En estas horas, avanza una sucia operación contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusan de haber espiado a dos jueces federales.

Todo empezó a través de una serie de artículos periodísticos publicados por medios kirchneristas como Tiempo Argentino, El Destape y Página/12, que indicaban que desde diversos organismos del Estado se requirió información a la Dirección de Migraciones para revisar las fojas de ingreso y egreso del país de los jueces Ana María Figueroa y Mariano Llorens.

Quien lleva adelante la investigación judicial es el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien pidió recientemente a la cartera de Seguridad que informe si había espiado a estos magistrados.

Antes de responder, el Ministerio a cargo de Bullrich hizo su propia investigación y logró concluir que había incongruencias insalvables, dejando expuesta la opereta.

Por ejemplo, en el caso de la juez Figueroa se trataba de una persona homónima, con un número de documento más alto que el de la magistrada, que estaba vinculada a una investigación realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINIC) bajo los términos de la Ley Nacional de Inteligencia.

En el caso de Llorens, el número de DNI proporcionado por el Juzgado junto al día y horario de ingreso en Migraciones no correspondía al magistrado, sino a un comisario inspector de la Policía Federal Argentina.

En ese contexto, el Ministerio informó que, “por tanto, la operación había sido realizada en el marco de las misiones y funciones de la Dirección de Investigaciones Internas, consistentes en la investigación de los presuntos actos de corrupción o complicidad con el crimen organizado de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, como así también en la revisión de los antecedentes de los oficiales superiores, en forma previa al proceso de ascensos”.

A su vez, se decidió rechazar una versión que indicaba que el director de Investigaciones Internas se había excusado de dar información porque estaba de licencia en la fecha del ingreso: “Jamás se dio semejante argumento ni en el ámbito judicial ni en el administrativo y, además, el Sr. Director no gozaba de licencia el día del hecho, como él mismo lo dijo”.

Hay muchas otras incongruencias, tal cual pudo comprobar Tribuna de Periodistas del análisis de la información y documentación referida a este tema.

Es obvio que no vinieron a cerrar la grieta, sino a vengarse de todos los que les complicaron la vida.