-¿Quién habla?

-“Soy Cristina, pelotudo…”

El abuso no tiene sexo. Abusa quien quiere y puede, contra quien tiene menos poder que el abusador. El abuso es un ejercicio de poder que desnaturaliza y desvía los fines por los cuales ese poder ha sido depositado en quien lo detenta. Es, además, un ejercicio de poder sin controles o, en el mejor de los casos, sujeto a controles débiles.

El abuso no sólo existe por las precarias condiciones morales del abusador, sino por la ausencia de normas éticas para el ejercicio del poder. Y si del Estado se trata, por ausencia de ética pública y de controles republicanos.

El esquema que garantiza los delitos sexuales y el posterior silencio de la víctima, cuando se dan desde el ámbito público, es el mismo que garantiza el clientelismo y la corrupción en general. Por eso es que para combatirlo eficazmente se requiere de transparencia respecto el acceso a las prestaciones que otorga el estado, de modo tal que no haya lugar para hacer favores, ni para pedir su devolución.

En cambio, cuando la lucha contra el abuso se disfraza de “revolución”, cuando se propone invertir la carga de la prueba o establecer presunciones de culpabilidad, lo que se hace es ir contra la república, contra las instituciones, o sea, contra la libertad del ciudadano. De este modo, no se hace otra cosa que generar nuevos grupos de poder con capacidad de ajusticiar o beneficiar, sin control alguno, abriendo nuevas oportunidades para nuevos favores que luego deban ser retribuidos. Abriendo nuevos condicionamientos a la libertad de expresión y garantizando el silencio de todo aquello que a los revolucionarios de turno no les guste escuchar.

Hablamos de abuso, en general, y ello también incluye a las agresiones de tipo sexual. La educación sexual en la escuela, desde ya que puede ser muy útil para prevenir los abusos de este tipo, pero debe darse en un contexto de promoción de la cultura cívica, de los valores republicanos y democráticos. Porque la respuesta a este tipo de abusos, y a cualquier otro tipo de abusos, debe ser institucional, republicana y democrática.

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los principios de la ética pública deben ser “contenido específico” en todos los niveles de la educación. Este requisito no se cumple, y no se les explica a los niños que un funcionario no debe utilizar al estado para beneficio personal, que debe ser transparente y proveer la información pública que se le solicita, entre otros. Lejos de eso, muchas escuelas abonan las prácticas de autopromoción de cierta dirigencia política y sindical. Los establecimientos educativos se utilizan para el proselitismo y el adoctrinamiento político o gremial, abusando y violentando así la mente de los niños.

En definitiva, no se puede estar en contra del abuso sexual y a la vez respaldar regímenes fundados en el clientelismo y en la reproducción de la mentalidad clientelar por vía del sistema educativo. La corrupción no distingue delitos a la hora de silenciarlos, porque es un sistema de protección mutua, sostenido sobre la base de que todos sus componentes tienen algo que esconder. Un sistema donde nadie puede tirar la primera piedra. Un sistema de “omertá”.

No es usual terminar una nota con una propuesta, pero lo voy a hacer: sugiero que le preguntes a tu hijo, a tu sobrino, o a cualquier niño en edad escolar, de modo muy sencillo, si le parece bien denunciar a quienes hacen las cosas mal. En esa respuesta estará contenido gran parte del futuro de nuestra Nación.