La Justicia de Tierra del Fuego procesó por segunda vez a familiares del secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma) Pablo Micheli, en una causa donde se investiga un presunto fraude en la delegación Buenos Aires de la obra social provincial, a través del cobro de cheques destinados al pago de prestadores médicos.

Así lo confirmaron a la agencia de noticias Télam fuentes judiciales al señalar que Elizabeth Micheli, hermana del dirigente sindical y jefa de división de la obra social, Marisa Sánchez -consuegra de la anterior- Nadia Margaride -cuñada de Marisa Sánchez y ex responsable de uno de los fondos permanentes de la delegación del organismo- además de los agentes Alfredo Ríos y Álvaro Chavarría ya habían sido procesados en octubre de 2017 por el juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler.

Sin embargo, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia anuló esa resolución con el argumento de que no se había analizado la cuestión de competencia planteada por los abogados defensores, para quienes el caso debía tramitarse en tribunales de Capital Federal, y no en Tierra del Fuego.

La Cámara, además, apartó del expediente a De Gamas Soler por lo que las actuaciones recayeron en la jueza de Instrucción 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, quien volvió a expedirse en un fallo cuyo contenido trascendió ahora.

La jueza consideró a los imputados como coautores del delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” y les dictó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 150 mil pesos, según puede leerse en el pronunciamiento judicial al que accedió Télam.

El caso corresponde a una denuncia realizada a fines de 2016 por el presidente del ex Instituto Provincial de Servicios Sociales (IPAUSS) Rubén Bahntje, e involucra el cobro de 9 cheques por $83.150 que fueron cambiados en ventanilla por algunos de los involucrados con autorización de los demás.

El antecedente de la causa es una investigación administrativa que hizo foco en la falta de rendición de los fondos permanentes utilizados para el pago de prestadores, pago a afiliados y caja chica, todos en Capital Federal y durante 2014.

El informe 2051 de la auditoría interna del organismo, fechado el 27 de mayo de 2016, arrojó que algunos de los cheques correspondientes a esos fondos, no habían sido rendidos, y que habrían sido cobrados por los mismos responsables de extender los pagos.

Para intentar verificar esa situación, la Justicia ordenó una pericia contable, de donde surgió que, efectivamente, todos los cheques fueron firmados por algunos de los acusados y cobrados por otros.

Además, la pericia determinó que “no se verificó la existencia de gastos que se correspondan con actividades propias del IPAUSS” y que se hayan cancelado con los cheques sujetos a la investigación.

Los investigadores descubrieron, por ejemplo, que el cheque número 2304296 por $40 mil había sido librado por Sánchez y por Micheli, y cobrado por la propia Sánchez, el 1 de abril de 2014.

Por su parte, el cheque número 2366402, por 16.900 pesos, había sido librado por Margaride y cobrado por Sánchez, el 14 de agosto de 2014, siempre según los documentos que obran en la causa judicial.

Los acusados adujeron en el expediente que “era una práctica habitual firmar y entregar cheques a nombre de otros compañeros con el fin de obtener dinero líquido y abonar gastos” que garantizaran el normal funcionamiento de la obra social.

Sin embargo, la Justicia acreditó que en el libro de bancos del organismo, los cheques figuraban como pagados a los prestadores, mientras que en la práctica habían sido percibidos por los funcionarios, y que “no se ha podido verificar el destino de los importes no rendidos oportunamente”.