En el ambiente cooperativo y mutual causó sorpresa -muy grata, por cierto- el proyecto de ley que el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la semana pasada, el cual, de un plumazo elimina las principales restricciones que actualmente existen para el funcionamiento de las Cajas de Crédito Cooperativas. Es decir que, de la noche a la mañana, estarían a punto de caer las severas limitaciones que hasta ahora inviabilizaban la actividad de las referidas entidades financieras solidarias, sometidas a un rígido corset normativo que impide su desarrollo competitivo y su crecimiento en el seno de la sociedad.
    Es conocida la perseverante prédica positiva y las permanentes gestiones realizadas por las organizaciones sectoriales dirigidas a conseguir la anulación de los impedimientos que, desde la época de las dictaduras militares, coartan la presencia cooperativa en este trascedente ámbito de gestión económica. Conocida es, también, la férrea oposición de parte de las autoridades anteriores y actuales -en especial del BCRA- hacia cualquier iniciativa que signifique la modificación del actual statu quo y que apunte a la liberalización del encuadre sistémico de las Cajas de Crédito, lo que de ocurrir -según se sostiene- debilitaría la precaria estabilidad vigente en el país.
    Hemos señalado en otro artículo que, tanto para quienes manu militari prohibieron de facto la operatoria financiera de las cooperativa hace 40 años atrás, como para los que conducen la política económica en el presente tiempo democrático, el fantasma de la inflación es considerado un enemigo de primer órden a ser combatido con absoluta prioridad, habida cuenta la nefasta tradición que, en el terreno de dicha trasegante patología macroeconómica, arrastra la República Argentina desde hace más de medio siglo.
    Al respecto, hay que señalar que constituye una "mentalidad" vastamente generalizada en Latinoamérica, atribuir el fenómeno inflacionario a la supuesta colusión de conductas de parte de los agentes económicos que intervienen en los mercados, quienes, bajo ciertas condiciones de amplia desregulación, aumentarían precios, tarifas, tasas y salarios, provocando la suba del nivel general de precios de manera continuada. Dentro de esta tesitura, las Cajas de Crédito Cooperativas habrían sido culpables en el pasado de facilitar la expansión "irresponsable" de medios de pago, lo que -según se dice- fogoneó el vertiginoso proceso inflacionario que afectó al país durante décadas. Una versión aggiornada y morigerada de esta "doctrina macro" es la que predomina hoy entre nuestros gobernantes y los partidos políticos mayoritarios de Argentina.
    Es lógico, entonces, que hasta ahora haya sido poco menos que imposible encontrar, de parte de las organizaciones representativas de la Economía social, interlocutores políticos que estén dispuestos a promover los cambios legislativos y normativos que permitan a las Cajas de Crédito operar con razonable libertad y, de esa manera, llegar a ser competitivas con relación al sistema bancario convencional. Por ello, sorprende sobremanera que, de buenas a primeras, contemos con una ley que ya cuenta con media sanción y que, en forma ostensible, define un encuadre legal a contramano del pensamiento económico vigente.
    De mi parte, estoy convencido de que la inflación es un fenómeno monetario y fiscal que se dispara cuando la emisión dineraria supera el ritmo de crecimiento de la oferta de bienes y servicios; que se activa cuando sufre alteraciones la relación existente entre las reservas genuinas y la base monetaria; y, también, en la medida en que, de no existir superávit presupuestario, el Estado no puede absorber el circulante excedentario en poder de los particulares. Además inciden, en un sentido o en otro, los servicios de la deuda pública, el nivel de la tasa de interés, el saldo de las balanzas comercial y de pagos, etcétera. En todo caso, reconozco que los factores microeconómicos (empresas, consumidores, inversores, bancos, sindicatos y prestadores de servicios públicos) al intervenir en los mercados accionan mecanismos propagadores -amplificadores, incluso- del movimiento ascendente de los precios, pero no son generadores primigenios de este síndrome.
    Ésta no es, precisamente, la filosofía económica dominante en la Argentina actual. Por ello se persigue a los productores y distribuidores de alimentos (la represión desatada en el mercado de carnes, curiosamente, hace recordar la gestión de Martínez de Hoz) como si fueran los culpables de los aumentos observados en los bienes de consumo directo, cuando la causa está en una oferta productiva estancada hace décadas y una demanda solvente expandida por el gasto público en sostenido ascenso (los subsidios destinados a los servicios de transporte para que no aumenten las tarifas, liberan fondos que el consumidor utiliza para comprar más carne, por ejemplo). 
    A su vez, por la misma concepción macroecónomica son demonizadas determinadas actividades financieras que, como la administración de cuentas corrientes cuasi-bancarias y el otorgamiento de préstamos, que podrían efectuar a las Cajas de Crédito, se reputan sospechosas de generar tensiones inflacionarias. De adoptar otra interpretación respecto a la causalidad inflacionaria, las cooperativas estarían en condiciones de prestar importantes servicios a los sectores económicos y sociales que, por la escala o la índole de sus actividades, no están adecuadamente bancarizados. 
    En definitiva, y sin ponerme demasiado suspicaz, me temo que lo ocurrido en el Senado días atrás, en la medida en que significa un trascendente giro en materia de política económica, no va a pasar de ser un encomiable gesto voluntarista de los senadores pero orientado a ninguna parte. Es decir: sospecho que la audaz iniciativa no pasará el filtro de la Cámara de Diputados y será guardada en algún oscuro cajón hasta que pierda estado parlamentario; o, en última instancia, de sancionarse la ley tal como fue presentada, el PEN la vetará total o parcialmente; o bien, al final del camino legislativo, el Banco Central se encargará de bloquearla o desnaturalizarla para que nada cambie en un medio que, como el bancario y financiero, existen tantos prejuicios y temores. Así, una vez más el cancerbero de la estabilidad económica -el BCRA- volverá a interpretar el papel de "malo y ortodoxo", mientras que los legisladores asumirán el rol políticamente correcto de haber sido "buenos y solidarios" aunque el resultado sea nulo. 
    Por cierto que -por el bien de la economía social- espero equivocarme con las dudas aquí expuestas y que motivan este llamado de atención. En todo caso, la intención es prevenir a las organizaciones cooperativas y mutuales para que estén alertas, de modo de salir a defender la ley de reciente aprobación parcial, en caso de la misma resulte ser solo una maniobra demagógica que desemboque en una nueva frustración para el sector social.

Gustavo Ernesto Demarchi

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Anexo: Artículo diario La Nación
AVANZA UN PROYECTO PARA DAR MÁS PODER A LAS COOPERATIVAS

    El Senado aprobó ayer un proyecto de ley que le permitirá las cajas de crédito cooperativas tener las mismas prerrogativas que un banco, al eliminar las actuales restricciones que establece la ley de entidades financieras para ese tipo de organismos. 
    Entre las facultades que tendrán las cajas figura la posibilidad de recibir depósitos superiores a $ 10.000 y la de abrir sucursales en ciudades o localidades diferentes del lugar donde se encuentran establecidas. Este nuevo status pondría a esas entidades en similares condiciones que un banco. 
    La iniciativa permite a las cooperativas, además, realizar operaciones con cualquier persona y las exime de los límites a las tasas de interés que pueden cobrar por sus préstamos. Ahora sólo pueden operar y recibir depósitos de sus asociados. 
    El proyecto aprobado por unanimidad de los 45 senadores presentes fue redactado por la legisladora Graciela Bar (PJ-Entre Ríos) y beneficiará a 511 cooperativas, de las casi 20.000 existentes en el país, que tienen autorización del BCRA para funcionar como cajas de crédito y consumo. 
    Al fundamentar su iniciativa, Bar recordó que las restricciones a las cooperativas para ser agentes financieros comenzaron en la última dictadura militar y destacó la necesidad de devolver esas facultades en toda su plenitud en la "mayor confianza y credibilidad en el sistema crediticio" que existe en la actualidad. 
    "Con estos cambios se abren nuevas opciones para cooperativas de servicios públicos y agropecuarias, que podrán dar más servicio a sus asociados", agregó la legisladora. 
    Según la ley de entidades financieras, las cooperativas de crédito no pueden tener sucursales y están impedidas de aceptar depósitos superiores a $ 10.000. Este requisito, aunque mínimo, quedaría eliminado si el proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados. El hecho de levantar esas restricciones -en particular el tope a los depósitos y a las tasas de interés-, les permitirá a las cooperativas de crédito competir con los bancos. Además, la posibilidad de instalar sucursales les permitirá ganar mercados poco explotados por la banca privada, como las pequeñas ciudades del interior. 

"Primer paso" 

    En el rápido debate sólo participó, además de la autora de la iniciativa, el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), que lo calificó de "favorable" y dijo que era un "primer paso importante para fomentar las cajas de crédito". Según recordó, la pérdida de atribuciones para las cajas de crédito y consumo comenzó en el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. 
    Acorde con los tiempos que corren en el oficialismo, la senadora entrerriana también acusó "a las políticas neoliberales de los [años] 90" por lo que calificó como "la destrucción" de las cooperativas de crédito. 
    "Esto es dar una muy buena noticia", agregó Giustiniani que, fiel a su estirpe de socialista, es un férreo defensor del cooperativismo. Por último, el senador destacó que "no es casual que hayan sido las dictaduras militares quienes fueron contra estas herramientas financieras del productor". 
    Las cooperativas de crédito son, en general, en muchos puntos del país los principales organismos financieros a los que pueden acceder los pequeños productores agropecuarios en su búsqueda de financiamiento para la siembra o levantar una cosecha, así como adquirir o modernizar maquinaria agrícola.