Una Lilita Carrió mucho más tranquila que la que agitó las redes sociales hacia finales del año pasado, de buen ánimo, y como siempre muy defensora de Cambiemos, ponderó enfáticamente el viernes la implementación por decreto de la extinción de dominio. Lo hizo dos días después de entrevistarse con Mauricio Macri, con el que no se reunía desde hacía meses, y al que fue a ver a la residencia presidencial de Olivos.

En el momento más ríspido entre ambos, recordemos que la líder de la Coalición Cívica llegó a decir que había perdido la confianza en el Presidente. El viernes, en su visita al canal de cable de La Nación+, minimizó esos dichos, al punto que dijo haber recuperado la confianza en Macri porque “hizo bien los deberes”, y en ese sentido volvió a ponderar la firma del DNU con el que arrancó la semana.

Ese decreto recibió las críticas de quienes no podía esperarse que hicieran lo contrario, el kirchnerismo, pero también de los que votaron en Diputados una ley muy similar, basada en un proyecto de Sergio Massa. Argumentaron que es una medida electoralista, y previsiblemente lo es, pero en efecto desde hace tres años el Congreso no logra ponerse de acuerdo con el tema; y también cuestionaron la probable inconstitucionalidad del decreto. Un reparo que contempla dos bibliotecas: están los que ponen atendibles condicionamientos, ya sea porque por decreto no se puede avanzar en cuestiones penales, o por la posible ilegalidad de legislar hacia atrás; mientras que los que están de acuerdo aseguran que “en materia civil puede haber decreto”, y que es legal avanzar sobre el producto de los ilícitos contemplados en la norma, así sea retrocediendo en el tiempo.

Lo cierto es que el condicionamiento sobre la constitucionalidad era un elemento que ya existía sobre la media sanción aprobada en Diputados, y fue el argumento fundamental esgrimido por quienes transformaron el proyecto en el Senado, que devolvió a la Cámara baja algo muy distinto. ¿Por qué el gobierno no mandó a sus legisladores a votar el proyecto original en Diputados, cosa que tranquilamente hubieran podido imponer por mayoría, validando la media sanción original? Luego, en la reglamentación bien podrían haber corregido cuestiones puntuales, dejando la iniciativa más parecida a lo que terminó diciendo el decreto.

Ya hemos explicado la razón por la cual el oficialismo omitió insistir con el proyecto: los acuerdos con el interbloque Argentina Federal de Diputados, que responde a los gobernadores y que es la bancada espejo de la que conduce en el Senado Miguel Pichetto. Muchos de los legisladores del bloque que conduce el salteño Pablo Kosiner, comenzando por él mismo, habían votado en 2017 el proyecto original, que Pichetto y compañía despedazaron. Devolución de atenciones tras la aprobación del Presupuesto 2019, el gobierno evitó deliberadamente generarles tensiones internas y congelaron el tema, argumentando también supuestas discrepancias dentro del propio bloque oficialista.

Liberados de compromisos, si la oposición quiere forzar el tratamiento nuevamente en el Congreso el oficialismo no rehuirá el debate, que no le causa desgaste alguno. Sí al peronismo en ambas cámaras, y más en un tiempo electoral…

Por recomendación de sus espadas legislativas, el Presidente decidió moderarse este verano en materia de decretos de necesidad y urgencia. Mucho, en comparación con los años anteriores, en los que siempre avanzó con alguna norma polémica, que le trajo más de una controversia y no pocos retrocesos. Pero ahora han tomado previsiones, atentos en principio a que perdieron la ventaja que tenían en la Bicameral de Seguimiento de los DNU. Hasta el año pasado igualaban en número a la oposición, pero como el presidente era propio -el senador Luis Naidenoff- su voto que valía doble le permitía al oficialismo imponer los dictámenes de mayoría. Ahora la bicameral está en manos del camporista Marcos Cleri,

Y además el gobierno quiere otro año de “baja intensidad” en el Congreso, y en lo posible no estar sometido todo el tiempo a los pedidos de sesiones especiales de la oposición, por ejemplo para tratar de voltearle decretos.

En rigor, ya el kirchnerismo anunció la presentación de un proyecto para derogar otro DNU que firmó el Presidente a su regreso de las vacaciones, habilitando la privatización de frecuencias de ARSAT. Los diputados Daniel Filmus y Pablo Carro consideran al decreto inconstitucional y violatorio de la ley.

Está claro que los recintos del Congreso, sobre todo el de Diputados, serán utilizados este año muy especialmente por la oposición con la intención de llevar la campaña a los mismos. Y estarán en su derecho, tratándose de reclamos atendibles. Les asiste el mismo argumento que puede usar Cambiemos con el DNU sobre extinción de dominio. Por ejemplo la oposición volverá a hacer eje en tarifas, tema sobre el cual comenzarán a llover amparos a partir de que concluya la feria judicial, en febrero. Desde marzo, la cuestión estará pronta a ser impulsada en los recintos, donde ya el año pasado se aprobó un proyecto que retrotraía las tarifas al 1° de noviembre del año anterior y establecía que no podían aumentar más que los salarios. El Presidente terminó vetando.

El encuentro de Mauricio Macri con Elisa Carrió, que no incluyó difusión de fotos, fue parte del realineamiento de Cambiemos de cara al año electoral que se inicia. Y si de algo puede hacer alarde el oficialismo a diferencia de la oposición es de mostrarse cohesionado. No hay mucho más que pueda exhibir, por ahora.

En ese mismo contexto el Presidente se mostró dos días seguidos con otra mujer fuerte de Cambiemos, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, su as de espadas electoral. El jueves se encontraron por primera vez en el año, y el viernes volvieron a hacerlo, incluyendo esta vez una charla como no había habido el primer día.

Previsiblemente hablaron del desdoblamiento electoral, alternativa que seduce en La Plata, pero que no convence en la Rosada. Se acordó no avanzar en definiciones sobre el tema hasta fines del mes próximo, o principios de marzo. En rigor, estirarán la indefinición lo más que puedan, así lo decidan antes. Pasa que están atentos a las dudas que genera dentro de la oposición peronista, que no tiene aún candidato elegido para la provincia de Buenos Aires, ni estrategia concreta. Solo que la mayoría de los intendentes quieren ser reelectos y a tal fin encolumnarse detrás de la candidatura más taquillera, que hoy es la de Cristina Fernández. En ese contexto no es lo mismo que la expresidenta esté en las listas, a que no sea así, como pasará si la elección se adelanta.

La controversia que el tema abría en el espacio peronista quedó en evidencia bien de entrada, cuando el rumor se transformó en posibilidad concreta y el PJ bonaerense estalló de furia. A sabiendas entonces de lo que la situación genera en el seno del peronismo, es obvio que Cambiemos alargará al máximo la incertidumbre ajena.

Donde no podía extenderse la indefinición era en la Corte Suprema, que debía definirse contrarreloj sobre el planteo realizado por la dirigencia riojana de Cambiemos respecto de la consulta popular prevista para este domingo por el gobernador Sergio Casas, que busca a través de ella ser habilitado para su re-reelección. No es que Casas haya sido dos veces gobernador, lo es recién desde 2015, pero en 2011 fue elegido vicegobernador, y la Constitución riojana -igual que la de otros distritos y la nacional, por ejemplo- le contabiliza ese período.

En fallo dividido, la Corte Suprema desestimó el recurso, aunque sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, de modo tal que quedó firme la cita electoral de este domingo, la primera de un año lleno de elecciones, desdoblamientos mediante. Y más allá del traspié judicial de Cambiemos -que ratifica la escasa sintonía oficialista con el Tribunal Supremo-, puede ser también una oportunidad concreta para arrancar con el pie derecho el calendario electoral.

No les será fácil, pues enfrentan al aparato provincial oficialista, pero Cambiemos cuenta con dos candidatos competitivos, el senador radical Julio Martínez y el intendente peronista de la capital, Alberto Paredes Urquiza, que quieren ser gobernadores, mientras que el propio vicegobernador Néstor Bosetti está enfrentado con el gobernador Casas. Además, en 2017 Cambiemos ganó por 3 puntos las legislativas, e incluso en 2015 la fórmula Macri-Michetti se impuso en el balotaje por 13 puntos.

Antecedentes no necesariamente replicables ahora, en un contexto de crisis, pero a priori datos certeros: cuando el gobierno nacional festejó en 2017, La Rioja era una de las provincias que imaginaban gobernando a partir del próximo 10 de diciembre.