El hallazgo de los restos del submarino ARA San Juan trajo algo de alivio a un gobierno al que cada día se le abren nuevos frentes de conflicto, como la inesperada reaparición de anarquistas violentos y una pelea de final abierto con la comunidad musulmana por la detención de dos jóvenes.

Todo esto ocurre a ritmo vertiginoso y obliga a la administración de Mauricio Macri a estar atenta para actuar lo más rápido posible y sin errores con el fin de realizar control de daños.

A menos de dos semanas de la cumbre de presidentes del G20, que se realizará en medio de un impresionante operativo de seguridad por el cual hasta se decretó feriado por única vez el viernes 30 de noviembre -primer día oficial del encuentro-, al Gobierno se le suman tensiones imprevistas.

La explosión antes de tiempo de una bomba casera mientras dos militantes anarquistas intentaban atentar contra la tumba del ex jefe de Policía Ramón Falcón, profundizó las alertas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, venía trabajando sobre la posibilidad de que grupos marginales de difícil detección pudiesen intentar mostrarse a través de la violencia en un período particularmente especial para el país.

El encuentro de presidentes del G20 que se realizará a fin de mes por primera vez en la Argentina puede convertirse en una vidriera internacional clave para el Gobierno de Mauricio Macri.

Pero también deja abierta la puerta a que un evento traumático deje al desnudo vulnerabilidades del sistema de seguridad argentino, las cuales serían difundidas a escala global.

La administración Cambiemos viene cometiendo errores no forzados que facilitan la tarea de los tiburones de aguas profundas de la oposición, con Cristina Kirchner a la cabeza.

Quedó en evidencia con el traspié sufrido en el Congreso, cuando tras lograr la aprobación del Presupuesto, horas después la oposición madrugó al oficialismo arrebatándole el control total del estratégico Consejo de la Magistratura.

Analistas coinciden en que los operadores oficialistas de la Casa Rosada y el Congreso pecaron de ingenuos en esta delicada negociación y, cuando quisieron frenar al peronismo en sus distintas vertientes, más el apoyo de la izquierda, ya era tarde.

Así, Cambiemos perdió el control sobre el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales.

La derrota quedó en evidencia y evaporó rápido los festejos por la votación del Presupuesto.

A Macri también lo sorprendió la jugada e intentó una gestión de último momento para convencer al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con el fin de que los diputados mediterráneos no acompañaran, pero su pedido llegó a destiempo, cuando ya estaba todo dicho.

No pasó desapercibida tampoco para la Casa Rosada la decisión del Frente Renovador liderado por Sergio Massa de sumarse y colocar por primera vez en el Consejo a tropa propia -la combativa Graciela Camaño-, sabiendo que en apenas un año, cuando vence su mandato, será reemplazada por un diputado alineado con Schiaretti.

Con esta movida, “Ventajita” Massa -como algunos lo llaman despectivamente en círculos oficiales- parece haber mirado más lejos, pensando en alianzas que lo acerquen a una chance presidencial en el 2019.

Para ello, debería retomar su deteriorado vínculo con Cristina Kirchner, de quien fue jefe de Gabinete hace una década, algo que por ahora parece ciencia ficción, aunque en política, y tratándose del peronismo, todo es posible.

Por ahora, en el Frente Renovador juran sobre la Biblia que la única intención de la movida fue sacarle poder al macrismo en ese estratégico Consejo.

Es que antes de esta alianza impensada de la oposición, Cambiemos sumaba nueve votos, justamente la mayoría requerida en el Consejo para aprobar ternas de jueces y enviar a magistrados a juicio político por mal desempeño.

El consuelo que le queda al oficialismo es que si bien muchas decisiones no las podrá imponer sin negociar, mantendría el poder de veto para nombrar magistrados, siempre que Cambiemos funcione como una aceitada maquinaria, algo que a veces falla.

Otro frente clave que el gobierno debe atender es que la aprobación del Presupuesto -una señal destinada al FMI y los inversores-, podrá ser aplaudida fuera del país, pero internamente empieza a ser interpretada como otra vuelta al torniquete del ajuste.

Ese recorte ya asusta a las clases medias por su contundencia, en especial por los incrementos de tarifas y la creciente presión impositiva.

La onda expansiva de las subas de tarifas parece imparable y avasalla los bolsillos: el servicio de agua y cloacas subirá 17% en enero y otro 27% en mayo; en febrero se ajustarán de nuevo las tarifas de Edenor y Edesur; y en abril será otra vez el turno del gas.

Todo mientras el costo de vida se encamina a superar largamente el 45% para cuando termine el año.

¿Qué pasa en Aerolíneas?

Aerolíneas Argentinas se convirtió en un nuevo “botín de guerra” para la oposición, articulada en los principales gremios del aerotransporte.

Los paros disfrazados de asambleas que vienen aplicando los sindicatos alineados con el kirchnerismo encienden alarmas en la Rosada y pusieron en alerta al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Cada vez que, como ocurrió el 8 y el 16 de noviembre, los gremios deciden sesionar durante largas horas, se cuentan de a miles los pasajeros damnificados, lo cual hace crecer el mal humor social.

Nada indica que esta situación vaya a ceder, sino todo lo contrario: los sindicatos enrolados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron que el 27 de noviembre próximo harán asambleas entre las 4 y las 7, franja en la cual serán afectados esos servicios.

Esta vez la protesta será contra el impuesto a las Ganancias, que Macri había prometido eliminar durante la campaña electoral del 2015.

No fue la única promesa incumplida: a esta altura en la órbita oficial comienzan a admitir que tal vez fue demasiado voluntarista y temerario haber instalado la meta de “pobreza cero” como objetivo de gestión, sabiendo el escenario complejo que dejaría Cristina Kirchner.