que la pena de muerte no disminuye ni tiene relación directa con la disminución de un delito”.

Incluso Legrand aclaró que “desde los años 60’, la convención del pacto San José, en Costa Rica, establece claramente que los Estados que hayan abolido la pena no la pueden reinstaurar”.

Supo argumentar también, que la petición de esta sentencia se basa en la vehemencia y no en el raciocinio, al comentar que “la gente muchas veces confunde lo que es derecho penal con prevención de un delito y muchas veces los políticos se escudan a través del derecho penal para ocultar deficiencias en tema de seguridad publica” agregando que “la seguridad pública tiene cuestiones muy complejas y en realidad es un trabajo complejo que requiere un abordaje interdisciplinario en muchas aspectos. Imagínate que si con cambiar un artículo de código penal vos pudieras hacer que la Argentina fuera más segura, evidentemente sería muy fácil y vemos que no es así. En realidad el derecho penal tiene una función preventiva pero es muy acotada y eso se ha visto en la realidad”.

También mencionó que “Lo que pasa es que hay un gran porcentaje de la población a los que les mienten para jugar con las pasiones que tienen y es como alimentar la ignorancia y se ganan votos. Se busca también echar la culpa al otro, el poder judicial, ‘¿Cómo puede ser que haya inseguridad? Culpa de los jueces, ahora la culpa es de los jueces’. La culpa de la inseguridad no tiene nada que ver con que el Poder Ejecutivo no toma políticas de Estado, no tiene nada que ver con que no tenemos una política de estado a largo plazo (expresó ironcamente). Para frenar la inseguridad necesitamos una política de Estado que sea a treinta años, pero eso a nadie le conviene políticamente, entonces, evidentemente, salir a hablar de pena de muerte te suma votos. Y en realidad es algo que la sociedad y la gente ya ha superado, es como estar hablando de volver a la edad media”.

A lo antes dicho el letrado mendocino agregó: “tratamos de copiarle a Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de presos del mundo. De 4 presos en el mundo, 3 son estadounidenses, tienen la mayor población carcelaria del mundo. Pero le vamos a copiar a los que tienen más delitos”.

Cuando se le preguntó a Legrand que obstáculos podría tener Argentina respecto de la despenalización de la privación a la vida  argumentó: “Primero hay que retirarse de los pactos internacionales, lo cual no se puede, es un pacto internacional que has firmado y retirarte del pacto implica responsabilidad internacional. Los acuerdos se deben cumplir, son de derecho supra legal, es decir, tienen un rango constitucional, e incluso hay que modificar la constitución. Pero aun así el Estado incurriría en responsabilidades porque se comprometió a cumplir con determinados derechos y determinadas cuestiones, entonces no es posible jurídicamente”. Y finalizó comentando que “Una solución errónea agrava el problema, esto agrava el problema de la delincuencia y los únicos que nos beneficiamos somos los abogados penalistas y ¿quién se perjudica?, el resto de la población, entonces yo como ciudadano te digo esto”.

De más esta decir que la despenalización de la pena de muerte no soluciona ningún problema de seguridad, por el contrario, lo agrava. La única solución es pedirle a nuestros representantes una política de Estado lógica a largo plazo en vez de convertir a la Argentina en un país retrograda y golpista manejado por la vehemencia de la sociedad y la inoperancia del Gobierno.