El gobierno español advirtió que el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms afronta una posible multa de casi un millón de euros a pesar de haber salvado la vida de más de 160 personas en su última misión en el Mediterráneo, que terminó con el desembarco de 83 migrantes la pasada madrugada en la isla italiana de Lampedusa por una orden judicial.

"El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco", afirmó hoy la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, al referirse a la sanción de hasta 900.000 euros que pesa sobre el barco, al que España autorizó a zarpar de Barcelona en abril con licencia exclusiva para transportar ayuda humanitaria.

"Nuestro país es un Estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco", insistió Calvo en declaraciones a la radio española Cadena Ser.

"El capitán reconoce cuáles son las condiciones de su buque. Se lo recordó el ministro de Fomento", añadió Calvo.

El emblemático Open Arms, que desde 2015 salvó a casi 60.000 personas que intentaban llegar a las costas de Europa por mar, estuvo retenido desde principios de enero hasta mediados de abril en el puerto de Barcelona por decisión del gobierno español, que puso trabas burocráticas para impedir la actividad del buque, que había desafiado en varias ocasiones la política de puertos cerrados de Italia.

El argumento del Ejecutivo era que el barco no reunía los requisitos para transportar a personas ni realizar largas travesías, algo que iba a ser inevitable ante la negativa de los gobiernos de Italia y Malta a abrir sus puertos.

Finalmente, el Ministerio de Fomento español autorizó la partida del Open Arms pero para una misión de ayuda humanitaria a inmigrantes y refugiados retenidos en Grecia.

Sin embargo, a mediados de junio, mientras el barco realizaba labores de sensibilización en el puerto de Nápoles, en Italia, el fundador de la ONG, Oscar Camps, decidió retomar las actividades de salvamento ante el impacto que le provocó la foto de un padre migrante salvadoreño y su pequeña hija, ahogados en el fronterizo río Grande al intentar cruzar de México a Estados Unidos.

El 1 de agosto, el Open Arms efectuó su primer rescate de un grupo de 55 personas y al día siguiente salvó a otras 69 personas, entre ellos varios bebés y embarazadas. En el último rescate, el 10 de agosto, sumó 39 náufragos más al barco, que llegó a tener 163 personas a bordo.

Tras varias evacuaciones médicas y de los menores a bordo, tras 19 días de angustiante espera, el buque humanitario logró sortear el bloqueo del gobierno italiano, que le impedía desembarcar por medio de una decisión judicial.

La resolución que habilitó el desembarco en Lampedusa vino acompañada de una medida cautelar contra el Open Arms, que permanecerá unas dos semanas incautado en el marco de una investigación por "secuestro de personas", que no está dirigida contra su tripulación sino contra las autoridades italianas.

"El barco se retiene como si hubiésemos participado en un delito", lamentó Camps, quien antes de desembarcar dijo que la ONG estaba dispuesta a "asumir ese costo" para que las personas a bordo sean atendidas.

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— Open Arms (@openarms_fund) August 21, 2019