La empresa propietaria de la señal de noticias C5N acumula una deuda de $ 213.444.359 según se desprende del último informe presentado por el síndico Franco Brindisi en el concurso de acreedores de la firma, que se tramita con el número de expediente 27.089/2017 en el juzgado comercial N°5 a cargo del juez Javier J. Cosentino. Se puede acceder a dicho informe por medio del Sistema de Consulta Web del Poder Judicial de la Nación.

De acuerdo con esa contabilidad, Telepiú SA -la razón social de C5N- adeudaba al cierre del informe $ 71.382.977 de impuesto al valor agregado (IVA) y tenía una deuda previsional de $ 122.179.124. Este último monto se desagrega de la siguiente manera: $ 63,8 millones en contribuciones a la seguridad social (a las que están obligados los empleadores); $ 51,4 millones en aportes a la seguridad social (que el empleador retiene a los trabajadores e informa en el recibo de sueldo); $ 3,5 millones en contribuciones a la seguridad social; $ 1,7 millones en aportes a la obra social; $ 1,6 millones en seguros de riesgo de trabajo (ART), y 51.916 pesos del seguro de vida colectivo. Todos estas deudas impactan en la seguridad laboral y previsional actual y futura de los 359 empleados registrados por la firma. 

Pero además, la empresa acumuló en el mismo período otros $ 19.882.258 de deuda de ingresos brutos con siete provincias (Chaco, Chubut, Formosa, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe), con el Enacom (ex Afsca) y con la AFIP por el Sistema de Control de Retenciones (Sicore) de ganancias e IVA, y la retención de la 4ta categoría, entre otros tributos y gravámenes.

Identificada abiertamente con el kirchnerismo, C5N se mantiene como la señal de cable de mayor audiencia desde mayo, por encima de Todo Noticias-TN y el resto de los canales de entretenimiento y deportes. La señal fue fundada en 2007 como Canal 5 Noticias por el periodista Daniel Hadad tras su salida de Canal 9 y vendida en 2012 a la dupla López-De Sousa.

De acuerdo con el artículo 14, inciso 12, de la ley de concursos y quiebras ley 24.522, el síndico debe “emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales”. El informe de julio de 2019 incluye varios anexos: ingresos y egresos de mayo de 2019,  los pagos de cheques a proveedores (donde hay mayormente empresas de servicios y un puñado de periodistas identificados con el kirchnerismo que no tienen relación de dependencia), una planilla con el detalle de las deudas impositivas y previsionales y otra con el de IVA a pagar.

El incumplimiento del pago de las obligaciones impositivas y previsionales es sancionado por la AFIP con multas, clausuras, inhabilitaciones y embargos según lo previsto en la ley 11.683 de procedimiento fiscal. Debido a las informatización de las actividades comerciales y financieras, estas sanciones -como sabe cualquier contribuyente- son cada vez más automáticas y sin distinguir el monto de los incumplimientos.

Salvo en el caso de los medios de comunicación. Durante el kirchnerismo y hasta marzo de 2016, las deudas impositivas y previsionales su pudieron canjear por publicidad oficial gracias al decreto 1145/2009 firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner. La administración de Mauricio Macri, a través del decreto 345/2016, puso como fecha final para esos canjes el 31 de marzo de ese año. Según la Secretaría de Comunicación Pública, hasta esa fecha las deudas acumuladas por los medios deudores ascendía a 8147 millones de pesos de entonces (algunos de esos medios ya habían desaparecido, como el implosionado grupo Szpolski).

En ese canje de 2016, que se presentó como el último, los más beneficiados resultaron los grupos Manzano-Vila con $ 2687 millones; Olmos-Crónica, con $ 1063 millones; e Indalo, entre cuyos medios está C5N (Telepiú), con $633 millones (siempre a valores en pesos sin considerar la inflación).

Telepiú, parte de Oil Combustibles

Telepiú SA, cuyo objeto  social es la prestación y explotación de servicios y licencias de radiodifusión, televisión y sistemas complementarios, pertenece a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, cuya libertad ordenó la Cámara Federal siempre que se depositen los 60 millones de pesos de caución fijados por el juez Claudio Bonadío, a cargo de la causa conocida como de “los cuadernos de la corrupción” -la única que los mantenía en prisión preventiva-. 

El concurso de Telepiú SA se vincula con el de su controlante, Oil Combustibles, empresa energética que operó como holding de lo que públicamente se conoció como grupo Indalo. Tal como se empezó a revelar en septiembre de 2013, Oil Combustibles acumuló una deuda de $ 8000 millones por la retención indebida del impuesto a la transferencia de combustibles con la presunta anuencia del responsable de la AFIP de entonces, Ricardo Echegaray.

En 2016, se conoció públicamente que aquella práctica de financiarse con el no pago de impuestos había sido más extendida y que la deuda de la empresa con el fisco ascendía a $ 8000 millones de ese momento.

La coartada para justificar esa retención indebida era que la empresa estaba inscripta en planes de pagos creados para ayudar a contribuyentes en problemas coyunturales, no como una vía de financiamiento empresario para la expansión de un holding. Por eso hay una causa penal contra Echegaray por administración fraudulenta en perjuicio del Estado con Cristóbal López y Fabián de Sousa como partícipes necesarios. Por esa causa están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires que está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso.

Según detalló el Centro para la Información Judicial (CIJ) en julio pasado, cuando se reanudaron las audiencias, “el objeto del debate oral se circunscribe en el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales- que habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP -actividad en la que habrían intervenido mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-, con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ITC), correspondientes a los períodos fiscales comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015, en favor de la firma Oil Combustibles SA, resultando beneficiarios Carlos Fabián de Sousa y Cristóbal Manuel López”.

Según el CIJ, “en cuanto a la calificación legal, Echegaray fue requerido como coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios, del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública (arts. 174, inc. 5°, en función del art. 173, inc. 7 del CP). Interviene en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal Juan Patricio García Elorrio, y como querellante y actor civil la AFIP”.

Para poder justificar el acceso a esas facilidades, Oil Combustibles figuraba como pequeño contribuyente en la Agencia 11 de Palermo, mientras que las restantes grandes petroleras, similares o incluso menores en tamaño que aquella, estaban en Grandes Contribuyentes Nacionales, sujetas a los controles previstos para grandes empresas.

En junio pasado, Horacio Verbitsky publicó en su blog detalles de una denuncia presentada por De Sousa contra el presidente Macri por asociación ilícita y administración fraudulenta en la que lo acusa de todo tipo de presiones y hostigamientos para que él y López vendan sus empresas. Allí dijo que hubo “una pata mediática” y señaló en ese conjunto la tapa de La Nación del 13 de marzo de 2016.