FORMULA DENUNCIA.

Señor Fiscal:
    Mario Sahagun, por derecho propio, con domicilio en Alberdi Nº 500 de Quilmes, actual Concejal del HCD (Presidente Bloque ARI) del Partido de Quilmes, al Sr. Fiscal, respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO:

   Que por este acto, y en el carácter invocado, vengo por la presente a formular denuncia penal por delitos de acción pública, contra el Sr. Intendente Municipal de Quilmes, don Sergio Omar Villordo, y demás funcionarios responsables que surjan de la investigación, por la presunta comisión de parte de estos, de los delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248,  del Código Penal), y defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 173 inc. 7mo. del Código Penal) ello merced a las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente paso a exponer, no obstante la asignación jurídica que considere la Fiscalía:

    II.- HECHOS:

   Que resulta de público de conocimiento, con notable difusión en los medios de prensa locales, que en el proceso de licitación por medio del cual la Municipalidad de Quilmes adjudica la prestación del servicio de recolección de residuos en zona Oeste, a la empresa TUQSA, adolecería de serias irregularidades que ameritan una investigación penal.
    Entiendo Sr. Fiscal, que habría responsabilidad del Intendente Municipal si se comprueba que existieron irregularidades en el otorgamiento de la concesión de recolección de residuos a la empresa TUQSA, tal como pido en esa dirección sea también investigado por la Justicia penal.
    Al respecto entiendo, que si se comprueba que la empresa TUQSA no tenía certificado de libre deuda fiscal ante la AFIP, ó que presento un certificado apócrifo, debería el Intendente Municipal ser sometido a investigación judicial.
    Ilustro al Sr. Fiscal, que ya en momentos antes al primer llamado a licitación, el Sr. Intendente municipal se expresó ante los medios de prensa, y tildó a la empresa TUQSA de ser la “caja negra de la política”, que era una empresa “trucha” y que no podía prestar el servicio, por lo tanto el Intendente si mantuvo estos conceptos y los hizo público, resulta extraño que luego adjudique la concesión a la empresa en cuestión, y que alegue desconocimiento del tema.
    Asimismo Sr. Fiscal, de comprobarse que el certificado de libre deuda ante la AFIP, es apócrifo o ilegal, y que habría permitido a la empresa TUQSA ganar la licitación, no escapa la responsabilidad que debe ser investigada del Ejecutivo municipal y de los funcionarios intervinientes en el proceso licitatorio. Ese constituye el objeto de esta denuncia.
    Por otra parte observe Sr. Fiscal, el artilugio legal del cual con el fin de direccionar en sentido inverso la investigación, realiza el gobierno comunal, se presenta “recién ahora” y, pretenden ampliar la denuncia (la ya instaurada por el Dr. Rosano –Defensor del Pueblo- ante la UFI nro. 7 Dra. Martucci), y pretenden asumir un rol de “particular damnificado” en este proceso que claramente los puede tener como parte imputada. A primera vista hasta resultaría improcedente, ya que si podría resultar perjudicada la administración pública municipal, pero no así quienes la pueden administrar inadecuadamente ocasionando perjuicios por sus propios actos en contra de la propia administración pública. Merece por cierto diferenciarse la Administración pública, de quienes la administran, es claro el concepto., pues estos pueden bien no ser perjudicados. Entonces no obstante la improcedencia de los aquí denunciados, de pretender colocarse en una distinta o mejor situación procesal, dado a que parecería que pretenden “autoexcluirse de la investigación penal”, no debe permitirse ello, dado a que el Intendente municipal también más allá de su responsabilidad política debe ser investigado por su función pública. Si el Ejecutivo comunal pretende lo contrario (como parece), se estaría desvirtuando el sentido de toda investigación penal, cual es “procurar el esclarecimiento de la verdad real”, fin de todo proceso por cierto.
    A su vez observe Sr. Fiscal, que quienes pretenden desvincularse de la causa con artilugios de “nuevos denunciantes” “ o nuevas víctimas” (en realidad víctima somos todos los vecinos de Quilmes, si se comprueba una estafa al erario público)., no hacen más que pretender confundir a la administración de justicia.
    Asimismo note Sr. Fiscal, lo siguiente: a su turno y esto así ha sido reflejado por el Defensor del Pueblo Dr. Rosano, quien dijo ante un medio radial “Radio Quilmes FM 106.9” (en fecha 9 de marzo de 2006, publicada en página www.quilmesadiario.com.ar, al dar detalle de todos los pasos administrativos antes de presentarse a la justicia, dijo que: “... El Ejecutivo no le facilito la documentación requerida...” lo cual entiendo que  desde ese entonces ya el Ejecutivo municipal, intencionadamente no le suministro la documentación al Defensor del Pueblo, con el fin de entorpecer su propia investigación, ya que de ser así, iba marcando un “aparente grado de connivencia” del Ejecutivo municipal de no colaborar y no perseguir la verdad, en temas relacionados con el contrato más oneroso de la comuna.
    Entonces, insisto, con estos antecedentes, si se comprueba que el certificado de libre deuda que la empresa TUQSA presento para obtener la licitación, es ilegal, no solo entiendo que estaría comprometida la empresa sino también lo estarían los funcionarios municipales “que no advirtieron la gravedad del hecho” o “lo advirtieron y lo dejaron pasar”.
    Pretendo Sr. Fiscal, ser claro al respecto, y si ahora el Intendente municipal, expresa públicamente que la Municipalidad podría haber sido estafada, pido ser cauteloso con eso, y tener cuidado, no sea cosa que el Intendente Villordo quiera demostrar que si el certificado es ilegal, la responsabilidad sea exclusivamente solo de la empresa TUQSA,   para pretender exculparse de su grave responsabilidad política, y también, por eso el sentido de esta presentación, pido a la Justicia investigue la responsabilidad penal del Intendente comunal., y demás funcionarios intervinientes en este proceso licitatorio polémico.
    Es mi deber como Concejal, por la representación que de la ciudadania ejerzo, como dije Presidente del Bloque ARI, denunciar estos hechos ante la Justicia y pedir su esclarecimiento, atento a que los funcionarios denunciados habrían incurrido en violación de los deberes de funcionarios públicos. (art. 248 y cc del C.P en perjuicio de la administración pública). Así entiendo que los actos de gobierno cuando resultan ser perjudiciales a los intereses de la comunidad, deben ser revisados en este caso, penalmente., persiguiendo fines de justicia y con la intención de recobrar la confianza pública insistentemente resentida por similares casos,  y no admito que el gobierno comunal pretenda quedar como víctima, cuando es parte de este grave y escandaloso problema. Pido así, su investigación penal pertinente., a tales fines y efectos.

III.- OTROS HECHOS QUE MERECEN SER INVESTIGADOS.

    En estricta vinculación con el tema en estudio, a aparecido publicación periodística que dan cuenta de que en el marco de la polémica desatada en torno a la empresa TUQSA, un supuesto documento judicial, que no formaría parte de la causa penal instruída y cuya investigación esta a cargo de la Dra. Martucci, quien el mismo medio gráfico de prensa, refleja que lo ha desconocido como parte del expediente judicial.
    Adjunto ambos recortes periodísticos, y solicito se instruya investigación penal al respecto, bajo las diligencias que el Sr. Fiscal estime corresponder., ya que sería inaceptable conductas que entorpezcan el normal desarrollo de la investigación judicial.

III.- OFRECE PRUEBA:  

TESTIMONIAL: Se cite a prestar declaración testimonial a:

 1) Se cite a prestar declaración testimonial al Jefe de la División Penal Tributaria de la AFIP-DGI., jefe de la Agencia 100., a tenor de los hechos motivo de autos.

DOCUMENTAL:

1)    Dos recortes periodísticos que dan cuenta de fs. judiciales cuya autenticidad resulto ser desconocida., ello conforme lo reflejan ambas noticias.

2)    Recortes periodísticos con declaraciones contra la empresa TUQSA realizadas por el Intendente municipal.

INFORMATIVA OFICIO:

1)     Se libre oficio a la AFIP a fin de que informe si solicito embargo judicial contra la empresa TUQSA.

2)     Se libre oficio a la Municipalidad de Quilmes, a fin de informar si se recibió oficio judicial a efectos de trabar embargo de más de setecientos mil pesos ($700.000) sobre la facturación que la empresa TUQSA tiene por cobrar de la Municipalidad de Quilmes por la prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios en la zona Oeste del Distrito.

3)     A la Municipalidad de Quilmes, a fin de adjuntar toda la documentación relacionada al caso de autos.

4)     Toda otra medida de interés que considere el Fiscal.

IV.- COMPETENCIA:

   Por razones de conexidad, economía y celeridad procesal, y al estar instaurada denuncia del Defensor del Pueblo, Dr. Rosano Obdulio, ante la UFI nro. 7 a cargo de la Dra. Martucci, la presente podría ser radicada ante dicha Fiscalía., no obstante esta ser una nueva denuncia que trataría el mismo objeto pero con otros alcances y nuevos denunciados y otras responsabilidades a investigar.

V.- PETITORIO:

1)     Se tenga por formulada la denuncia y se instruya la investigación penal de los hechos.

2)     Se provea la prueba ofrecida y se ordene su producción., y toda otra medida o diligencia procesal probatoria de interés que el Sr. Fiscal considere.

3)     Oportunamente se condene a los denunciados, por los hechos materia de denuncia., ante la comprobación de que su conducta sea penalmente reprochable.

                                           Proveer de Conformidad: SERA JUSTICIA