Para la gestión de Cambiemos es determinante la negociación que la Casa Rosada viene manteniendo con gobernadores en buscar de sellar el Presupuesto 2019, con las nuevas pautas de ajuste fiscal que el presidente Mauricio Macri pretende acordar con los mandatarios provinciales.

Se trata de una discusión tan crucial como la que el macrismo lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la premisa de rubricar un nuevo acuerdo que le permita a la Argentina disponer de un mayor respaldo financiero.

Quedó atrás para el Gobierno la disparada del dólar, de igual manera que el operativo maquillaje aplicado en el Gabinete nacional, con la degradación incluso de Ministerios clave a la figura de Secretarías de Estado, como el caso de Salud y Trabajo, por ejemplo.

Ya perdieron sus cargos los "monjes" de la mesa chica de la coalición gobernante Mario Quintana y Gustavo Lopetegui como lugartenientes del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y quedaron descartadas, por el momento, incorporaciones de dirigentes provenientes del radicalismo a la estructura de Poder que encabeza Macri.

Se habló bastante incluso de la posibilidad de que Ernesto Sanz, Alfonso de Prat-Gay y/o Martín Lousteau se sumaran al Gabinete, al igual que el economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación durante el macrismo y crítico de la gestión de Cambiemos ahora (y antes también). Nada de ello sucedió.

Referentes del Gobierno y del radicalismo salieron en los últimos días a brindar tenues explicaciones al respecto, aunque sí se agudizó la interna que mantienen la diputada nacional y fundadora de Cambiemos, Elisa "Lilita" Carrió, y el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

"Me queda muy en claro que el Presidente valora el aporte del radicalismo en estos dos años y medio de gobierno nacional de Cambiemos. Declaraciones altisonantes de algún miembro son solo eso", subrayó Cornejo, en referencia a unos dardos envenenados lanzados por Carrió supuestamente en contra de Sanz y de Lousteau, más allá de que después "Lilita" salió a aclarar que no había vetado el ingreso de ambos al Gabinete.

Lo cierto es que la diputada nacional dijo que no tenía sentido incorporar al Gobierno a un "ladrón" y a una "estrella de televisión", expresiones que -aunque en forma elíptica- fueron cuestionadas por Cornejo durante un acto con Macri en Mendoza.

Lo que viene, lo que viene...

Todo ese revuelo, sin embargo, quedó atrás para el Gobierno, que en las últimas horas concentró sus energías en apenas dos objetivos cruciales: rubricar un pacto con mandatarios provinciales en busca de asegurarse el Presupuesto 2019 en el Congreso y sellar un nuevo acuerdo con el FMI.

El macrismo se aferra a ambas gestiones y busca coronarlas con éxito en un intento por garantizarse gobernabilidad, en momentos en los que la administración de Cambiemos transita por una crisis de confianza producto del evidente fracaso de las políticas económicas que ha llevado adelante.

El Gobierno envió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a negociar con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, y con la mira puesta en el Presupuesto 2019, designó al titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigero, para que lleve adelante el operativo "rosca" con las provincias.

Mientras tanto, el macrismo abrió un frente preventivo, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como "mariscal de campo", en medio de temores de que se produzcan nuevos ataques a supermercados, después de los ocurridos en algunas localidades del interior del país, incluso con un chico de 13 años fallecido durante un intento de saqueo en Chaco.

Bullrich, en este sentido, planteó que dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo estaban organizando saqueos y revuelo social, por lo que se inició una investigación judicial e incluso legisladores del Frente para la Victoria (FpV), entre ellos, el converso Leopoldo Moreau, reclamaron que se presente en el Congreso para brindar precisiones sobre su denuncia.

Una fecha clave para el Gobierno será la de este martes 11 de septiembre, cuando Macri se reúna con gobernadores buscando dar la bendición final al proyecto de Presupuesto 2019 con las pautas de ajuste fiscal que pretende el jefe de Estado y que apuntarían a un déficit cero para el año que viene -una reducción significativa con relación al 1,3% previsto originalmente-.

De todos modos, según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, los mandatarios provinciales esperan "escuchar e informarse" antes de rubricar su visto bueno y estiman, además, que es poco probable que ese mismo días expresen públicamente su acuerdo y se tomen esa foto que tanto anhela conseguir Macri, con todos juntos, sonrientes.

El ánimo de la mayoría de los denominados gobernadores dialoguistas es "apoyar y ayudar" en forma responsable a la gestión nacional que lidera el ex alcalde porteño, aunque en las últimas horas dejaron en claro que no van a "firmar a libro cerrado", sobre todo luego de que la Argentina iniciara una nueva ronda de negociaciones con el FMI.

Río revuelto

La gestión macrista pretende robustecer aquel acuerdo "stand by" por 50.000 millones de dólares, después de que el billete estadounidense superara la barrera de los 40 pesos por unidad para la venta en el mercado de cambios doméstico, estableciendo así un nuevo récord histórico.

El Gobierno sabe que tiene por delante un trimestre de riesgo antes de que finalice 2018, producto de la crisis económica que golpea al país y que caldea los ánimos en la sociedad, en los sectores más postergados, pero también en la clase media, allí donde Cambiemos atesoraba, al menos hasta los comicios legislativos del año pasado, a la mayor porción de su núcleo duro de votantes.

Transcurrido el verano, los cañones en 2019 estarán decididamente enfocados en la campaña electoral y en la premisa de renovar el mandato de la coalición de Gobierno tanto en la Nación, como en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, el complejo momento político por el que transita Cambiemos generó que se desatara en las últimas semanas un pequeño festival de dirigentes de la oposición manifestando o dejando entrever sus pretensiones de competir por la Jefatura de Estado el año que viene.

Competir ellos o bien liderar un proceso electoral que eventualmente consiga desbancar al macrismo.

En esa nómina podrían figurar, entre otros, Miguel Pichetto, Felipe Solá, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Agustín Rossi, Alberto Rodríguez Saá y hasta Juan Manzur, Juan Schiaretti y Sergio Uñac, de quien incluso aparecieron pintadas en la ciudad de La Plata encuadradas en la contienda presidencial que se avecina.

En medio de este río revuelto, la única que puede jactarse de poseer un respaldo cautivo de votantes es la senadora Cristina Kirchner, aunque está más preocupada por estos días por el frente judicial que por el político: su ex financista Ernesto Clarens declaró durante más de ocho horas la semana pasada ante el fiscal Carlos Stornelli -por tercera vez- y el juez federal Claudio Bonadio finalmente le otorgó el beneficio de comparecer como "arrepentido" en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno y el supuesto pago de coimas millonarias de parte de empresarios durante el gobierno anterior.

Cristina parece haber quedado contra las cuerdas, pero sabe que goza del apoyo -por fuerza mayor- del peronismo con poder territorial en la provincia de Buenos Aires y que incluso dentro del mismo Partido Justicialista (PJ) son varios los que consideran que debe tomar parte en la contienda electoral.

También son varios los que sostienen que al gobierno de Macri le conviene más una Cristina libre, con problemas ante la Justicia y participando de la campaña proselitista que tras las rejas, como terminó ocurriendo con el líder populista Luiz Inácio Lula da Silva por aquí cerca, en Brasil.