El periodista Mariano Obarrio junto a un grupo de militantes autodenominados “Provida” intentaron frenar la práctica de un aborto en el hospital Rivadavia porque “fuentes muy confiables” le informaron que la situación no reunía los requisitos de aborto legal contemplado en el artículo 86 del Código Penal desde 1921.

El mencionado artículo reza:

“(...) El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

La acción no solo es grave por la falta de información del mencionado profesional de la comunicación que difundió su foto junto al grupo de mujeres que militan en contra del aborto, sino por la intención de cometer un hecho ilegal al interrumpir una práctica legal y difundir el caso en las redes sociales.

Así lo explica la politóloga Florencia Freijo: 

Fuentes allegadas al caso revelaron a diario Clarín: “El hospital hizo lo que correspondía, en un contexto de mucha presión y persecución. Es grave que se haya filtrado el caso”.

Finalmente el aborto fue realizado ya que la propia vida de la mujer embarazada corría riesgo.

Ante esto, en diálogo con Radio Con Vos, Obarrio afirmó: "Lo que está en juego es que el protocolo ILE, que rige y está vigente, y en función del cual se ejecutan muchos abortos, esté siendo utilizado con irregularidades o con excesos".

La militancia extrema de los militantes que replican la frase “Salvemos las dos vidas” todavía no comprenden que sus acciones están en contra de salvar cualquier vida, que la legalidad del aborto no obliga a nadie a hacerlo y que las mujeres tienen derecho sobre su propio cuerpo sean violadas o no, corra riesgo su vida o no.