El titular del Ministerio de Finanzas, Luis Caputo, admitió ante empresarios que el Gobierno profundizará los ajustes en los meses próximos con una frase que pretendía ser cautivadora: “Hoy el mercado nos va a estar pidiendo lo mismo que el FMI y es lo mismo que queremos nosotros”.

En el marco del foro de negocios de la AmCham, el ministro respondió algunas incógnitas planteadas por quien fuera el presidente de la Jp Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujin, y disparó: “La situación se había puesto más complicada en general. Me parece que era nuestra obligación mostrar una respuesta rápida. Estamos eliminando esas dudas lógicas que hubo en el último mes y medio, que eran cómo nos íbamos a financiar y a qué tasas”.

En ese sentido, Gómez Minujin le preguntó a Caputo por qué no habían acudido anteriormente al FMI, a lo que el funcionario respondió que cuando asumieron habían decidido “hacer una aproximación gradual al equilibrio fiscal”.

Además, el ministro explicó que “heredamos una situación política, económica y social que nos hacía muy dificultoso elegir otro camino que no fuera esta convergencia gradual. No estaban dadas las condiciones para hacer una convergencia mayor a la que estábamos haciendo. El mercado en ese momento sí financiaba ese gradualismo. Tal vez el Fondo nos hubiera pedido una mayor velocidad”.

Y por último remarcó que “hoy el mercado nos va a estar pidiendo lo mismo que el FMI y es lo mismo que queremos nosotros. Todos queremos llegar a la convergencia. Nos conviene más ir al fondo porque aseguramos dos cosas: el financiamiento, que no está necesariamente asegurado en los próximos años, y a mejores tasas”.

Tabú salarial

Tras los dichos del ministro de finanzas, se conoció la posición regional de Argentina respecto a los salarios dolarizados.

El país, históricamente, osciló entre el primer y el segundo puesto, sin embargo, producto de las últimas devaluaciones, el salario mínimo descendió tres lugares, y actualmente se encuentra por debajo de Uruguay, Chile y Ecuador.

El salarió mínimo en dólares siempre ha mostrado una cara convincente en la Argentina, ostentando el indicador mayor en cuanto a la ganancia de los trabajadores a nivel regional, es decir, en Sudamérica. Sin embargo, según revela un relevamiento del Observatorio de Políticas Publicas de la UNDAV, Argentina pasó del primer al cuarto lugar en lo que va del corriente 2018.

El estudio de la UNDAV hizo hincapié en el mandato macrista sin rendirle mucha importancia al Gobierno anterior, dicho eso, da cuenta de que al momento de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, el salario mínimo era de 589 dólares, y para este corriente mayo llega a los 384 dólares.

Teniendo en cuenta la variación porcentual, se trata de una merma del 34,8% en el salario mínimo local medido en moneda dura, medido en dos años y medio. Considerando sólo el último año, el retroceso es del 27%.

Según manifestó el economista Santiago Fraschina, “tras la suba de la moneda estadounidense se espera una fuerte presión inflacionaria que termine impactando negativamente en la producción y en el poder adquisitivo de la población”.

Además, dicho informe menciona que la Argentina es el segundo país que más desvalorizó su moneda en el último mes. El indicador alcanza un negativo del 22,4%, siendo Venezuela el país de la región que peor le fue durante mayo.

Economía, dulce economía

Mientras el Gobierno intenta evitar que el Senado convierta en Ley el proyecto antitarifazo enviado por la oposición, el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, prohibió los cortes de gas a usuarios por falta de pago y la medida alcanza a todo el país.

La decidió fue tomada tras hacer lugar a un amparo colectivo que presentó la Asociación Consumidores Argentinos con el objetivo de frenarlas interrupciones de servicio que se suceden ante la imposibilidad que presentan muchos de hacer frente a los costos.

Padilla dio curso a la acción presentada en defensa de los usuarios y dictó una medida cautelar que ordena que “todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago”.

José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, quienes recurrieron a la Justicia en su condición de apoderados de la Asociación Consumidores Argentinos, solicitaron en su presentación que los aumentos del gas sean declarados nulos e inconstitucionales “por falta de audiencia pública”.

Pero acá no termina la pretenciosa petición: desde dicha asociación habían pedido que se ordene a las empresas distribuidoras a dar marcha atrás con los incrementos y retrotraer los valores al 1º de abril del corriente año y que incluso se devuelva la plata a quienes ya habían abonado el pago.

“Se habrá de dictar una medida cautelar interina que considero indispensable a los fines de garantizar elementales situaciones vinculadas al acceso a este servicio público y proteger a los sectores ms vulnerables que se pudieron haber visto afectados por el posible actuar ilegitimo del Estado”, argumento el magistrado, al tiempo que únicamente decidía sobre la suspensión del servicio.

Respecto de las demás solicitudes peticionadas, decidió darle al Estado la posibilidad de expresar su posición y recién entonces tomara una decisión.

Condición ministerial

A pesar de todo lo que ocurre a nivel económico en la Argentina, si se observa detenidamente el organigrama del Ministerio de Finanzas, se evidencia que los tres secretarios e incluso el mismísimo ministro Caputo, quienes conforman esa cartera, ostentan o han sido parte de empresas offshore en diversos Paraísos Fiscales en distintas partes del globo.

El entramado de las offshore de Luis Caputo, lo llevó a sentarse frente al Congreso donde se le realizó un abrumante interrogatorio con un desenlace más que irrisorio.

El secretario de Finanzas es Santiago Basuili, el empresario del Deutsche Bank que tuvo entre los años 2016 y 2017 un bono de esta entidad con la cual aún organiza reuniones en su despacho privado.

Es dable destacar que la banca alemana es la institución financiera con mayor cobro por parte del Estado Nacional en comisiones por emisiones de deuda.

Además del bono referido, Basuili declaró ante la Oficina Anticorrupción que comanda Laura Alonso, ser uno de los titulares de la offshore Laguna l9 LLC radicada en Delaware, uno de los paraísos fiscales más importantes.

Lo destacable del caso de este secretario es que ingresó a esta compañía, la cual se encuentra valuada en 1.9 millones de dólares, a mediados del 2016, cuando ya se encontraba ejerciendo el cargo público.

La segunda secretaría es la de Legal y Administrativa conducida por Carlos Lo Turco, quien según reveló página 12 utilizando los documentos filtrados en los Panama Papers, administró una empresa offshore en Panamá. El estudio Mossack Fonseca fue contratado para contratar la offshore panameña Mariba S.A.

Desde el Ministerio de Finanzas fundamentaron la inactividad de dicha compañía a partir del 15 de junio del 2009, además de que la sociedad nunca se integró al capital social. También aseveraron haber presentado toda la documentación pertinente frente a la Oficina Anticorrupción.

Según se desprende de la investigación que desató un escándalo mundial de evasión mediante el manejo de empresas en Paraísos Fiscales, parte del directorio de Mariba S.A. también lo conforma su asesor en el Ministerio Luis Cassani Azzurro.

Este dato fue ratificado por el mismo Ministerio al mencionar que “el Doctor Fernando Cassani es asesor del Doctor Lo Turco. Y era socio del 50 por ciento en esa sociedad”.

La tercera secretaria es la de Servicios Financieros que se encuentra vacante desde que Leonardo Cuccioli fue promovido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De haber estado actualmente Cuccioli en funciones, las tres secretarias del Ministerio (además del propio ministro) serían 100% operadores de firmas offshore.

Quien se encuentra a la cabeza de la AFIP se encontró vinculado a operaciones realizadas desde las islas Bermudas y a su vez ha declarado inversiones realizadas en las Islas Caimán.

Pareciera ser que la condición primaria para formar parte del Ministerio de Finanzas de la Nación, es tener una empresa offshore claramente radicada en un Paraíso Fiscal.