La diputada nacional por Chaco de Cambiemos Aida Ayala, está cada vez más cerca de perder sus fueros para, posteriormente, ser detenida, esto en el marco de una acusación por lavado de dinero.

Obviamente, la otrora intendenta de Resistencia aseveró su inocencia al mencionar hace poco menos de un mes que “confió en el sistema judicial, mi intención es allanarles el camino para que investiguen lo más rápido que puedan sin trabas algunas. He hablado con la jueza y me he puesto a disposición, no me amparo en los fueros”.

También aclaró: “quiero llevarles tranquilidad a la sociedad chaqueña y a la militancia de mi espacio político, quienes conocen mi trayectoria y mis valores. Saben que anteriormente ya me han expuesto a estas instancias y se ha demostrado mi inocencia, jamás voy a evadir ni a demorar un llamado de la Justicia”.

Maniobra de limpieza

Es dable recordar que ya en el año 2014 fue denunciada por diputados del Partido Justicialista de Chaco por lavado agravado de activos y administración fraudulenta por las irregularidades en la contratación de la empresa Pimp SA por un valor total de 500 millones de pesos para la recolección de residuos.

Estas sospechas iniciaron tras el contrato con esta empresa, un año antes de terminar su gestión como intendenta, habiendo estado en ese cargo 11 años hasta ese momento.

Partiendo de la base de la contratación, dicha compañía no poseía experiencia alguna en el rubro y, peculiarmente, uno de los socios de Pimp SA, es el ex yerno de Ayala, Alejandro Fischer.

Fischer ya fue detenido hace aproximadamente dos meses por esta misma causa y como si fuera poco, los vínculos entre ambos personajes se extienden a la Fundación Construir, creada por la funcionaria, donde el empresario aparece como apoderado.

La Justicia tiene fuertes sospechas, con un fundamento casi elocuente, de que en dicha fundación se practicaban estos actos de lavado de dinero.

Situación funcionarial

Según supo confirmar esta última semana el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (PRO), ese cuerpo primero escuchará el descargo de la diputada.

Si bien Tonelli citó a la Comisión para el miércoles a las 10 para debatir el pedido de desafuero presentado por el juzgado federal de primera instancia de Resistencia, a cargo de Nilda Niremperger, el dictamen de ese cuerpo parlamentario podría demorarse al menos una semana, debido a que la magistrada aún no había girado hasta el viernes pasado a la comisión el expediente que debe ser analizado por los legisladores.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, Tonelli anticipó que “por lo pronto vamos a escucharla. Pero estamos esperando que llegue el expediente que tiene que mandar la jueza para para analizar los cargos. Una vez que llegue necesitamos ponerlo a disposición de todos los diputados y, si corresponde, lo dictaminaremos, pero vamos a examinar exhaustivamente la causa. Estamos abiertos a discutir”.

No obstante, el diputado aclaró que el desafuero dice que la Cámara Baja “tiene que resolver luego de examinar el sumario que sea correctamente fundado, si fuera el caso” y aseguró que la Comisión “dictaminará lo que corresponda de acuerdo a nuestro buen saber y entender como lo hemos hecho siempre”.

Incentivo oficialista

De la misma manera que lo hace el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, el oficialismo atribuye la maniobra judicial a una operación política del justicialismo provincial, comandado por el actual gobernador Domingo Peppo y el ex mandatario provincial Jorge Capitanich, con el mero objetivo de que la diputada radical no pueda competir por la gobernación de Chaco en 2019.