El fallo que declaró la inconstitucionalidad del decreto que modifica la actualización de las indemnizaciones de los accidentes laborales, puso al desnudo, la vieja estructura corporativista que coloniza la economía argentina.

La industria del juicio surgida de los letrados laboralistas en los años 50, la complicidad sindical, los problemas de competencia entre el fuero laboral y el civil y la clara manifestación jurisprudencial en favor del trabajador, llevaron a que miles de empresas desaparecieran como consecuencia de esa combinación.

El sistema de las ART vino a tratar de poner fin a ese drama que enfrentaban las empresas frente al entente sindical forense. Para cualquier PYME enfrentar las consecuencias de un accidente laboral era someterse a una casi sentencia de muerte.

Los largos procesos judiciales, financiados por las costas judiciales a cargo de las empresas, los elevados honorarios de los peritos y las cláusulas de actualización de los montos indemnizatorios, sumaban sumas multimillonarias que llevaban a las empresas a una situación de quebranto.

En el mejor de los casos cuando se trataba de una gran empresa, debía previsionar sumas multimillonarias en sus balances, impidiendo con ello, poder reinvertir ganancias genuinas. Este fallo, tal como lo demuestra su contenido, desprecia los efectos financieros que provoca sobre las ART.

La justicia argentina convalida los mecanismos de actualización de las indemnizaciones mediante la aplicación de la tasa más cara del mercado que no representa a ningún criterio asociado al ambiente laboral y sólo responde a criterios de especulación financiera.

Frente a eso, las ART no pueden responder a ningún tipo de previsión porque tienen por ley un menú de inversiones que en ningún caso rinde la rentabilidad que produce la tasa activa. De esta manera, o las ART deberán aumentar aun más sus primas de riesgo a las empresas, para poder compensar este fallo o de lo contrario, el sistema va camino a una fuerte descapitalización y al quebranto.

El corporativismo, liderado por el Poder Judicial -tal como ocurrió con la Corte Suprema en el fallo que favoreció a las provincias-, vuelve a mostrar sus garras y se transforma en la máquina de impedir cualquier inversión o proyecto productivo que permita salir al país del estancamiento y a miles de argentinos poder acceder a un digno puesto de trabajo.

¿Qué empresa va a invertir en la Argentina, sabiendo que le espera una estructura de neto corte corporativo que le impedirá desarrollar normalmente sus negocios?

Esto es inseguridad jurídica plena, sin eufemismos.