Los ataques directos y subrepticios al periodismo independiente, las agresiones verbales y el desprecio hacia la actividad profesional, no han cesado en los últimos cinco meses en nuestro país.
   En estos embates preocupantes en un estado de derecho, el diario La Nación, como antes lo fue su subdirector, ahora alejado del cargo el Dr. Claudio Escribano, fue nuevamente centro de la confrontación a la que recurre sistemáticamente el presidente Néstor Kirchner para descalificar a los medios independientes, por el solo hecho de mantener una información amplia, completa y objetiva sobre temas de interés general.
   La institucionalidad de la República se ve seriamente amenazada por el creciente poder presidencial, y la obcecada intención de imponer siempre su voluntad en todos los sectores del estado, vulnerando incluso la división de poderes. “Inaceptable” fue la respuesta que recibió José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, al sumarse a las críticas contra el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que finalmente fue aprobado afectando la independencia y equilibrio de los integrantes políticos y profesionales del cuerpo que tiene a su cargo la designación y remoción de los jueces.
   Estos problemas afectan y preocupan en particular a la prensa libre, cuyo ejercicio sigue sometido a una lenta recuperación de su independencia económica, con el agravante de estar sometida a la descalificación y agravios del Presidente junto con la discriminación en la distribución de la publicidad oficial. No se ha implementado una legislación que garantice procedimientos justos y transparentes y aseguren la imparcialidad en el uso de los fondos públicos destinados a la difusión de los actos de gobierno, reclamados permanentemente por las entidades periodísticas argentinas.
   Un informe reciente elaborado por las entidades Iniciativa Pro Justicia (Open Society Justice Iniciative) y la Asociación de Derechos Civiles (ADC) aborda los problemas que pueden comprometer a la libertad de expresión en nuestro continente, como lo es la caprichosa distribución selectiva de los avisos oficiales entre los medios de comunicación. Este análisis, publicado en el libro Censura Sutil, describe las formas indirectas de presión que afectan el desenvolvimiento editorial de los medios de prensa.
   Pero no siempre el censor gubernamental es encubierto. También actúa abiertamente levantando un programa de radio, conducido por el periodista José Eliaschev hasta diciembre último por la emisora estatal Radio Nacional, y en cual criticaba algunos actos de gobierno.
   Esta posición del gobierno nacional repercute en otros ámbitos gubernamentales consecuentes con el poder central, tal el proyecto del gobernador de Tucumán, José Alperovich, que promueve un peligroso “derecho de réplica”, para ser incorporado en la modificación de la Constitución provincial. La Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), expresó su preocupación por los renovados intentos de interferir en el pleno ejercicio de la libertad de prensa.
   Pretender la cesión de espacios obligatorios en diario radios y TV y demás publicaciones por supuestas críticas a funcionarios o particulares pone a los editores en la disyuntiva de correr el riesgo de opinar o difundir “agravios”, como lo califica el gobierno tucumano, o compartir páginas y minutos con la perorata oficial.
   Por otra parte, las trabas gubernamentales al proyecto legislativo de Acceso a la Información Pública, finalmente congelado por presiones de alto nivel, parecen confirmar este quiebre en las relaciones entre el poder y la sociedad.
   También el Poder Judicial pretendió una censura previa cuando la fiscal interina de Instrucción Nº 38 solicitó al director de la revista Veintitrés, informes y precisiones acerca de la redacción de una nota, que todavía no se había publicado.
   Otro incidente preocupante afectó al escritor y periodista argentino José Ignacio García Hamilton, cuando se le prohibió el ingreso a Cuba el 18 de febrero del corriente año. La Cancillería argentina pidió explicaciones y embajador en La Habana se interesó en el problema. No se conoce todavía la contestación de la Cancillería cubana, pero en oportunidad de una visita posterior a Cuba del gobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obeid, declaró a la agencia oficial argentina Télam que el gobierno cubano procedió correctamente al no permitir la entrada a la isla del Dr. García Hamilton por ser un opositor a Fidel Castro y haber escrito el prólogo de un libro de un disidente.
   En esta dificultosa actividad profesional, periodistas del diario dominical Perfil, fueron increpados y amenazados por personal apostado frente al domicilio que el presidente de la Nación posee en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, para que se alejen del lugar. Desde varios autos, personas identificadas por la policía local y que se desempeñarían en medios periodísticos locales, trataron de arrebatarles a los enviados el equipo fotográfico. Los periodistas de editorial Perfil efectuaron la denuncia policial, que fue derivada al Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del juez Santiago Losada, por agresión e impedir por la vía del hecho la actividad de los profesionales de prensa en el ejercicio del derecho constitucional de informar.
   La revista Noticias, también de Editorial Perfil, fue blanco de los dardos presidenciales que la calificó como enemiga del gobierno. Según una nota publicada por el periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, el presidente Kirchner expresó: “No tengo nada personal contra nadie, ni siquiera contra los periodistas más críticos” y subrayó “que a veces sólo me divierto”. “Sí, tengo una cuestión personal contra un periodista porque siento que calumnia”. Mencionó al destinatario, pero Noticias aceptó que el periodista que nombró el Presidente era su fundador, Jorge Fontevecchia.
   Otros tres periodistas fueron heridos a pedradas y perdieron sus equipos fotográficos y de filmación, mientras cubrían un operativo antidroga en el barrio porteño de Mataderos. Los afectados pertenecen a la agencia oficial Télam, a diario Clarín y a Canal 9 de la Capital Federal.
   Por su parte Germán Pomar, del diario Norte de Resistencia, Chaco, fue herido cuando efectuaba la cobertura periodística de un desalojo en Pueblo Vilelas, en esa provincia argentina.
    No sólo los medios o empresas periodísticas sobrellevan dificultades con la libertad de informar sino también hasta los simples ciudadanos. La señora Cecilia Pando de Mercado, autora de una carta del lector publicada en el diario La Nación el año pasado en la que criticaba la decisión del gobierno de separar de sus funciones a un obispo con sede en las Fuerzas Armadas, padeció una censura a la libertad de expresión, y una clara demostración de las presiones para silenciarla o castigarla por el solo hecho de criticar al gobierno. Su esposo, militar de carrera y con una foja de servicios brillante fue pasado a disponibilidad por ser co-responsable de los dichos de su esposa. Durante un acto que se llevó a cabo en la sede presidencial el 8 de marzo, y cuando el presidente Néstor Kirchner, se refería al papel de la mujer en su día, expresó “que hoy la mujer argentina está muy preparada, es muy inteligente y tiene un pensamiento absolutamente independiente y dicen lo que piensan”. La autora de aquella carta interrumpió al Presidente y le dijo: “Señor Presidente, yo no puedo decir lo mismo porque mi marido se quedó sin trabajo por algo que yo dije”.
   El gobierno de Argentina ha aceptado participar en el canal oficial Telesur, empresa propagandística del presidente venezolano Hugo Chávez, mientras que Uruguay solicitó que no se le mencione como socio hasta que la iniciativa sea aprobada por el parlamento, al que al Poder Ejecutivo de ese país envió el 10 de marzo el proyecto respectivo.

Sociedad Interamericana de Prensa
Informe ante la Reunión de Medio Año. Quito, Ecuador
17 al 20 de marzo del 2006