El Gobierno nacional ajusta los detalles para “compartir” con las provincias el ajuste convenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando restan menos de 90 días para la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2019, que debe contener una proyección de gastos y recursos de la que resulte un déficit primario no mayor al 1,3% del PBI.

De todas las “cajas” en las que la administración nacional tiene posibilidad de intervenir para reducir el gasto, las transferencias a las provincias aparecen, junto a la obra pública, como una de las más importantes por los montos en juego y, además, porque en los despachos de los ministerios de Interior y de Hacienda y Finanzas tienen en cuenta que ya van 16 meses consecutivos en los que los recursos que reciben los gobernadores en concepto de coparticipación federal de impuestos superan a la inflación.

En ese sentido, los colaboradores de Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne hacen hincapié en las mejoras que las 24 jurisdicciones tuvieron en los últimos dos años a raíz del Acuerdo por el Nuevo Federalismo, que dispuso el reintegro gradual de la masa de recursos coparticipables destinados al financiamiento de la ANSES y el Consenso Fiscal suscripto el año pasado, por el cual la provincia de Buenos Aires recuperó parte de los recursos que había perdido en 1995 con la modificación del Fondo del Conurbano.

Al respecto, muestran los últimos resultados de la recaudación tributaria, en los que la clasificación presupuestaria demostraría una distribución más favorable a las provincias que a la Nación: en mayo la recaudación tuvo un aumento interanual del 43,4%, pero a la hora del reparto el incremento fue de 40,1% para la Casa Rosada y del 56% para los estados del interior.

La brecha es aún mayor si se considera la recaudación acumulada en los primeros cinco meses de 2018. En ese caso, el aumento general fue de 28,1%, pero en la clasificación presupuestaria la Nación percibió 16%, menos que la inflación del período, contra un 45,6% que correspondió a las provincias.

De todos modos, la mejora no es homogénea, debido a una serie de factores entrecruzados que en algunos casos favorecen y el otros perjudican a determinadas provincias.

* El Acuerdo por el Nuevo Federalismo de 2016 dispuso el reintegro a las provincias del 15% destinados a la ANSES desde 1992 a razón de 3 puntos por año, hasta completarlos en 2020, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia dispuso la devolución total para Córdoba, San Luis y Santa Fe.

* El Consenso Fiscal de noviembre de 2017 suprimió el Fondo del Conurbano, con lo que la provincia de Buenos Aires recuperó parte de los recursos perdidos al reformarse ese instrumento en 1995, en tanto se implementó un bono de compensación para el resto de las provincias.

* La Pampa y San Luis no recibirán esa compensación ni los recursos del Fondo Federal Solidario, por no haber adherido al Consenso Fiscal.

* Por un error metodológico, la Ciudad de Buenos Aires percibió en el primer trimestre más transferencias de las que les correspondía y debió compensar al Estado nacional a partir de abril.

De la combinación de todas esas variables resultó una evolución dispar en el destino de la recaudación, reflejada no solo en los 16 meses consecutivos en los que la coparticipación a las provincias superó a la inflación, sino también en una mejora para la provincia de Buenos Aires mayor al resto.

En ese sentido, la consultora Economía & Regiones prevé que las transferencias a los 24 distritos por coparticipación en junio llegarán a $93.183 millones, con un aumento interanual del 33,3%, pero el incremento pata los bonaerenses será del 49,7%.

Esa brecha no fue excepcional, si se tiene en cuenta que en mayo el aumento para los 24 distritos fue de 53,2% y para Buenos Aires alcanzó el 71,8%.

Con esos números, el gobierno nacional viene manteniendo conversaciones con gobernadores y sus funcionarios, que a su vez tienen argumentos para contrarrestar, ya que en el primer trimestre las transferencias nacionales a las provincias en concepto de gastos de capital tuvieron una caída interanual del 30%.

En lo que va de 2018, el gobierno nacional firmó una serie de convenios con algunas provincias (Río Negro, Chaco, Chubut, Entre Ríos y Santa Cruz) consistentes en préstamos por más de $ 5.700 millones, en el que en todos los casos las provincias se comprometieron a implementar “una política fiscal y un programa financiero que asegure el cumplimiento de las pautas establecidas en el Programa de Convergencia Fiscal”.

Entre los principales compromisos asumidos en ese programa, las provincias deben mantener constante el gasto primario en términos reales y en el caso de las deficitarias esa obligación alcanza al gasto total. Además, no podrán aumentar el número de empleados públicos más que la población proyectada (el crecimiento vegetativo argentino no supera el 1,2% anual), ni aumentar la carga impositiva.