Hace más de 70 años que los argentinos conviven con la inflación y ningún gobierno o régimen logró encontrarle la vuelta al problema, a pesar de que intentaron mil recetas distintas, desde los acuerdos de precios hasta la convertibilidad.

Tal vez por eso el reciente anuncio de una reducción de la pobreza durante 2017 -1.900.000 pobres menos- fue rápidamente colocado entre signos de interrogación ante la certeza de que en el primer cuatrimestre de este año los aumentos de tarifas dispararán de nuevo el costo de vida y volverán a dejar en la pobreza a miles.

Es lo que sigue manteniendo al de Mauricio Macri en la categoría de "gobierno de transición", aquel que debe intentar acomodar las variables distorsionadas durante más de una década de populismo cuyo único fin pareció ser sostenerse en el poder.

El kirchnerismo, ya se sabe, hizo de cuenta que el país había solucionado el problema de la deuda, consideró que a pesar de la devaluación tras la salida de la convertibilidad las tarifas de servicios podían mantenerse congeladas y, cuando los índices no le cerraron, aplicó una estrategia pseudo-fascista para intervenir el INDEC y poner los números oficiales al servicio del gobierno.

El resultado fue una fantasía: consumo alentado artificialmente, una presidenta afirmando sin ponerse colorada que los pobres eran el 5% de la población, indicadores falsos de inflación, intervención cambiaria, cepo importador y pérdida de soberanía energética.

Todo sumado al manejo turbio de la obra pública que hizo rico a un círculo de allegados y funcionarios sin dejar rutas, autopistas, puentes, servicios sanitarios ni nada relevante para las próximas generaciones, salvo un "centro cultural" al que, por supuesto, debía convertirse en templo de culto personalista.

Más inflación, más pobreza

Inflación y pobreza son dos variables clave: la segunda depende de la primera, y por eso frenar la escalada de precios ha sido un objetivo central de esta administración.

Un gobierno que hizo de la "pobreza cero" su principal promesa de campaña, y que ahora encuentra muchas dificultades siquiera para acercarse a ese objetivo.

La estrategia más reciente, fijar una meta para indicarle a los actores clave de la economía las aspiraciones oficiales, ya debió ser corregida, al aceptar que este año los precios se ubicarán, en promedio, por encima del 15%, al menos tres puntos arriba del objetivo inicial.

Esto genera tensiones con el mundo del trabajo, porque los gremios más refractarios al oficialismo, aquellos identificados con el kirchnerismo -maestros, estatales de ATE, judiciales bonaerenses y bancarios-, lanzaron una resistencia de largo aliento.

Otros, los más negociadores -comercio, construcción, transporte, estatales de UPCN- aceptaron esa pauta salarial pero con cláusulas de revisión, que seguramente se terminarán aplicando cuando llegue fin de año y el INDEC arroje un costo de vida acumulado superior al 15%.

La suba de precios por encima de las otras variables clave de la economía le restaron al país posibilidades de ser competitivo y, sumado a un sinfín de desaciertos, sumieron en la pobreza a un tercio de la población.

Generó, además, una carrera entre precios y salarios que la mayoría de las veces dejó tendales de víctimas y originó un escenario de violencia y marginalidad que -salpicado por el narcotráfico- se encuentra en los niveles más altos de las últimas décadas.

Encerrarse durante una década hizo que la Argentina dejara de pensar en cómo ser mejor y competir con un mundo que siguió su curso, desarrolló tecnología y apuntó a la optimización de los procesos de producción para pelearle de igual a igual al trabajo semiesclavo a gran escala al que decidió apelar China para ocupar un lugar decisivo en el comercio global.

El Gobierno es consciente de que los datos de pobreza difundidos por el INDEC correspondientes a fines de 2017 ya quedaron superados por los fuertes ajustes de tarifas en la primera parte del 2018.

Nadie duda de que subas del 40% en el gas, fuertes alzas en el agua, ajuste en el transporte público y otras ´delicias´ que enloquecen los bolsillos, ya hicieron subir de nuevo algunos puntos los niveles de pobreza.

Por eso no podría ser cuestionado decir que un tercio de los argentinos, casi 15 millones de personas, siguen en ese lugar del que Cambiemos prometió sacarlos.

La apuesta oficial vuelve a ser el "segundo semestre", un partido que ya se perdió por goleada en 2016, pero que esta vez podría disputarse con más capacidad de pelear el resultado.

El tablero de comando de la Casa Rosada tiene claro que marzo y abril acompañarán el rebote inflacionario de enero y febrero, lo cual cerrará un primer cuatrimestre con una inflación acumulada rumbo al 10%.

Es decir, en sólo un tercio del año la economía habrá alcanzado tres cuartas partes del costo de vida proyectado para todo 2018.

El propio presidente reconoce que la inflación volvió a crecer fuerte de la mano del "ajuste grande" de tarifas.

Y otra vez apeló al "segundo semestre", al confiar en que en esa última mitad del año los precios se irán "planchando".

El tiempo dirá si esta vez la Casa Rosada acierta en el pronóstico o, de nuevo, el exceso de voluntarismo deja pedaleando en el aire las promesas oficiales.