En una reciente resolución, la Cámara Federal de Bahía Blanca parece dejar en claro su posición frente al Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en caso que avance la causa en su contra que se instruye en la ciudad bahiense por los presuntos delitos de abuso de autoridad y amenazas en perjuicio de los funcionarios judiciales del Juzgado que subrogó en Bahía en 2015. A partir de un recurso de reconsideración interpuesto por el secretario federal Mario Fernández Moreno, debido a una sanción disciplinaria contra él tomada por la propia Cámara el pasado 23 de mayo, los camaristas, además de denegarle el recurso, esgrimen una defensa de Ramos Padilla al afirmar que el sumario decidido por aquel, y que ocasionó la investigación actual en su contra, no se inició apenas asumida su subrogancia, sino que recién allí el magistrado dictó un auto “entendiendo necesario verificar la situación general del Juzgado, ordenando un relevamiento de datos estadísticos y de funcionamiento de cada secretaría y de su personal”.

“Con esta resolución, desactivaron la investigación a Ramos Padilla. Es un disciplinamiento de los camaristas hacia “abajo”, un mensaje silencioso al Fiscal y al juez de primera instancia”, expone un encumbrado funcionario judicial. Y agrega: “Es muy triste el apoyo indirecto a Ramos Padilla sabiendo la Cámara lo que les hizo a los funcionarios de su jurisdicción”. Los jueces que firmaron la medida son Silvia Mónica Fariña, Pablo Candisano Mena y Pablo Esteban Larriera. Completan la conformación del Tribunal los jueces Roberto Amabile y Leandro Picado.    

Cuando tomó posesión del cargo, el 24 de junio de 2015, Ramos Padilla decidió la apertura de un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza, que llegaron con el juez desde Dolores, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura, “Tareas de Reunión de Información”. El último 16 de mayo el Fiscal subrogante ante el TOF bahiense, Gabriel González Da Silva, solicitó requerimiento de instrucción contra Ramos Padilla expresando que “se impone la necesidad de instruir una investigación penal que determine efectivamente la concreción, o no, de sucesos delictivos puntuales”. Y amplía: “Lo que corresponderá pesquisar es si el accionar del magistrado excedió de un mero plan de reorganización y ordenamiento del juzgado, en cuyo marco trajo para tal labor a personal de su confianza, para pasar a constituir verdaderos episodios delictivos”.  

Los funcionarios sumariados, entre ellos el citado Fernández Moreno, secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal 1, comenzaron a detallar lo padecido ante sede judicial, manifestando todos ellos una fuerte presión psicológica, acoso laboral por parte del Juez y de su entorno, modificación drástica de condiciones laborales, y despliegue de tareas de vigilancia, por lo que se dispuso la apertura de otro sumario en agosto del año 2016, a instancias del Juez Héctor Plou. Antes del comienzo de la feria judicial de invierno, ya declararon cerca de 10 empleados. La nómina se completa con el actual Fiscal Santiago Ulpiano Martínez, Nair Ruppel, Ana Araujo, Victoria Echezuri, Anabela Micheletto, Ramón Luayza, Susana Arrechea, Agustin Narváez, Eduardo Álvarez, Estefanía Beltrán, Sonsoles García, Néstor Colavicenzo, y Adrian Liciotti.  Los testimonios que brindaron en 2016 los funcionarios, que ya fueron detallados por este medio, están siendo ratificados en la actual instrucción.

La Cámara Federal bahiense la integran 5 jueces. Uno de ellos es Pablo Larriera, un hombre muy cercano al titular de la agrupación judicial K Justicia Legítima en Mar del Plata, el Fiscal de Cámara Daniel Adler. Larriera, de hecho, ejerció como Fiscal subrogante en la ciudad balnearia y fue parte del armado de la causa contra el Juez Provincial Pedro Hooft, acusado falsamente por delitos de lesa humanidad. Otro de los camaristas es Roberto Amabile, quien supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de Justicia Legítima en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año. En la resolución donde se sancionó a Fernández Moreno, el Dr. Amabile destaca, respecto a la actuación de Ramos Padilla en la ciudad del sur bonaerense, “la integridad en el desempeño de la magistratura, y la eficacia de la labor efectuada”. Y agrega en relación a los testimonios de los funcionarios judiciales que “son cuestiones relativas a la organización interna del tribunal, vínculo profesional con el personal del juzgado y demás cuestiones inherentes a la organización del trabajo diario y la jornada laboral”.

Si bien es cierto que recién en noviembre de 2015 fue designado Jorge Ferro como Instructor en dicho sumario, según denunciaron los funcionarios judiciales, la persecución comenzó mucho antes. Y fue el propio Ramos Padilla quien archivó las actuaciones el 28 de diciembre de 2015, el último día de su subrogancia, aduciendo que se había “superado la grave crisis en la prestación del servicio de justicia que existía en el Juzgado”, pero habiendo sumariado a Mario Fernández Moreno, y a Santiango Ulpiano Martínez, antecesor del juez de Dolores, por supuestas demoras en la tramitación de causas de lesa humanidad, donde involucraban a personajes molestos para el kirchnerismo, como el ex camarista Néstor Montezanti, que investigaba a Juan Suris por lavado de activos y narcotráfico, y al ex Director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot. En paralelo, el Juzgado 1 a cargo de Ulpiano Martínez investigaba la emisión de facturas truchas en favor de Lázaro Báez, caso que había tomado público en octubre de 2014. Dos años antes, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había rebajado de categoría la seccional Bahía Blanca, mudando sus fiscalizaciones a Mar del Plata. Allí revestía como Director Regional Sebastian Durruty, quien de buenas a primera había pasado de ser un inspector del escalafón más bajo del organismo a ocupar un alto cargo en Buenos Aires, en la sección Grandes Contribuyentes. De allí recaló como titular en Mar del Plata, asegurando el freno a la investigación contra el presunto testaferro kirchnerista. El contacto con Echegaray se lo habría provisto un amigo en común, un abogado que estudió con el ex mandamás de AFIP en la ciudad balnearia.

Cabe graficar el derrotero del sumario dispuesto por Ramos Padilla. El 24 de octubre de 2016 fue aceptada la renuncia de Jorge Ferro como Instructor, siendo designado para instruirlo el Juez Walter López Da Silva recién dos meses después, el 22 de diciembre de aquel año. Pero el 14 de julio de 2017, López Da Silva rechaza la propuesta. Cuatro meses más tarde, el 23 de noviembre, la Cámara no hace lugar a aquella excusación. El último 23 de mayo, dicho Tribunal decide sancionar a Fernández Moreno, pese a que el 22 de noviembre de 2018, el Instructor López Da Silva resuelve “desestimar la responsabilidad administrativa” del secretario. Así mismo, el 30 de octubre de 2017, el mismo Juez sobresee a Fernández Moreno de una denuncia que había sufrido por parte de los Fiscales “Ad Hoc” José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani. Según los juristas, estas designaciones del Ministerio Público a cargo de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, fueron irregulares. En su defensa, Fernández Moreno describe que desde asumió en el Juzgado, el 25 de marzo de 2008, y sólo hasta el año 2015, se recibieron 380 indagatorias en causas de lesa humanidad, como las llamadas “Ejército” y “Armada”. En esta última, se acumularon en su gestión más de 30.000 fojas, mientras que en la primera, casi 37.000, totalizando entre 2008 y 2015 la apertura y recepción de 248 expedientes.

El primer instructor del sumario, como se dijo, fue Jorge Ferro, quien siendo camarista titular en Mar del Plata, fue designado el 8 de octubre de 2015 por el Consejo de la Magistratura K con el mismo cargo en Bahía Blanca, junto a otros cuatro colegas suyos, entre ellos Alberto Lugones, hoy consejero, y señalado como protector de Ramos Padilla en el organismo. Según diversas fuentes, Ferro era el nexo entre ambas ciudades. Pero en marzo del año 2018 debió renunciar como camarista en la ciudad balnearia cercado por denuncias por trata, lavado de dinero y tráfico de influencias. Su vocalía aún está vacante. Quien suele ocupar su lugar en algunas resoluciones de la Cámara marplatense es el Juez de Necochea Bernardo Bibel, quien fuera severamente cuestionado casualmente por el mismo Fiscal que hoy pide investigar a Ramos Padilla, Gabriel González Da Silva. Dicho representante del MPF afirmó en un escrito que Bibel encubrió a Roberto Porcaro, un reconocido operador de la zona, en una causa conexa a la “Ruta del dinero K”, tema del que este medio ya se ocupó. Además, también se supo que la AFIP marplatense, bajo el mando del mencionado Durruty, habría frenado investigaciones contra Porcaro. El juez Bibel firmó la resolución de la Cámara de Mar del Plata, junto a Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, que mantuvo la competencia de Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje ilegal que se instruye en Dolores. Cabe consignar asimismo que el camarista Jimenez también supo integrar la lista Celeste que pretendía representar a Justicia Legítima en la Asociación de Magistrados. Según diversas fuentes, quien impulsó su nombramiento en marzo de 2014 como camarista habría sido Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Por su parte, Jorge Ferro había estado envuelto en un extraño hecho ocurrido en Bahía Blanca, en el cual intervino también Ramos Padilla. En carácter de integrante del Tribunal Oral Federal de esa ciudad, Ferro, junto a los Dres. José Mario Triputti y Martín Bava, este último célebre por haber mantenido abierta en forma desmesurada la causa contra su colega Pedro Hooft, ordenaron la detención de Hugo Mario Sierra, ex Secretario del Juzgado 1 de Bahía durante la época de la dictadura, el 13 de septiembre de 2011. Por dicha detención, Ferro, Triputti y Bava fueron denunciados por haber practicado una supuesta detención ilegal, ya que Sierra, adujeron, había sido detenido en relación a casos por los que ya estaba imputado, y por la falta de competencia del TOF para disponer una detención. Además, el Ministerio Público Fiscal ni siquiera había formulado requerimiento de instrucción contra el ex funcionario. Por tal motivo, se les abrió la causa 150000126/2011, por privación ilegal de la libertad.

El 4 de noviembre de aquel año, la propia Cámara ordenó la libertad de Sierra por carecer su detención de “sustento normativo”. El 10 de octubre de 2014, a instancias del Juez Ad Hoc Álvaro Coleffi, quien estuvo involucrado en un escándalo por la difusión de escuchas en el caso Juan Ignacio Suris, por lo que fue procesado, se resolvió el archivo de la causa. El mismo día que el Consejo de la Magistratura designa a Ramos Padilla como subrogante en Bahía, el 18 de junio de 2015, desestima al mismo tiempo sendas denuncias contra Ferro, Triputti y Bava por la detención ilegal de Hugo Sierra. Finalmente, el 28 de agosto de aquel año, se dicta el sobreseimiento definitivo de los tres jueces.

Quien tomó aquella decisión fue el propio Alejo Ramos Padilla. El Observador