Hugo Moyano está dispuesto a poner en marcha el Ministerio de la Venganza. Él mismo anticipó ese proyecto, hace varios meses, y se propuso como titular de la nueva cartera. Y está dispuesto a empezar por el periodismo. Moyano está siendo investigado por la Justicia por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva. Es una de las figuras más impopulares de la política, pero tal vez eso sea lo que menos le importa. Tiene el control del sindicato de camioneros, que puede desabastecer al país en 48 horas.

Moyano no necesita que lo aplaudan; le basta con que le teman. Hasta sus socios sindicales son muy pocos, porque fue el único titular de la CGT que usó ese cargo para fortalecer su propio gremio. El periodismo y los jueces son su eterna obsesión. Anquilosado en un tiempo que ha sido, cree que todos sus problemas se resolverían con una llamada del presidente (electo, en este caso) a jueces y medios periodísticos.

La nueva propuesta de Moyano es, como siempre, sembrar temor. Le aconsejó públicamente a Alberto Fernández que investigara a "algunos periodistas" (no dijo a quiénes) que le hicieron "mucho daño" en los últimos años. El "daño" es haber contado, misión esencial del periodismo, los avatares de sus causas judiciales. En tales expedientes hay arrepentidos y escuchas telefónicas; ambos deben ser todavía convalidados por la Justicia. El periodismo no necesita ser investigado. Basta con el escrutinio diario al que se somete frente a lectores, oyentes y televidentes. Pero Moyano, que tiene en los genes los modos de la más dura derecha peronista (donde nació a la vida pública), creyó siempre que el periodismo es un instrumento de intereses poderosos. Una mera marioneta. No es casual que se haya reconciliado tan fácilmente con Cristina Kirchner, que al fin y al cabo, y aunque con otra biografía política, piensa lo mismo que el líder camionero.

Alberto Fernández no debería dejar pasar esta oportunidad para expresarse sobre esos proyectos que afectan al periodismo. El presidente electo prometió que sería respetuoso del periodismo, sin distinciones, y algo hizo en ese sentido cuando aceptó reportajes en medios repudiados antes por el kirchnerismo. Fernández no puede dejar pasar agresiones tan groseras al periodismo, sobre todo de parte de quienes se dicen sus seguidores.

Es obvio el esfuerzo del presidente electo para despejar el temor de vastos sectores sociales, que se abroquelaron para votar a Macri a pesar de la crisis económica, por el recelo que sentían ante el regreso del kirchnerismo. Esa estrategia explica que el jueves pasado haya decidido ir él mismo a la casa de Roberto Lavagna. Es el presidente electo, pero fue él quien golpeó la puerta de Lavagna. O que en sus declaraciones públicas sea extremadamente mesurado con los promesas sobre la economía. O que haya anunciado que su próximo viaje al exterior será para visitar en Chile al presidente Sebastián Piñera, un político del otro extremo del arco ideológico. Pero tiene un problema. Cuando él da un paso hacia la moderación, sus supuestos seguidores (¿son sus seguidores?) lo hacen retroceder cinco pasos. No solo es Moyano, aunque sus declaraciones hayan sido las más graves. Es también Juan Grabois. La Argentina tiene la "mecha corta", dijo. ¿Es la Argentina la que tiene la mecha corta? ¿O, acaso, es Grabois quien tiene la mecha corta? ¿Qué quiso decir cuando habló de la mecha corta? ¿Acaso que Fernández podría sufrir situaciones parecidas a la de Chile y que el propio Grabois estará entre los manifestantes? La Argentina se diferenció de las muchas protestas violentas que hay en el mundo cuando se rebeló en las urnas y no en la calle. A Grabois no le gusta esa buena excepción argentina.

Pero ¿qué representación institucional tienen Moyano y Grabois para imponerle una agenda a un presidente electo votado por el 48% de los argentinos? ¿De dónde sacan tanta autoridad para imponerle la venganza uno y la reforma agraria el otro? Moyano tiene una auténtica representación sindical, aunque solo la de los camioneros. De hecho, él se fue de la CGT. Ahora se ofende porque la CGT no lo invitó a la reunión con Fernández. Moyano es así. La representación de Grabois es menos explícita y más confusa. Nadie sabe cómo se erigió en líder de un sector de los movimientos sociales. ¿Lo votaron? ¿Llegó a esa cima a los empujones? No hay respuestas.

Alberto Fernández aprovechó su visita a México para ver de lejos los exabruptos de estas personas que dicen estar cerca de él o, al menos, que lo apoyan. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es un buen ejemplo de lo que Fernández quisiera ser en la Argentina. López Obrador tiene fama de progresista en la política mexicana, pero se lleva muy bien con Donald Trump. Ojalá Fernández no imite a López Obrador en la tensa relación (para llamarla de algún modo) con el periodismo mexicano, al que todas las mañanas reprende y reta en sus habituales conferencias de prensa. Es cierto, de todos modos, que México es un injusto olvido histórico del sur de América. Ya Vicente Fox, entonces presidente mexicano, pidió la inclusión como observador de su país en el Mercosur. Nunca le contestaron. Prevaleció la influencia de Brasil y su histórica rivalidad con México.

La Unasur fue una creación intelectual de Brasil para aislar a México de la región latinoamericana. Eso sucedió en tiempos de Lula, no de Bolsonaro. Fueron los países latinoamericanos, sobre todo los más importantes en economía o en prestigio, los que empujaron a México a una relación comercial casi exclusiva con los EE.UU. México siempre detestó esa absoluta dependencia del intercambio con su vecino del norte. Fernández tampoco podrá ignorar a Bolsonaro. El presidente electo dejó de hablar sobre el mandatario brasileño, pero tampoco debería insistir en la situación de Lula. Entre Bolsonaro y Lula hay una guerra política, de la que los argentinos no participan. La prisión de Lula, que es la protesta de Alberto, está en discusión en Brasil. El juez Sergio Moro, que lo metió entre rejas, es ministro de Justicia de Bolsonaro. Ese solo dato vicia la decisión. No obstante, las instituciones brasileñas funcionan. En estos días, la prisión de Lula está siendo tratada por la Corte Suprema, que podría dejarlo en libertad o poner su situación en manos de un tribunal intermedio.

El fin de semana, el presidente electo será anfitrión del Grupo de Puebla, una organización de reciente creación que intenta crear una línea política progresista en América Latina. Supuestamente se creó para equilibrar al Grupo de Lima. Hay una diferencia fundamental. La de Lima es una agrupación de gobiernos que analiza muy críticamente la situación de Venezuela y se propone restablecer la democracia en ese país. El de Puebla es un conjunto de personas. Algunos fueron presidentes; otros, funcionarios, y otros no fueron nada. Entre sus integrantes está, por ejemplo, el chileno José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior. Fue también secretario general de la OEA y es considerado en Santiago un hombre de Estado con una cabeza política brillante. Pero está también el expresidente de Ecuador Rafael Correa, que tiene abiertas varias causas judiciales en su país. Vive en un virtual exilio en Bélgica, porque en Ecuador iría preso. Cuando fue presidente, Correa se ocupó de perseguir al periodismo. Llegó a multar con US$50 millones al principal diario de Quito, lo que significaba una virtual condena a la desaparición. Debió intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvar a ese diario. El Grupo de Puebla no es homogéneo y ese es un problema para Fernández. Entre Insulza y Correa, hay un vasto espacio en el que caben todos o no cabe ninguno (Diario La Nación).