Está absolutamente claro que tanto Cristina como Hugo Moyano tienen miedo de ir a la cárcel. Saben que si el presidente Mauricio Macri logra la reelección el año que viene, esa posibilidad se agiganta.

Una Cristina nuevamente derrotada en las urnas, la debilitaría políticamente hasta hacerla ingresar en el ocaso de su carrera. Por eso Cristina va a ser candidata y por eso Hugo Moyano está asociado a ella. Es un lugar común y muy trillado pero muy gráfico: no los une el amor, sino el espanto de terminar en un calabozo.

Ambos están convencidos que la mejor manera zafar de la prisión es serrucharle el piso a Macri lo más que puedan. Ponerle palos en la rueda y hostigarlo en forma permanente.

Su primer objetivo es convertir a Macri en De la Rúa y que huya por los techos de la casa rosada en helicóptero, en medio de un incendio social. Y echan mucha nafta y acercan sus antorchas para que en diciembre la gente más excluida se mezcle con algunos delincuentes y lúmpenes para producir un estallido. Ese es su objetivo de máxima. O de Máximo. Pero si no consiguen producir esa tragedia en las calles, apuestan al plan B que incluye el triunfo electoral de Cristina favorecido por un oficialismo totalmente erosionado.

Por lo tanto la orden es bien clara: pegarle en lo tobillos a Macri. Potenciar todos los conflictos. Llevarlos al extremo y provocar la represión más violenta que se pueda. Los más fanáticos e irracionales quieren un muerto o dos como Kosteki y Santillán para que Macri corra la misma suerte de Eduardo Duhalde y deba irse en forma anticipada del poder.

En este marco hay que analizar el paro salvaje de los gremios aeronáuticos o las medidas de fuerza permanente de los sindicalistas docentes bonaerenses o los atentados incendiarios de los presuntos mapuches de la RAM o los piquetes permanentes y cortes de la avenida 9 de julio y el ejército de provocadores que aparece en cada marcha grande con piedras, hondas, bombas molotov, armas caseras y las caras tapadas.

Todo vale para desestabilizar al gobierno. Todo suma para multiplicar el mal humor y la bronca. Hasta los diputados de Cristina en la última sesión aportaron su granito de arena al intentar frenar a los carros hidrantes o ayudando a derribar las vallas que cuidaban la seguridad de los legisladores.

El paro salvaje, irracional, ilegal y encubierto como si fuera una asamblea, tiene esta explicación.

Fueron directamente al choque y a generar un caos descomunal. Y lo lograron. De pronto lanzaron una huelga de 10 horas que obligó a cancelar 258 vuelos y que afectó a 30 mil pasajeros. La mayoría de los dirigentes responden a Moyano y a Cristina y tienen en sus filas a muchos integrantes de La Cámpora que ingresaron a trabajar poco tiempo antes de que Cristina abandonara el poder.

No se trata de trabajadores que están sufriendo penurias económicas terribles y tienen hambre. Un maletero gana más de 60 mil pesos de promedio y un piloto anda por encima de los 250 mil pesos. Son sueldos muy por arriba de otros trabajos. Por eso le digo que esto hay que entenderlo como una obsesiva ofensiva contra Macri. La mayoría de los trabajadores no querían parar. Son obligados. Padecen aprietes y extorsiones por parte de los gremialistas y delegados más duros. Los acusan de traidores, carneros o malos compañeros si no se suman a la protesta. Los estigmatizan.

El mecanismo es muy similar al que utilizan otros dirigentes sindicales burócratas como Roberto Baradel entre los maestros, por ejemplo. Paros como un instrumento político y no como una forma de conseguir mejoras para los trabajadores. No hay ningún país en el mundo que tenga tantos paros de docentes o de aviones. Es una medida extrema que se toma muy de vez en cuando.

La educación y el transporte son dos servicios públicos esenciales. Sin embargo los gremialistas empujan a sus afiliados a repetir la fórmula una y otra vez. Esta Argentina que necesita volver a crecer lo antes posible tiene al turismo interno como uno de sus principales motores. Pero si los aviones no salen, todo el turismo se complica. Pero a los gremios no les importa el país. Les importa conservar sus privilegios y que vuelva Cristina a la presidencia.

Insisto: en ningún país pasa esto. Y mucho menos en los países que estos muchachos admiran como Venezuela o Cuba. ¿Paros docentes o de aviones? Nadie se atreve. Y no crea que en Venezuela o Cuba ganan bien. Todo lo contrario.

El gobierno tiene una actitud de prudencia. No quiere caer en una provocación y que estas escaramuzas en las calles terminen con algún herido grave o un muerto. Por eso deja hacer y no interviene. Esa táctica es positiva para evitar que los conflictos escalen y se desborden. Pero tiene un gran riesgo. La reiteración de cortes por cualquier cosa y todos los días, el permanente recurso del paro, la búsqueda de la reacción policial con agresiones de los manifestantes va sedimentando una idea muy peligrosa: acá vale todo. Esto es un viva la pepa y cualquiera puede hacer cualquier cosa.

Todo el mundo se le anima al gobierno y le va haciendo perder autoridad. Lo grave es cuando el ciudadano sospecha que el gobierno no tiene capacidad para poner orden. Y que los violentos y autoritarios son los que marcan la agenda de todos los días. Ojo con eso.

Ojo con renunciar a uno de las principales responsabilidades del estado que es mantener racionalidad y respeto por las leyes para permitir la convivencia pacífica. Si el estado se retira muy lejos y durante mucho tiempo, va quedando en el inconsciente colectivo la inquietante idea de que nadie manda y que se produce cierto vacío de poder. No se puede permitir eso porque es el comienzo del fin de toda sociedad civilizada.

Nadie pide represión salvaje. Ese remedio sería peor que la enfermedad y totalmente inhumano. Pero si poner toda la estructura del estado democrático para no permitir prácticas antidemocráticas. Utilizar todos los recursos disponibles sin disparar un solo tiro. Ayer un problema intrafamiliar en General Rodríguez llevó a que ocho de sus integrantes cortaran durante horas una ruta importante. Ocho personas y dos fogatas. Era increíble pero es lo que estoy tratando de advertir. Cualquiera se anima a violar la ley porque sabe que es gratis, que no hay castigo. Ese es el límite.

El gobierno debería comprenderlo y actuar en consecuencia. Pero también hacer política y docencia con esto. Sacar a sus mejores voceros a dar el debate con los docentes, los aeronavegantes, los piqueteros y ponerlos en evidencia de sus verdaderos objetivos autoritarios. Pero muchas veces el gobierno calla y otorga. Deja hacer, deja pasar. Se muestra débil y en silencio. Como si las cosas se arreglaran solas como por arte de magia.

La cara más salvaje la vimos ayer en Aeroparque. La mayoría de los trabajadores de Aerolíneas son muy capacitados, impecables, honestos y pacíficos. Pero los sindicalistas que responden a Cristina y a Moyano fueron por todo. Paralizaron el tráfico aéreo de un país por diez horas. No quieren que la Argentina levante vuelo. Por el contrario, quieren que el país y el gobierno vuelen por el aire. Y eso es grave.