Ex funcionarios que estuvieron a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron denunciados por presunta "defraudación a la administración pública" y "falsedad ideológica de documentos públicos", a raíz del supuesto otorgamiento "fraudulento" de indemnizaciones destinadas a víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar de 1976-1983.

La denuncia, a la que accedió Télam, fue presentada el 26 de junio por Jovina Luna, hermana del conscripto Hermindo Luna, asesinado el 5 de octubre de 1975 en un regimiento de Formosa durante un ataque de la organización armada peronista Montoneros, de la cual en esa ocasión murieron 13 miembros.

Según esa presentación, que recayó en el Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas, los derechohabientes de 9 de esos atacantes, que actuaron durante un gobierno constitucional, antes del golpe de marzo de 1976, recibieron posteriormente indemnizaciones como "falsas" víctimas de la represión ilegal.

"Las maniobras delictivas consisten en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que sus causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público al amparo de la Ley N° 24.411 de indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado", sostuvo la denuncia.

Los ex funcionarios mencionados en la denuncia son quienes ocuparon el área de Derechos Humanos desde 1995 hasta 2015: Alicia Pierini (1991-1997), Inés Pérez Suárez (1997-1999), Diana Conti (2000-2003), el fallecido Eduardo Luis Duhalde (2003-2012) y Martín Fresneda (2012-2016).

Luna se presentó en la Justicia contra los "funcionarios y particulares que actuaron como autores, cómplices y/o instigadores" de una supuesta maniobra "delictiva" para otorgar con posterioridad a la publicación de la Ley 24.411 "beneficios indebidos a personas que no figuraban en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE)".

Por eso, se pide "analizar eventuales responsabilidades, por omisión o falta de control, de organismos públicos nacionales como el Ministerio del Interior, de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la Auditoria General, la Sindicatura General y, en especial, la de las sucesivas Dirección, Subsecretaría y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación".

La denuncia apunta al presunto "cobro de indemnizaciones indebidas por parte de 9 de los 13 integrantes del comando de Montoneros que atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa, el 5 de octubre de 1975".

"El pago fraudulento de indemnizaciones por estas víctimas falsas de la represión ilegal del Estado, abatidos al intentar copar una instalación militar, matando a soldados argentinos durante un gobierno constitucional, en un acto que tuvo amplia y completa difusión pública en todos los medios nacionales, significó el pago de millonarias sumas por parte del Estado, utilizando el dinero pagado por los ciudadanos con sus impuestos", indicó la denuncia.