El gasto de la administración pública nacional se contrajo de 24% del PBI en 2015 a 21% en 2019, aunque su estructura organizacional "creció levemente, un 3%" en ese lapso, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

"El gasto público de la administración pública nacional se contrajo: pasó de ser el 24% del PBI en 2015 a representar el 21% del PBI en 2019. Sin embargo, la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional central creció levemente, un 3%, entre 2015 y 2019", sostuvo Cippec sobre su informe "GPS del Estado- Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015–2019".

El informe, elaborado por Gonzalo Diéguez, José María Gasparín, Jimena Rubio y Lucía Aruanno, analiza "la evolución de tres dimensiones importantes de la Administración Pública Nacional (APN) para el período 2015-2019: i) el desempeño de las cuentas públicas ii) los cambios en la estructura organizacional y iii) la profesionalización de la alta dirección pública".

En cuanto al resultado fiscal, el informe menciona que "desde 2015 se frenó la trayectoria creciente del gasto público sobre la economía. El gasto público de la APN alcanzó el 24% del PBI en 2015 y pasó al 21% en 2019. Sin embargo, el déficit fiscal continuó siendo de una magnitud considerable: mientras los ingresos en términos reales disminuyeron a un ritmo promedio del 5%, los gastos lo hicieron al 2%, deteriorando así el resultado fiscal para el período 2015-2018. Aunque en lo que va del 2019 esta dinámica se está revirtiendo, no alcanza para evitar el rojo de las cuentas públicas".

"Las cuentas públicas exponen de manera contundente el desafío de gestionar de manera exitosa la escasez de recursos ante las obligaciones contraídas por el Estado nacional en términos de gasto social y deuda pública. Recomponer las cuentas públicas en un contexto de recesión económica y con precios relativos desordenados – tipo de cambio, tasa de interés y salarios reales – es muy complejo", agrega el trabajo de Cippec.

Sobre la estructura organizacional de la APN central, el informe dice que "sufrió vaivenes importantes entre 2015 y 2019 (...) Durante el primer año de gestión del gobierno que asumió en diciembre de 2015, el andamiaje burocrático administrativo creció en sus distintos niveles: ministerios (de 18 a 23), secretarías (de 69 a 85), subsecretarías (de 165 a 204), direcciones nacionales (de 290 a 398) y direcciones generales (de 127 a 144)".

"Esta tendencia incremental, agrega, se sostuvo en 2017 y llevó a que el gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzara su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se posicionara entre los gabinetes más grandes de América Latina".

"Pese a esta ampliación inicial de la estructura organizacional de la administración central, el gobierno eliminó 10 ministerios en septiembre de 2018 para dar una señal de austeridad fiscal a los organismos internacionales de crédito. Estos ministerios fueron absorbidos como Secretarías de Gobierno dentro de las órbitas de grandes estructuras ministeriales. La cantidad de ministerios pasó así de 18 a fines de 2015, a su pico máximo de 23 a fines de 2016 y finalmente a 13 en el año 2019", prosigue el informe de Cippec.

"De esta manera, entre 2015 y 2017 la estructura organizacional de la APN central creció un 32%, para luego volver a reducirse un 22% entre 2017 y 2019. Esto hizo que muchos ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones de la APN central que se crearon, luego perdieran su jerarquía, se fusionaran o incluso desaparecieran", señala.

"En definitiva, luego de todos estos cambios realizados, la cantidad de cargos de la APN central en 2019 creció un 3% en comparación con fines de 2015. En este periodo, los ministerios, subsecretarías y direcciones generales se redujeron, mientras que las secretarías y direcciones nacionales se incrementaron",

"El país necesita una estructura estatal relativamente estable y coordinada que sea reflejo de una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para un desarrollo sostenible y un espacio directivo profesional con cierta autonomía de la discrecionalidad política", enfatizó Diéguez.

"La buena noticia es que el sector público nacional cuenta con más y mejor información para una transición ordenada de la administración gubernamental", agregó.

El relevamiento también permitió detectar que durante los últimos cuatro años, los funcionarios tuvieron una baja estabilidad, debido a que sólo 24% de los secretarios y subsecretarios y 17% de los funcionarios técnicos (directores nacionales y generales) se mantuvieron en sus rangos.

"La baja permanencia de los funcionarios técnicos muestra que faltaron políticas de profesionalización, como procesos meritocráticos de selección y de trayectoria profesional con cierta independencia de los vaivenes políticos", advirtió Diéguez.