Finalmente, la reunión que se iba a llevar a cabo en la Comisión de Acuerdos del Senado para tratar 11 pliegos de jueces no se concretó. Aunque sería mejor decir que en verdad se realizó en forma parcial. Las ausencias de los senadores kirchneristas Marcelo Fuentes y Anabel Fernández Sagasti (foto) generaron falta de quórum, lo que imposibilitó el tratamiento de las impugnaciones contra el Dr. Federico Hooft, tema que ya trató este medio y quien fuera propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la titularidad del Juzgado Federal 1 de la ciudad de Mar del Plata, que se encuentra subrogado desde el año 2015. En la actualidad, lo subroga Santiago Inchausti, titular del Juzgado 3.

La Comisión la integran 17 senadores, y para que pueda sesionar, deben estar presentes al menos 9 de ellos. Debido a que ese número no se alcanzó, su Presidente, el justicialista Rodolfo Urtubey, decidió no tratar las impugnaciones y el descargo que preparara el Dr. Hooft contra las mismas, pero sí permitió escuchar a otros postulantes al cargo de magistrado, hecho que generó muchas suspicacias. Además del hecho que la ex presidenta Cristina Kirchner había solicitado permiso para no concurrir a la tercera audiencia del juicio que se le sigue en la llamada causa “Vialidad” aduciendo que debía reunirse para debatir las posturas a tomar en la fallida sesión de hoy con los senadores que le responden.

Otro dato llamativo es que quienes integran la terna junto a Federico Hooft para ocupar el Juzgado marplatense son Julio Gonzalo Miranda, designado por la ex mandataria como Fiscal General ante el TOF de Santa Cruz el 1 de junio de 2015 (ver imagen), y Roberto Boico, abogado defensor de Cristina en la causa por el memorándum con Irán y, según publicara el periodista Nicolás Wiñazki en agosto de 2015, ex empleado jerárquico del ex vicepresidente Amado Boudou en el Senado y muy allegado a Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo. “Esta más que claro que la movida no solo tiene que ver con no permitir que Federico Hooft asuma como Juez sino también nombrar en su lugar a alguien afín”, asegura un letrado marplatense muy conocedor de las internas judiciales locales.

La justicia federal marplatense quedó en el centro de todas las miradas a partir de la decisión de la Cámara Federal local, integrada por Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, de confirmar la competencia del Juez Alejo Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje ilegal, y de mantener la declaración de rebeldía del Fiscal de Comodoro Py Carlos Stornelli, quien investiga el caso de los cuadernos de la corrupción k. Cabe agregar también que tres de las cuatro fiscalías federales de la ciudad están a cargo de fiscales muy cercanos a  Justicia Legítima. El más importante sea acaso Daniel Adler, representante de la Procuración justamente ante la Cámara y titular de la filial local de la agrupación judicial kirchnerista. También se lo señala a Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado en lo Penal 3 de Mar del Plata y subrogante del 1, como una persona muy vinculada a La Cámpora y que contaría con la protección de su colega de Comodoro Py Ariel Lijo. Federico Hooft es Secretario Federal de dicho juzgado.

Si bien el total de las impugnaciones en su contra corrieron por cuenta de organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e H.i.J.O.S, entre otros, en el día de hoy circularon versiones, aunque incomprobables, que habría existido una fuerte presión por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata, como así también del Fiscal Adler, y del propio Juez Inchausti, para que el pliego de Federico Hooft no sea tratado, quien no es bien visto por parte de la Justicia local a partir de una denuncia que presentara contra algunos de sus integrantes en 2013 a partir de los dichos de Claudio Kishimoto, ex fiscal subrogante en la ciudad, quien le admitió al Dr. Hooft que la causa contra su padre por delitos de lesa humanidad era “un gran verso”. La presentación del letrado involucró al mencionado Daniel Adler, a Pablo Larriera, por entonces también fiscal subrogante y actual camarista en Bahía Blanca, y al propio Kishimoto, entre otros. Este último actualmente se desempeña como representante del Ministerio Público en Santa Fé.

El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad en 2006 mediante una querella criminal iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por haber “cajoneado” habeas corpus por el secuestro de un grupo de abogados laboralistas en 1977, hecho conocido como “La noche de las corbatas”. El 5 de marzo de 2013 el magistrado fue suspendido provisoriamente en sus funciones y privado del 40% de su sueldo. Un año después, en abril de 2014, un Jury de enjuiciamiento presidido por el Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires Juan Carlos Hitters absolvió al magistrado con un contundente 8 a 2 y decidió restituirle su cargo y su sueldo completo. Pero la causa continuó hasta que la propia Corte Suprema de la Nación el 28 de febrero de 2018 confirmó la absolución de Pedro Hooft, por lo que un día después, el 1 de marzo, el juez de la causa, Martín Bava, decidió el sobreseimiento definitivo.

La impugnación más importante que hacen contra Federico Hooft es por la grabación que le realizara en 2013 al mencionado Claudio Kishimoto, que procuraba en ese entonces la investigación, donde éste confesó el armado de la causa contra el Juez, en la cual se afirma que “en una actitud abiertamente ilegal, grabó y filmó en forma inconsulta a Kishimoto cuando este se encontraba desarrollando la investigación, violando así el derecho a la intimidad”. Sin embargo, la Sala III de Casación sostuvo que “Hooft (h) precisamente realizó la grabación en el convencimiento de que su padre estaba siendo víctima de una persecución política y judicial ilegítima preñada de ilicitudes”, agregando que “no puede sostenerse que el Fiscal haya sido coaccionado”. Por su parte, el Fiscal Javier De Luca, en su dictamen, había sostenido que “la conversación captada no puede ser considerada lesiva del derecho a la privacidad”.

Pese a no poder presentarse en la comisión, Federico Hooft entregó por escrito su descargo. Pero todo parece indicar que su pliego no será tratado hasta después de las elecciones. “Si gana Cristina, retiran el pliego y se acabó”, afirma el abogado consultado. Y afirma tajante: “Esto demuestra que la persecución contra Hooft continúa, y muestra que el poder de Cristina y de los organismos de derechos humanos sigue intacto”. El observador