Esta semana, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó parcialmente la resolución adoptada en julio de este año por el Juzgado Federal n°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, en la causa que se investiga una organización criminal presuntamente liderada por Raúl Martins. Entre otras cosas, el tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex miembro de la SIDE y el embargo por diez millones de pesos. Además, le encomendó a la jueza “librar de manera inmediata la orden de extradición” ya que se encuentra residiendo en México desde hace más de una década.

Los jueces de alzada también confirmaron la ampliación del procesamiento de Mario Oscar Ozán por asociación ilícita, quien ya se encontraba procesado por explotación sexual.

Martins está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos, acusación que se desprende de una presentación conjunta realizada por la Fiscalía Federal N°6, a cargo de Federico Delgado, y la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, en diciembre de 2018.

En ese escrito, los fiscales entrecruzaron y valoraron toda la prueba producida en las distintas investigaciones penales y no penales donde se investiga a esta organización. En función de dichas consideraciones es que, además de pedir la extradición del ex agente de la SIDE para que se le tome indagatoria, solicitaron medidas procesales y patrimoniales respecto de todos los imputados.

En esa línea, respecto de las otras personas ya imputadas en la causa, requirió ampliarles las acusaciones por el delito de asociación ilícita a Leandro Daniel Taboada, a Guillermo Martín Soto y al mencionado Ozán; y además a Virginia Inés Solís y Natalia Beatriz Percival, en orden al delito asociación ilícita y lavado de activos. Asimismo, se había solicitado a la titular del juzgado el llamado a indagatoria de otras 16 personas por formar parte de la asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, imputándose a algunas de ellas el delito de lavado de activos.

Los fiscales entrecruzaron y valoraron toda la prueba producida en distintas investigaciones penales y no penales y en diciembre, además de pedir la extradición del ex agente de la SIDE, solicitaron medidas procesales y patrimoniales.

Respecto del patrimonio de los imputados, los fiscales requirieron el embargo preventivo de bienes inmuebles donde se consumó la explotación y de aquellas propiedades que resultarían ser el provecho económico de la actividad ilegal y, además, que se ordene la inhibición de bienes inmuebles, vehículos y productos financieros y bancarios. El Juzgado Federal Nº1 hizo lugar a este último pedido en su resolución de diciembre de 2018.

La organización criminal

Los representantes del MPF aseguraron en su dictamen que esta organización criminal tiene más de 25 años de existencia y que posee ramificaciones tanto en Argentina como en México. Se llegaron a identificar al menos diez locales nocturnos que tuvieron, en la Ciudad de Buenos Aires, los nombres de fantasía “Hot Area”, “Top Secret”, “Anchorena Swinger Club”, “Brut”, “Oba Oba”, “Sewwt Club”, "Hippopotamus”, “Aproach”, “Extra Brut” –algunos de los cuales mutaron a lo largo de los años- y al menos uno en la provincia de Mendoza y en Cancún, México.

“Existe un grupo de personas que integran la jefatura de la organización -Raúl Martins y miembros de su familia política-, un segundo nivel de mando compuesto por las personas que fueron identificadas como encargadas de varios locales a lo largo del tiempo -'encargados históricos'- y que además desarrollan tareas transversales a todos los locales y que hacen al funcionamiento de esta empresa criminal”, indicaron por entonces los representantes del MPF.

A su vez, destacaron que estos hechos solo pueden llevarse a cabo gracias a la impunidad garantizada por la protección de funcionarios estatales y fuerzas de seguridad estatales y provinciales.

“La presencia de negocios en más de un país -que estarían vinculados no solo por integrar el mismo negocio ilegal sino porque, de acuerdo a la información recogida en esa causa, constituyen lugares de acogimiento de víctimas de trata de personas- sumado a la existencia de activos financieros o cuentas bancarias en otros países que dan una dimensión internacional a esta organización criminal”, agregaron.

La dimensión de esta organización y su carácter transnacional puede extraerse, además de la cantidad de miembros y su permanencia en el tiempo, de las ganancias obtenidas por sus actividades. A este respecto los fiscales se remitieron a una causa que tramita en el fuero laboral, en donde un ex abogado de la organización -a raíz de una demanda presentada por él-, presentó información pormenorizada de las ganancias. Del expediente surge que “Raúl Martins percibía para el año 2006 $10.500 semanales por cada uno de los locales, lo que arroja un total anual para el conjunto de los locales de $4.563.000. Para hacerse una idea de lo que estas cifras significarían en la actualidad se realizó una conversión a dólares americanos a cotización de diciembre de 2006 obteniéndose que para ese entonces la organización recaudaría por año U$S1.512.000. A estos números –siempre conforme lo manifestado por el contador- habría que agregar las ganancias por los locales situados en Cancún que alcanzarían la cifra de U$S150.000 por mes, lo que supone un total anual U$S1.800.000.”

Y continuaron: “Bajo este paradigma podemos entender, por un lado, cómo una organización criminal puede mantenerse en el tiempo aún cuando se hayan modificado parte de sus integrantes, situación que responde a la fungibilidad de los miembros que fundamentalmente se ubican lejos del centro de decisiones; y por otro que su máxima autoridad- Raúl Martins- no aparezca en ningún trámite ni estatuto o documentos de las sociedades. Esta circunstancia, lejos de quitarle responsabilidad en el complejo entramado organizacional, es una clara muestra de que Martins es el verdadero jefe de todo, porque justamente la intención del nombrado es esa: no figurar en ningún documento, ‘ser invisible’ a los ojos de la ley. Y esa invisibilidad es propia de quienes poseen el dominio de una organización criminal”. No obstante, la intencionalidad no estuvo exenta de “errores”, habiéndose encontrado durante la investigación que, previo a despojarse de todos los bienes y sociedades, Martins llegó a figurar como propietario de algunos inmuebles y como integrante del Directorio de algunas sociedades. Sin embargo “a medida que su negocio se expandía y la justicia comenzaba a investigarlo dejar de estar formalmente vinculado a sus locales y empresas”, estimaron los fiscales.

La situación procesal de cada uno de los integrantes

Si Martins tomó la decisión de dejar a aparecer vinculado directamente a sus negocios fue porque gente de su máxima confianza, que además integraba su organización, ocupó ese lugar. En tal sentido el Ministerio Público Fiscal sostuvo que “este modus operandi refleja entonces la intención de Raúl Martins de poner a nombre sus propiedades e integrar las sociedades con personas de su entera confianza, las que, en algunos casos parecen haber variado con el paso de los años conforme se modificaba la familia política de Martins. Así podemos advertir que la confianza que antes depositaba en sus familiares directos, luego la tuvo en sus familiares políticos”.

Un rol trascendental, según la acusación, lo tiene su actual pareja, Estela Noemí Percival, a quien llegó a definir como su “mano derecha”. No sólo por poseer directamente - a través de su participación en sociedades de esta empresa criminal- la titularidad de bienes inmuebles, sino por tener poderes para disponer de todo el patrimonio, a lo que se suma que su nombre aparece en habilitaciones, inspecciones y todo otro tipo de procedimientos de los locales nocturnos que esta organización tuvo. Percival ya fue indagada por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de activos, encontrándose a la fecha pendiente la resolución de su situación procesal.

Para los fiscales, otras personas que integrarían la jefatura son Virgina Solís y Natalia Beatriz Percival, madre y hermana respectivamente de la pareja de Martins. Respecto de ellas la Cámara les dictó, en su resolución de esta semana, la falta de mérito por asociación ilícita y explotación sexual; los representantes del MPF habían pedido en diciembre ampliarles la imputación por lavado de activos, delito por el que, a la fecha, no fueron indagadas.

A estas personas restan agregar otras tantas que pertenecen a los mandos altos y medios de la organización y a quienes el Ministerio Público Fiscal solicitó llamar a indagatoria en su dictamen de diciembre .

Cómo se originó el caso

La denuncia que dio origen a la causa fue radicada en el Ministerio de Seguridad, en marzo de 2013. Allí se daba cuenta de la existencia de un local nocturno sobre la avenida Juan B. Justo, que se acumuló a otra que también tramitaba en el juzgado de Servini desde el 2010 por la que se investigan más de 100 prostíbulos porteños. Finalmente fueron allanados 46 locales, entre los cuales se encuentran cuatro que serían propiedad de Martins.

Por último, a estas pesquisas se le acumuló una denuncia que realizó su hija Lorena en diciembre de 2011 en Protex -por entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase)-. En esa oportunidad, la mujer denunció que su padre lideraba una red internacional de prostíbulos, de los cuales cuatro se encontraban judicializados.