“Entre esos tipos y yo hay algo personal”. Joan Manuel Serrat.

La semana estuvo signada por un acontecimiento positivo, la aprobación del presupuesto nacional, una herramienta indispensable para que la complicada gestión del Gobierno tuviera credibilidad frente a los organismos internacionales y los gobiernos de los países amigos; es necesario reconocer cuánto contribuyó el peronismo “racional” a su sanción. Pero también hubo otros sumamente negativos y peligrosos.

Resulta claro que, en este último punto, me estoy refiriendo a los atentados explosivos que grupos anarquistas intentaron contra el Juez Claudio Bonadio y contra la tumba del Coronel Ramón Falcón, en la Recoleta, que culminara con graves heridas a la mujer que pretendió llevarlo a cabo. Luego, se produjo la detención de algunos individuos que la investigación que se está realizando vincula a Hezbollah, tal vez la organización terrorista con mayor capacidad operativa del mundo.

En la medida en que estos eventos se produjeron tan poco antes de la reunión del G-20 que, con seguridad, convocará a quienes militan activa y violentamente contra la globalización y, también, contra toda forma de colaboración internacional, las alarmas se encendieron en el tablero de control del Ministerio de Seguridad, a cargo (¡gracias a Dios!) de Patricia Bullrich; en razón de ellos, el blindaje del escenario de la cumbre y sus alrededores fue incrementado fuertemente. No es para menos, toda vez que estarán presentes en ella los primeros mandatarios de los países más importantes del mundo, que aportarán efectivos de sus propias custodias.

Pero esto nos lleva a un hecho que el Gobierno ha omitido considerar desde que asumió el poder, reparando y corrigiendo imbéciles actos. De inmediato, hubiera debido encarar la restitución de la vigencia del Código de Justicia militar, que fue derogado para agregar un detalle más al disfraz de izquierda que, según probó Néstor Kirchner y lo sigue haciendo su viuda, les otorgó los fueros necesarios para mantener impune la rapiña. Criminalmente, se abandonó una “política de defensa”, y se la reemplazó por una falsa “política de derechos humanos”.

Por ese proceder demencial, quienes triunfaron militarmente en el legal combate contra la subversión armada que las organizaciones guerrilleras ejecutaron contra la democracia a partir de 1973, hayan sido juzgados como delincuentes comunes por tribunales integrados, en muchos casos, por miembros de esas mismas formaciones terroristas. Es obvio que, con tales jueces y tales gobernantes, el destino de esos militares, cualesquiera fueran sus rangos y sus funciones, era ser condenados mediante juicios amañados, con testigos falsos y con notorio apartamiento de las pruebas producidas. Y aquí tenemos otra grave omisión del Gobierno: la revisión de todos esos procesos, para verificar la legalidad con que las sentencias fueron emitidas.

Es más, en reiteradísimas oportunidades, hemos visto que el protocolo de nuestra Cancillería llevó a los más ilustres visitantes extranjeros a tirar flores al río en memoria de los asesinos muertos; ¿Mauricio Macri ha sido invitado, tal vez, a homenajear a los terroristas del World Trade Center (Nueva York) o de la estación de Atocha (Madrid), entre otros muchos?

Cualquiera sea el punto de vista desde el cual se mire a las funciones y acciones militares, éstas no pueden ser evaluadas y juzgadas por las normas que rigen la vida civil y penal de los ciudadanos. La inexistencia de reglas específicas, y de la jurisdicción correspondiente, significa que cualquier muerte de un enemigo en combate, por ejemplo, pueda ser calificada como un asesinato. ¿Qué sucederá aquí si la violencia terrorista se descontrola durante el G-20 y las fuerzas armadas y de seguridad se ven obligadas a reprimir con dureza, o deben aplicar el decreto que autoriza el derribo de aviones sospechosos?

No hay Estado en el mundo, con la obvia excepción de aquéllos que la han delegado en alguna nación extranjera, que haya desistido unilateralmente de contar con una fuerza militar destinada a garantizar la soberanía nacional sobre su territorio y la protección de sus recursos naturales; y eso es, precisamente, lo que ha hecho la Argentina, cuyo inmenso territorio terrestre y marítimo, con fronteras extensísimas y sumamente porosas, hoy no cuenta con la más mínima capacidad de defensa contra las nuevas agresiones, verdaderas guerras de baja intensidad, protagonizadas por el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y las reivindicaciones indigenistas y separatistas.

Quienes sostienen que hoy no resultan necesarias las fuerzas armadas porque ya no existen hipótesis de conflicto con nuestros vecinos, y ninguna invasión convencional en América Latina sería tolerada por la comunidad internacional, ignora esas nuevas agresiones que he enumerado en el párrafo anterior. Éstas producen los mismos, o peores, efectos disolutivos sobre cualquier sociedad, como bien puede atestiguar la historia reciente de Colombia, México y Brasil o de la ciudad de Rosario y el Conurbano bonaerense.

A esta altura, ya nadie duda que continuarán las agresiones contra el Gobierno por parte de quienes están dispuestos a incendiar el país para evitar que la líder de la oposición y sus cómplices y testaferros, incluyendo a sus hijos, vayan presos. En su fantasía, imaginan la destitución del Presidente o un triunfo electoral que haga cambiar, nuevamente, los vientos que soplan desde Comodoro Py.

Por ahora, y más allá de los destructivos disturbios que provocaron desde diciembre del año pasado en la Plaza de los Dos Congresos, el “club del helicóptero” sólo desata huelgas de todo tipo, comenzando por los “trabajadores de la educación” de la Provincia de Buenos Aires, que el martes y el miércoles protagonizarán el enésimo paro de actividades, dejando a cuatro millones de chicos sin clase ni almuerzo. Los gremios kirchneristas aeronáuticos seguirán complicando la vida de los ciudadanos, y en esa posición serán acompañados por otros sindicatos cuyos líderes también están a un paso de ir presos. Seguramente, además, se intentarán saqueos a supermercados, como es costumbre en nuestro país, para generar un clima de inquietud que favorezca sus malas intenciones.

Para concluir, una recomendación: no deje de leer, y difundir la imprescindible nota que Fernando Iglesias publicó en diario La Nación esta semana (https://tinyurl.com/ybhxbakm); en ella, más allá de criticar al Gobierno por no haberlo expuesto originalmente, hizo un impresionante cuadro comparativo de la situación económica; como él mismo dijo, “dato mata relato”.