En las últimas horas, el fiscal general Abel Córdoba, a cargo de la Fiscalía General Nº2 ante los TOF, solicitó condenar a cuatro años de prisión a Amado Boudou por la compra irregular de 19 vehículos durante su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el marco del mismo juicio pero por otro hecho, el MPF había requerido una pena de 3 años en suspenso por el delito de falsedad ideológica. En virtud de ello, la Fiscalía pidió que por ambos delitos se le aplique un total de cinco años.

El representante del MPF tuvo por acreditado que el Ministerio de Economía, para ese momento a cargo de Boudou, efectivamente había adquirido aquél lote de autos –algunos de ellos de alta gama– mediante un procedimiento que consistió en una contratación directa en beneficio de la firma Guido Guidi SA, sorteando los procedimientos correspondientes y simulando un proceso de subasta.

En este sentido, tuvo por probado que el entonces ministro de Economía instigó a que su secretario de Legal y Técnica, Alberto Benigno Vélez, arbitrara los mecanismos necesarios para adquirir directamente los vehículos, todo lo cual requirió de la participación necesaria de Daniel Reposo – Síndico General de la Nación en esa época- mediante el aporte de una nota apócrifa que contenía valores de precios testigos, y de Fernando y Guido Guidi, quienes simularon realizar una subasta privada a tales fines, siendo a su vez beneficiados por el monto abonado por aquella compra directa.

Al momento de pedir penas, de igual manera que lo hizo para el ex funcionario de Economía, la Fiscalía requirió se les imponga a Benigno Vélez y Daniel Reposo 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlos autor y partícipe, respectivamente, de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y uso de documento público falso.

Respecto a Fernando y Guido Guidi pidió que sean condenados a tres años de prisión en suspenso por ser partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles, y solicitó también se les imponga a cada uno el máximo de la multa prevista en el artículo 22 bis del CP. De otro modo, el fiscal general entendió que el aporte del imputado Álvaro Palencia Reffino resultó intrascendente para lograr la compra de esa partida vehicular, motivo por el cual concluyó luego que correspondía su absolución.

La causa se inició con motivo de la adquisición de 19 vehículos 0km, 9 de parte del Ministerio de Economía a la concesionaria Guido Guidi SA, mediante un procedimiento de subasta que habría tenido lugar durante el mes de diciembre de 2009. Así, se inició una investigación que culminó con la imputación de Amado Boudou –por entonces Ministro de Economía–, Alberto Benigno Vélez –Secretario de Legal y Técnica del Ministerio–, Álvaro Palencia Reffino –Director de Asuntos Administrativos y Financieros del Ministerio–, Daniel Reposo –Síndico General de la Nación en esa época–, y los titulares de la concesionaria Fernando y Guido Guidi, por haber intervenido una maniobra defraudatoria en perjuicio de las arcas del Estado.