El fiscal Sebastián Scalera, a partir de una denuncia hecha por Pablo “el Bebote” Álvarez, jefe de la barra brava del Club Atlético de Independiente, hoy preso, acusó a Pablo Moyano, hijo de Hugo y secretario adjunto del sindicato de camioneros, de asociación ilícita y lavado de dinero.

El fiscal le pidió al juez Luis Carzoglio que dictara la detención preventiva de Pablo, estando este en un congreso en Singapur. La reacción del gremio y del secretario del mismo, o sea del padre de Pablo, Hugo Moyano, fue inmediata. Si detienen a Pablo, paro general a la justicia.

Los Moyano, Hugo y Pablo, pueden decretar un paro de camioneros, no un paro general, pero los secretarios de los demás gremios no abrieron la boca. La CGT tampoco. Se sabe que camioneros acá, y en todas partes del mundo, pueden paralizar un país, bloqueando rutas y desabasteciéndolo.

Como Chile en octubre de 1972 (el principio de la caída de Salvador Allende), o Francia en enero del 2000, o España en junio 2008. Los ejemplos son muchos. Pero patotear de esta manera al poder judicial de una nación, es inédito, sólo en la Argentina pueden suceder estas cosas.

Macri contestó: “Nadie se puede creer por encima de la ley, ni prepotear a los demás”. Sentimos disentir, los Moyano pueden. Y lo hacen. Conocen su poder y lo validan. También conocen sus apoyos, por miedo o simpatía, la ex enemiga CFK, fuerte en la provincia de Buenos Aires y ¡oh sorpresa! la Iglesia.

Hay un viejo proverbio que dice que el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Parece ser cierto. Desgraciadamente. Por ahora, el juez Carzoglio falló en contra de la prisión preventiva ya que, según él, las pruebas eran insuficientes. Hizo una conferencia de prensa, también inédita, y contó.

El miércoles de mañana, a las 11 y 10 y a las 11 y 20, su mujer atendió el teléfono y fueron amenazados de muerte ella y el marido con respecto al tema Moyano. Aclaró que a él no lo iban a apretar con “carpetazos”, que eso era una maniobra del Procurador General de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, o sea del Dr. Julio Conte-Grand.

Los Moyano alegan persecución política. El fiscal dice que va a pedir el apartamiento del juez porque no es imparcial. En noviembre un jurado verá si juzga o no al juez que rechazó la prisión preventiva de Pablo Moyano. Sin conocer el expediente, sin tener constancia de las pruebas, no se puede opinar. Sería tan injusto como liberar a un delincuente o condenar a un inocente. Pero tampoco se puede amenazar con impunidad.

Más allá del omnímodo poder de los sindicatos en la Argentina (chicos sin clases porque lo decide un sindicato, o sea chicos sin futuro, porque lo decide un sindicato), ¿cómo es que se puede elegir un presidente de la nación por 4 años y si lo hizo bien por otros 4, y ya. Un sindicalista puede dirigir su gremio de por vida. Se hacen elegir una y otra y otra vez.

Algo huele muy mal en la Argentina. Es una salvajada amenazar a uno de los tres poderes que forman el gobierno de la nación. Un gobierno elegido en democracia, legal y legítimo, con el cual se puede estar o no de acuerdo, lo que no se puede es amenazarlo en ninguno de sus poderes.

La pregunta válida es: ¿La Justicia podrá contra el camión o el camión embestirá a la Justicia? De la respuesta depende la salud de la República.