Dos resoluciones al concluir la última sesión anual del Consejo de Derechos Humanos el pasado viernes en Ginebra, con votos parecidos, y proyectos acaso de vecindad compatible, desubicaron a países de otras latitudes que no terminan de entender por qué no se negoció un texto de consenso entre sus promotores. Por un lado, Nicolás Maduro abandonó supuestas reticencias y auspició un proyecto para que la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, abra una oficina en Caracas, y así tal vez aproximar una rendición de cuentas del régimen, que en los últimos dos años habría asesinado “6.000 personas”.

Por otro lado, el Grupo de Lima, con Bolsonaro y Macri a la cabeza, consiguió “una misión internacional independiente de determinación de los hechos”, que investigue “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas”, del 2014 a la fecha. En diciembre próximo Bachelet debe convocar a miembros y observadores de este Consejo para empezar a saber si lo resuelto se cumple.

Las dificultades para discernir esta grieta, se verifica en el resultado de las votaciones, donde el gran vencedor fueron las abstenciones. Venezuela recurrió a Iran y Rusia para escenificar su plan de abrirle inesperadamente las puertas del país a Bachelet, cerradas desde el inicio del periodo más represivo del conflicto hace un lustro. La resolución se impuso por 18 votos positivos, 23 abstenciones y 6 rechazos. La acompañaron Angola, Burkina Faso, Camerún, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Fiji, Irak, México, Nepal, Pakistan, Filipinas, Qatar, Ruanda, Sudáfrica, Túnez y Uruguay.

Por lo cierto, esos votos constituyeron una victoria técnica pero, de seguro, una derrota política en un órgano de 47 miembros, en el cual está ausente Estados Unidos, por haber renunciado el año pasado, donde hacen falta 24 sufragios para pretender un triunfo rotundo. Al Grupo de Lima no le fue mucho mejor. Apoyado por la Unión Europea, Ucrania, Japón y Australia, y precisando ser ajeno a la “injerencia extranjera en el plano militar”, exhortó a Maduro a que “conceda un acceso libre, completo y sin trabas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Al menos recogió 19 votos a favor, 21 abstenciones y 7 en contra (Camerún, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Filipinas y Arabia Saudita). Sacó un voto más a favor, y uno más en contra, que la anterior resolución, aproximando los resultados de los escrutinios.

México y Uruguay, se distinguieron por votar distinto a la mayoría de los otros representantes de América Latina y el Caribe en este Consejo (Argentina, Brasil, Chile y Perú). Quizá para no atizar el enfrentamiento en torno a la grieta, sostuvieron que la Alta Comisionada monte su oficina en Caracas para monitorear la situación y proteger a las víctimas, aunque se abstuvieron en firmarle un cheque en blanco a sus colegas congregados desde Lima, en el diseño de acrecentar la presión sobre Caracas.

En cuanto a Bahamas, el séptimo integrante de dicho grupo regional, se diferenció de los demás absteniéndose en el “Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en las esfera de los derechos humanos en Venezuela”, toda vez que se unió a América Latina (menos Cuba) y a la Unión Europea (más Australia, Islandia, Japón, y Ucrania) en ponerle un mecanismo de control a la “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.