Ajuste será una de las palabras clave de los meses que vienen, lo que amenaza con profundizar la etapa de furiosas protestas preparadas por sectores del peronismo, la CGT y las "organizaciones sociales", que ven en Mauricio Macri a un enemigo que busca bajar salarios y quitar derechos.
El Partido Justicialista, desde los ultrakirchneristas hasta los gobernadores "racionales", con la fuerte presencia movilizadora de la CGT, parece empezar a convencerse de que, unido, tiene chances de recuperar el poder en 2019.
Esa sospecha puede terminar uniendo el agua y el aceite en un partido que históricamente supo acomodarse a las demandas de los distintos sectores con tal de detentar el poder.
Con el nuevo recorte de gastos por 20.000 millones de pesos anunciado por el ministro Nicolás Dujovne, más el congelamiento de vacantes en el Estado y el fuerte ajuste a aplicarse para lograr el auxilio financiero del FMI, es de esperar que el escenario de tensión social de la Argentina no haga más que complicarse en los próximos meses.
El riesgo es que distintos sectores apuesten a la radicalización y eso extreme la violencia ya vista cuando el Congreso trató la reforma previsional a fines de 2017.
La invasión por parte de un sector de los estatales de ATE que impidió una conferencia de prensa de Dujovne y los objetos hallados en algunos micros provenientes del conurbano para participar de la Marcha Federal revelan la existencia de sectores dispuestos a todo con tal de desestabilizar.
Casi desde que asumió, a Macri le vienen augurando un mal final de su mandato -la mención del "helicóptero" que se llevó a Fernando de la Rúa es blandida por sectores ultraopositores-, y esa lógica puede agudizarse a partir del fuerte ajuste que viene.
Aún no trascendieron demasiados detalles de las "condiciones" que impondrá el FMI para liberar unos 30.000 millones de dólares de respaldo a la Argentina, pero sus recetas son conocidas y cumplirlas implica altos costos sociales.
El Gobierno estaba enterado de esto, y si optó por ese "mal menor" significa que tras la suba de tasas de los Estados Unidos el crédito externo se ha vuelto casi inaccesible para la Argentina.
Algo de esto intuyó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien recomendó tomar toda la deuda posible entre enero y febrero de este año, pero esa estrategia no alcanzó.
Si bien más del 80 por ciento de las necesidades financieras del 2018 están cubiertas, el 2019 se plantea exigente en materia de endeudamiento y Cambiemos quiere tener controlada la variable cambiaria, al fin de cuentas la que pone de peor humor a los argentinos.
La devaluación de mayo fue durísima: las reservas cayeron en más de U$S 6.500 millones y el peso se depreció 21% en ese mes.
A esto se suma que a mediados de junio habrá otro fuerte vencimiento de Letras del Banco Central, por unos $ 600.000 millones, que volverá a tensar la cuerda en los mercados.
Las principales consultoras visualizan un dólar a $ 27 para fines de este año, lo que arrasa con cualquier proyección de contener la escalada de precios.
La inflación se proyecta hacia el 28% anual, casi el doble de la ya lejana meta impuesta por el Gobierno, y altera los ánimos entre sindicatos como Camioneros, que exige un aumento del 27%.
Otros gremios, como Comercio y Construcción, comenzaron a hurgar en activar la "cláusula de revisión", mientras los estatales, duros (ATE) o negociadores (UPCN), rechazan de plano la propuesta de subir apenas 12% los salarios.
Con esa negociación abierta, el Gobierno encima acaba de anunciar que congela las vacantes en el Estado por dos años.
El choque no termina ahí: el acuerdo con el FMI incluiría la eliminación de "derechos laborales adquiridos" por parte del personal estatal, similares a la fuerte suma que cobraban los choferes del Banco Central, una ´tortuga´ que se le escapó en su momento a Federico Sturzenegger, y que ahora se corregirá.
Casos como los del BCRA serían moneda corriente en otros sectores del Estado, y en especial en las provincias, una caja negra al servicio de gastos políticos financiados con el dinero de los contribuyentes.
Si bien las perspectivas de crecimiento para este año ya se redujeron a la mitad de las proyecciones iniciales, y el Producto Bruto subiría sólo 1,5%, todavía los datos de actividad industrial y en la construcción arrojan cifras positivas.
Ese escenario cambiaría en la segunda mitad del año, y la economía podría terminar cercana al crecimiento nulo cuando llegue diciembre.
Macri admitió que entre julio y septiembre todavía impactarán fuerte las alzas de tarifas, y se lo vio menos optimista de lo habitual en sus últimas apariciones públicas.
Junio y Julio serán dos meses "especiales", porque el humor de los argentinos estará muy atado a lo que puedan hacer Lionel Messi y compañía en el Mundial de Rusia, pero luego habrá que seguir gobernando un país casi indomable como la Argentina.
La actividad de la construcción mantuvo su ritmo de crecimiento gracias a la obra pública, que en los próximos meses comenzará a mostrar una fuerte desaceleración, ya que buena parte del recorte se aplicará en esa área clave.
Una vez consumado el respaldo del Fondo Monetario, el Gobierno prepararía un anuncio de alto impacto financiero para las próximas semanas.
El canje de buena parte del billón de Lebac con vencimiento corto por pagarés a un año de plazo, que permitiría descomprimir el escenario en los mercados y la presión sobre el dólar.
Sturzenegger viene dialogando con banqueros sobre esa posibilidad y habría encontrado buen eco, a cambio de un buen premio en intereses que aún se está discutiendo.
Los bancos -incluidos el Nación, el Provincia y el Ciudad- tienen casi la mitad de esos títulos, por lo que obtener el visto bueno del sector financiero es clave para lograr ese canje, que sería voluntario.
Los fondos de inversión tienen un 10% y también podrían contribuir con esa operación.
Macri confía en que despejando los nubarrones financieros, la economía argentina se puede volver a encaminar con rapidez.
Podría ser un exceso de confianza en medio de la convulsión social y la capacidad de daño que empieza a mostrar la oposición, que abroquelada en el Congreso parece dispuesta a darle varios dolores de cabeza a la alianza gobernante.