Fue presentado por la Diputada nacional Sofía Brambilla (del Partido Pro por Corrientes) un proyecto de ley en virtud del cual se pretende garantizar la gratuidad de la cirugía plástica reparadora y su inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Es un proyecto que está dirigido hacía “todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y a los fines de crear nuevas políticas públicas”.

Se establece concretamente que estarán “obligados por esta ley todos los agentes del sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean”.

En cuanto a los requisitos para acceder a este beneficio se deberán acreditar: 1) la necesidad médica de practicarle una cirugía plástica reconstructiva, y que las lesiones en cuestión sean secuelas de haber sufrido un acto de violencia de género y 2) la radicación de una denuncia por violencia de género efectuada por la mujer, ya se ante la policía, el ministerio publico fiscal o un juzgado penal o de familia.

En cuanto a las obligaciones caber remarcar, que las mismas recaerán sobre las autoridades sanitarias, los médicos y enfermeros, hospitales, clínicas y centros de salud.

También deberán informar a la víctima de violencia de género sobre la posibilidad de acceder a la cirugía plástica reconstructiva conforme esta ley y en cuanto a los requisitos exigidos para que pueda acceder a este beneficio y en cuanto a las consecuencias positivas y negativas de realizarse la práctica o bien de no hacerlo.

Proceder a brindarle ayuda para que pueda tomar la mejor decisión de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Se deberá tener en cuenta, que en caso, que la víctima no cuente con los medios necesarios para realizar la cirugía, se le deberá informar sobre los posibles centros de salud a los que podrá recurrir, facilitarle la comunicación con dichos centros de salud y el otorgamiento de la derivación medica si fuera necesario

Entre los fundamentos de este proyecto de ley se tuvo en cuenta “que las mujeres que sufren de violencias se ven expuestas a una situación de vulnerabilidad no solo física o psicológica, sino también económica”. Y por esto, muchas de ellas no pueden acceder a una cirugía plástica que les repare las secuelas que les quedan en el cuerpo luego de haber sufrido uno o varios episodios de violencia.

Por ello, “se hace necesario incluirlas en el PMO, de modo que todas las mujeres víctimas puedan acceder a esta prestación, sin importar su situación económica o la cobertura de salud que posean. De este modo, se les ayuda a reparar las secuelas físicas y, por ejemplo, dejar atrás las marcas del sufrimiento que padecieron”.

Asimismo se ponderó “que en el primer semestre de este año -2019- se registraron 20.528 llamados, un 28% más que en igual período del año 2018. El 60% de esas mujeres tiene entre 19 y 40 años. La violencia doméstica fue el motivo del 83% de las comunicaciones, que hicieron referencias a agresiones físicas y psicológicas por parte de parejas o personas que tuvieron vínculos sentimentales con las víctimas”.

Por su parte la diputada creadora del proyecto de ley, expresó a medios periodísticos colegas “que en el proyecto eliminar la barrera económica es una forma de fomentar la igualdad real de oportunidades y posibilitarles a las mujeres rehacer sus vidas después de haber sufrido de violencia de género”.

A favor del proyecto en cuestión, se manifestaron también, la organización Familiares Atravesados por el Femicidio a través de su representante Marcela Morera asegurando que “hay muchas personas que sufren las secuelas de la violencia física y psicológica”.